Durante los atentados del 11 de septiembre de 2001, el entonces secretario de Defensa ‎Donald Rumsfeld y su consejero Arthur Cebrowski definieron que el Pentágono tenía ‎que dominar por completo el campo de batalla mundial (Full-spectrum dominance) ‎para mantener la unipolaridad del mundo. Eso es exactamente lo que Estados Unidos ‎está tratando de hacer en este momento. ‎

Hace dos semanas, Washington coronó presidente de Venezuela a Juan Guaidó, un individuo que ‎ni siquiera participó en la última elección presidencial venezolana, y declaró ilegítimo al ‎presidente Nicolas Maduro, constitucionalmente electo, anunciando incluso la posibilidad de ‎apresarlo y enviarlo a Guantánamo. ‎

La semana pasada, Washington anunció la suspensión del Tratado INF, culpando de ello a Rusia, y ‎abrió así una fase todavía más peligrosa de la carrera armamentista nuclear. ‎

Esta semana, Washington dio un nuevo paso. Este 6 de febrero, la OTAN, bajo las órdenes de ‎Estados Unidos, sigue ampliándose con la firma del protocolo de adhesión de Macedonia del ‎Norte como miembro número 30. ‎

No sabemos qué otro paso va a dar Washington la semana próxima, pero sí sabemos en cuál ‎dirección. Se trata de una rápida sucesión de actos de fuerza con los cuales Estados Unidos y las ‎demás potencias de Occidente tratan de mantener el predominio unipolar en un mundo que está ‎haciéndose multipolar. ‎

Esa estrategia –que en vez de ser una síntoma de fuerza es más bien una muestra de debilidad, ‎aunque no por ello menos peligrosa– pisotea las reglas más elementales del derecho ‎internacional. El caso emblemático es la adopción de nuevas sanciones contra Venezuela, con el ‎‎«congelamiento» de bienes por un monto de 7 000 millones de dólares pertenecientes a la ‎compañía petrolera del Estado venezolano, sanciones cuyo objetivo declarado es impedir que ‎Venezuela –país que cuenta con las reservas de petróleo más grandes del mundo– pueda exportar ‎su petróleo. ‎

Además de ser uno de los 7 países que cuentan con reservas de coltán, Venezuela es también un ‎país rico en oro, con reservas estimadas en más 15 000 toneladas, oro que el Estado utiliza para ‎obtener divisas fuertes y comprar medicinas, alimentos y otros productos de primera necesidad. ‎

Es por eso que el Departamento de Estado estadounidense, en coordinación con los ministros de ‎Finanzas y los gobernadores de los Bancos Centrales de los países miembros de la Unión Europea y ‎de Japón, ha realizado una operación secreta de «expropiación internacional», documentada por ‎el diario italiano Il Sole 24 Ore. Estados Unidos secuestró 31 toneladas de lingotes de oro ‎pertenecientes a Venezuela (14 toneladas depositadas en el Banco de Inglaterra más otras ‎‎17 toneladas transferidas a ese mismo banco por el Deutsche Bank, que las había obtenido como ‎garantía de un préstamo ya completamente amortizado por Venezuela en divisas fuertes. ‎Se trata, de hecho, de un verdadero acto de rapiña, al estilo de lo que sucedió en 2011 con el ‎‎«congelamiento» de 150 000 millones de dólares de los fondos soberanos libios –fondos libios ‎cuya mayor parte se consideran hoy «desaparecidos». La diferencia es que el robo del oro de ‎Venezuela ha sido perpetrado en secreto. ‎

Pero el objetivo es el mismo: ahogar en el plano económico al Estado víctima para acelerar su ‎colapso, fomentando la oposición interna y, si no bastara con eso, atacarlo militarmente desde el ‎exterior. ‎

Con el mismo desprecio por las reglas más elementales de conducta en materia de relaciones ‎internacionales, Estados Unidos y sus aliados acusan a Rusia de violar el Tratado INF, sin aportar ‎la menor prueba que lo demuestre, mientras que ignoran las imágenes satelitales presentadas por ‎Moscú. Esas imágenes prueban que Estados Unidos había comenzado a preparar la fabricación de ‎misiles nucleares prohibidos por el Tratado INF 2 años antes de que acusara a Rusia de violar el ‎Tratado. ‎