Cuando el panorama general latinoamericano parecía encaminarse hacia un horizonte de estabilidad política, con mayoría de gobiernos antineoliberales, de los cuales la elección de Lula parece ser la cúspide, el continente vuelve a temblar.
En medio de una crisis interna dentro del propio gobierno peronista argentino, el Poder Judicial aprovechó la oportunidad para imponer una cruda sentencia a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Reacciona tocando un punto clave en América Latina: la colusión entre los medios de comunicación y el Poder Judicial, para proteger a los gobiernos, con el espectro de los militares aún sobrevolando países.
El discurso de Cristina es un hito en la lucha contra el lawfare y los intentos de judicializar la política. Ella no acepta la situación en la que la quieren poner con la condición de ser condenada por corrupción e impedida de ejercer cargos públicos. En sus palabras: “me quieren ver presa o muerta”.
Declaró que no se pondrá bajo el amparo de ningún cargo público, nunca más volverá a postularse para un cargo, luchará con el corazón abierto. Se pone en la posición de quien seguirá siendo perseguida por sus verdugos, que casi lograron matarla y que ahora quieren excluirla de la vida política argentina.
La vida política argentina nunca volverá a ser la misma. De hecho, este es un capítulo más desde el intento de asesinato, el primero de septiembre de este año. Cristina nunca ha dejado de ocupar el centro de la vida política argentina, desde que fue electa presidenta en 2007 y fue reelecta hasta 2015. Ella representa la actualización del peronismo, a través del llamado kirchnerismo, el movimiento popular argentino más importante, fuerte y expresivo desde sus inicios, hace casi ochenta años.
Cristina responde poniendo en jaque a la justicia argentina. Toca el punto más agudo de la transición democrática que vive América Latina: el intento de tutela que el Poder Judicial, aliado con los medios de comunicación, intenta imponer a la democracia latinoamericana.
La vida política argentina no volverá a ser la misma desde el discurso de Cristina. Todos tienen que posicionarse en relación al desafío que ella acepta y las acusaciones que hace contra la coalición mediático-legal, a la que llama Partido Judicial. El propio proceso de redemocratización está en jaque. O se deshace de esta tutela, o fracasará.
El autogolpe en Perú es un episodio más del largo proceso de ruptura institucional que vive el país desde la década de 1990. Tuvo como exponente a Alberto Fujimori, quien asumió abiertamente un gobierno autoritario, que duró toda la década de 1990 y combinó este tipo de gobierno con el mismo modelo neoliberal de Vargas Llosa. Fujimori combatió, no menos violentamente, a la oposición de la guerrilla Sendero Luminoso.
La acción simultánea de Fujimori y Sendero destruyó radicalmente el sistema político peruano. A fines de esa década, el Congreso impuso un parlamentarismo que le permitió, mediante procedimientos ágiles, derrocar presidentes.
Hubo cinco presidentes derrocados por juicios políticos, incluido el expresidente Alan García quien, acusado de corrupción, se suicidó para evitar su arresto. La hija de Fujimori se postuló sucesivamente en las elecciones posteriores al fin del gobierno de su padre.
Esta sucesión de gobiernos derrocados hizo que en las elecciones de 2021, un maestro y líder popular de un remoto pueblo de la provincia peruana, Pedro Castillo, lograra derrotar por muy poca diferencia a la hija de Fujimori, Keiko Fujimori, quien concentró sus votos en Lima, mientras que Castillo en las provincias.
Sin partido político ni fuerzas de apoyo consistentes, Castillo hizo un gobierno errático, de izquierda a derecha, cambiando repetidamente de posición y composición del gobierno. Fruto de esa trayectoria errática, Castillo terminó aislado en el Congreso.
Aún con el continuo crecimiento económico del país, Castillo no logró transformarse en el líder autoritario que sectores de la opinión pública, especialmente en Lima, comenzaron a pedir, para reponer el “orden” en el país.
El último acto del gobierno de Castillo lo convirtió en otro presidente depuesto. Esta vez, tras intentar un autogolpe para cerrar el Congreso e instalar un régimen de excepción.
Tras darse a la fuga y finalmente tener que entregarse, fue detenido. Su vicepresidenta, Dina Boluarte, de inmediato asumió como una presidenta más sin lazos sociales sólidos, sin un proyecto de gobierno consecuente.
Perú aún no se ha recuperado de su destrucción en la década de 1990. No será con la toma de posesión de una nueva presidencia, que esa destrucción será superada.
“¿Cuándo se jodió Perú?”, comentan dos amigos charlando en un café, en el gran libro de Vargas Llosa, Conversación en la Catedral, como quien da por hecho que el país está jodido. ¿Cuándo superará el Perú lo que pareciera ser su destino?
Emir Sader
Emir Sader: Sociólogo y científico político brasileño, es coordinador del Laboratorio de Políticas Públicas de la Universidad Estadual de Rio de Janeiro (UERJ).
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