El 40 por ciento de la tierra latinoamericana aún está en manos de pueblos originarios, negros y campesinos. Sobre ellos está avanzando el extractivismo. Arrebatarle la tierra a los pueblos es como arrebatarles la vida, por eso la defienden con esa contundencia. Jujuy es un ejemplo brutal.
Ahora es Jujuy, pero ayer fue Perú y Chile y Brasil. Y mañana cualquier sitio donde la acumulación de capital por despojo de los pueblos y la tierra sea el modo principal como operan las multinacionales. Un modo en el que sólo cuentan las riquezas del subsuelo, mientras los seres humanos y no humanos somos apenas un obstáculo para el enriquecimiento del capital financiero.
En Brasil, Lula no puede cumplir con su promesa de campaña de avanzar en la delimitación de las tierras indígenas, a lo que todo gobierno está obligado por la Constitución de 1988, pero que ninguno, ni los de derecha ni los de izquierda, ha cumplido a cabalidad.
En Perú, la reaccionaria Dina Boluarte lanzó a las fuerzas armadas y policiales contra los pueblos andinos para garantizar la libertad de las empresas mineras de llevarse las riquezas y dejar apenas destrucción ambiental y social. Los más de cincuenta muertos por disparos de bala, no inmutaron ni al gobierno ni a los organismos internacionales que cuando les interesa cacarean por los derechos humanos.
En Chile el presidente supuestamente progresista, Gabriel Boric, militarizó Wall Mapu (territorio mapuche) con mayor despliegue militar que los gobiernos anteriores, para defender las tierras usurpadas por las empresas forestales a las comunidades indígenas y campesinas. Con la misma mano que militariza territorios mapuche, perdona a Carabineros por los más de 400 ojos estallados durante la revuelta de 2019, con el resultado de que la institución estatal con el que mayor apoyo popular en el país.
Ni qué hablar de Chiapas (México), donde bajo el gobierno progresista de López Obrador se produjeron 110 ataques armados contra las comunidades que pertenecen a la región zapatista de Moisés y Gandhi, del Caracol 10, dentro del municipio oficial de Ocosingo. Grupos paramilitares que cuentan con el apoyo del oficialismo a través del gobierno estatal de Chiapas.
En Jujuy se trata de la extracción del litio, para lo que el gobierno provincial necesita vulnerar a los pueblos indígenas y a sus más de 400 comunidades que se oponen a ser invisibilizadas por la nueva Constitución provincial. Que el gobernador Gerardo Morales sea genocida y ecocida, dispuesto a eliminar a quien sea para cumplir su hambre de poder, no debe ocultarnos varios hechos importantes.
El primero es que puede llegar a ser el próximo vicepresidente de la Argentina, por obra y gracia de unas clases medias que consideran a los indios como personas de segunda, o sea que no los consideran seres humanos como ellas.
La segunda es que Morales forma parte del sistema político que sólo se preocupa por administrar el modelo y, en este sentido, no es muy diferente a los demás políticos, de ambos lados de la grieta. El gobierno nacional no quiere, aunque puede, intervenir Jujuy y poner fin a la represión, porque de hecho y mucho más allá de sus declaraciones, ya militarizó buena parte de los emprendimientos extractivos, empezando por Vaca Muerta.
Lo demás, son declaraciones para arañar algunos votos. Quien quiera creer que existen diferencias de fondo entre macristas y kirchneristas, debería preguntarse por qué ninguno tiene la menor intención de poner fin al extractivismo, a la minería y a los monocultivos, a la extracción de oro y litio, a la soja y las fumigaciones.
La única disputa seria entre ambos sectores gira en torno a cómo enfrentar a los sectores populares: unos le apuestan a la domesticación con planes y a una buena dosis de represión; mientras, los otros le apuestan a mayor represión y a una buena dosis de planes. Como puede verse, es apenas una cuestión de proporciones, porque ambos lados de la grieta le apuestan a la represión y a los planes, simultáneamente.
No hay otra que resistir. A unos y a otros. Con el tiempo los pueblos van descubriendo que son apenas dos caras de una misma moneda. La del extractivismo, que no puede existir sin militarización de los territorios, de contaminar la tierra y de aniquilar a los pueblos.
El modelo no tiene límites. Los informes anuales del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica, en los que colabora el Grupo de Estudios Rurales de la UBA, aseguran que alrededor del 40 por ciento de la tierra latinoamericana aún está en manos de pueblos originarios y negros, y de campesinos, o son zonas naturales de conservación, inalienables según la legislación.
Sobre esos territorios está avanzando el extractivismo, en toda la región. Arrebatarle la tierra a los pueblos es tanto como arrebatarles la vida, por eso la defienden con semejante contundencia. No pueden negociarla. No lo harán.
Sólo cabe recordarle al sistema político argentino que está jugando con fuego. La amenaza de extinguir las comunidades mayas fue lo que las llevó a organizarse en el EZLN y decidir el levantamiento armado. En el sur de Chile y en el sur de Colombia sucede algo similar, como en la Amazonia brasileña. No quieren la guerra, pero no le temen si su existencia como pueblos está en juego.
Mañana, no digan que no sabían.
Raúl Zibechi
Raúl Zibechi: Periodista e investigador uruguayo, especialista en movimientos sociales, escribe para Brecha de Uruguay, Gara del País Vasco y La Jornada de México.
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