La Confederación General del Trabajo (CGT), principal central obrera de Argentina, y otros 70 sindicatos, realizaron ayer un paro general de 24 horas, el quinto contra las políticas del presidente Mauricio Macri en menos de cuatro años de gobierno.
Debido a la adhesión de los sindicatos de transportistas y camioneros, la jornada de protestas conllevó una parálisis completa de las actividades: suspensión de vuelos, trenes, autobuses y el Metro de Buenos Aires, así como cierre de bancos, escuelas, tribunales, comercios y la reducción al mínimo de la atención hospitalaria.
La contundente participación gremial y social en el paro responde a la catastrófica situación económica por la que atraviesan los hogares argentinos por las medidas de choque adoptadas por Macri: tarifazos en energía eléctrica, gas doméstico y gasolinas; despidos masivos en los sectores público y privado; cierre masivo de empresas de todos los tamaños y, como resultado de todo ello, una precarización galopante que ya tiene a 40 por ciento de los argentinos por debajo de la pobreza o la miseria, además de una severa devaluación de su moneda y una inflación de 56 por ciento. Para colmo, ante la debacle causada por sus propias políticas, el macrismo ha recurrido a un endeudamiento que no sólo pone en entredicho la viabilidad financiera del Estado, sino que debilita severamente la soberanía de la nación y lo devuelve a los tiempos oscuros en que se encontró bajo los dictados del Fondo Monetario Internacional y otras instancias injerencistas.
La respuesta del mandatario a la manifestación de hartazgo social fue sintomática de los reflejos de un gobierno identificado con la dictadura militar que se apoderó del país entre 1976 y 1983. Lejos de dirigirse a los ciudadanos o anunciar una rectificación urgente del rumbo, el empresario realizó una visita a la sede de las fuerzas armadas, en lo que se interpretó como una poco velada amenaza de echar mano de la represión para sostener un proyecto que se encuentra inocultablemente desfondado. Allí Mauricio Macri se hizo acompañar por el fiscal Carlos Stornelli, un aliado cercano que ha sido clave en la estrategia del gobierno de derecha para deshacerse de opositores políticos mediante la fabricación de procesos judiciales. Stornelli se encuentra en desacato a la justicia y se ha negado a comparecer en la causa que se le sigue por su involucramiento en una red de extorsión, espionaje ilegal y uso del poder para la persecución política, por lo que la exhibición de cercanía con el mandatario transmite un mensaje de impunidad para los fiscales y jueces que han sido cómplices de la cacería la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, de integrantes de su familia y de varios de sus simpatizantes.
Más allá de esta peligrosa tendencia autoritaria, la bancarrota que vive Argentina constituye la más clara demostración de la inviabilidad del modelo económico neoliberal que llevó la nación austral a la mayor crisis de su historia a principios de este siglo y cuyos saldos fueron enmendados con grandes dificultades entre 2003 y 2015.
En vista del altísimo costo social que tienen los intentos de perpetuar o reditar el neoliberalismo, cabe esperar que en el mediano plazo las derechas neoliberales de Sudamérica pierdan toda posibilidad electoral y que el espacio político ocupado por los adalides de la libertad de mercado en la región sea recuperado por grupos y proyectos que retomen lo mucho positivo y enmienden los yerros de los gobiernos progresistas que estuvieron en el poder hasta hace unos años.
La Jornada
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