No se conocen los candidatos de las coaliciones o propuestas políticas que disputan el gobierno en la Argentina, pero si sus propuestas relativas a la economía local.
En la jerga habitual de la oposición, libertarios o macristas sostienen un plan de estabilización macroeconómica, que supone aumento de tarifas (luz, gas, agua, transporte, combustible, etc.), el tipo de cambio oficial, achicando la brecha con los paralelos bursátiles o financieros, y disminución del gasto público, especialmente el social (mientras sube el gasto en intereses de la deuda). El matiz entre ellos es la profundidad de la estabilización o ajuste fiscal, tanto como la rapidez de su ejecución.
Mientras, en el oficialismo se reniega discursivamente de esa dinámica, aun cuando el acuerdo con el FMI, desde marzo 2022, sustenta la suba de tarifas, la actualización del tipo de cambio al ritmo inflacionario y la reducción del déficit fiscal. Esto último no se negocia en la flexibilización que se discute en estas horas en Washington. En una palabra, el objetivo es similar y nuevamente, la discusión es la profundidad y el ritmo de aplicación del ajuste o estabilización macroeconómica.
Ese marco condiciona la política luego de las elecciones de agosto, octubre o noviembre, augurando un horizonte de ajuste perpetuo con costos sociales de empobrecimiento creciente de la población menos favorecida en la distribución del ingreso. Como siempre decimos, salvo que la población afectada confronte con ese propósito, lo que augura conflictividad creciente e inestabilidad política.
El ajuste en los datos
Si existen dudas sobre lo que señalamos, basta consultar los datos de distribución regresiva del ingreso. Una información de un equipo de investigadores de Rosario (MATE, MIRADOR DE LA ACTUALIDAD DEL TRABAJO Y LA ECONOMÍA) señala que:
“En los primeros 40 meses de mandato los trabajadores acumulan una pérdida individual promedio equivalente a $184.000. En la misma cantidad de meses, con Cambiemos cada trabajador ya había perdido 1,3 millones”.
Al mismo tiempo destacan que:
“El salario promedio actual está entre $80.000 y $90.000 por debajo del de 2015. Desde entonces, cada trabajador, por la pérdida acumulada en todos los meses transcurridos, perdió casi 5 millones de pesos. ¿Qué dejó de comprar cada familia con ese ingreso perdido?
Resulta elocuente quiénes perdieron la batalla por la distribución del ingreso de una economía que creció luego de la caída del 2020.
En efecto, la economía argentina creció en 2021 y 2002 y crecerá, aun con la actual tendencia decreciente en 2023.
Si el ingreso de trabajadores y trabajadoras descendió, está claro que el ingreso empresarial aumentó, algo que da cuenta el INDEC cuando explicita la distribución funcional del ingreso, sea en ganancias o en salario.
El ajuste es la “norma” de la economía contemporánea y lo que se discute es la profundidad del ajuste o de la estabilización macroeconómica y en todo caso, el nivel de descontento y resistencia social que genere.
Cambiar los objetivos de política económica
Por eso el horizonte previsible es de mayor deterioro de los indicadores económico sociales, caída de los ingresos populares y el gasto público social, salvo que en la sociedad de despliegue una disputa por otro sentido relativo a la política económica, algo que de forma fragmentada se sostiene desde la izquierda.
La unidad de la izquierda que disputa electoralmente con una amplia izquierda social y cultural que actúa en el movimiento popular es una asignatura pendiente que trasciende la disputa electoral del presente.
Existe una dinámica social de organización y lucha que sustenta un programa económico que privilegia la satisfacción de necesidades y derechos de la población trabajadora, ocupadas/os, precarias/os, desocupadas/os, jubiladas/os, que no termina de constituirse en proyecto político alternativo al ajuste que sustentan las propuestas mayoritarias que hoy disputan el consenso electoral.
Articular esa demanda de colectivos fragmentados con un proyecto político aparece como desafío de nuestro tiempo.
Julio C.Gambina
Julio C. Gambina: Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP.
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