on 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó ayer la Ley de Regulación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que ahora pasa al Senado para su discusión. La iniciativa, enviada al Congreso por el presidente Alberto Fernández, legaliza el aborto libre hasta la semana 14 de gestación, establece la gratuidad del procedimiento, hace responsable al personal de salud de garantizar trato digno, privacidad, confidencialidad, autonomía de la voluntad, acceso a la información, y calidad en los servicios médicos prestados a las mujeres que lo soliciten, además de hacer obligatoria para todos los niveles de gobierno la implementación de la educación sexual integral.
La reforma autoriza a los galenos a invocar la objeción de conciencia para negarse a practicar un aborto, pero quienes lo hagan deberán canalizar a las pacientes con un facultativo que no presente dichas objeciones. Cabe destacar que la ley fija un plazo máximo de 10 días entre la solicitud del procedimiento y su realización, lo cual cierra la puerta a los abusos cometidos por médicos, jueces y funcionarios que retrasan de manera indebida el acceso de las mujeres a la interrupción del embarazo, incluso cuando entran en los supuestos previstos por la norma vigente (en caso de que se encuentre en riesgo la vida de la mujer o si ésta fue víctima de violación).
Aunque cuenta con el respaldo del gobierno federal, el logro de la medida legislativa debe adjudicarse a los millones de mujeres argentinas que se han manifestado de manera incansable en las calles para que el Estado reconozca y proteja su derecho a decidir sobre sus cuerpos. En efecto, los años recientes han visto a esta nación austral convertirse enuno de los más potentes centros de irradiación del despertar de las conciencias femeninas ante la asfixiante situación de violencia –física, sicológica, económica, simbólica y sexual– que padecen en sus vidas cotidianas, y del consiguiente hartazgo con el orden legal y las convenciones sociales que normalizan e incluso glorifican esa violencia.
No está de más recordar que la prohibición del aborto no impide que éste se practique, pero sí crea una amenaza para la salud y las vidas de las mujeres, al empujarlas a interrumpir sus embarazos en la clandestinidad, donde difícilmente pueden garantizarse las mínimas condiciones de salubridad y dignidad en el trato. Las cifras son contundentes: cada año se llevan a cabo alrededor de 350 mil abortos ilegales en Argentina, 50 mil de ellos derivan en diversas complicaciones, y decenas de mujeres mueren a consecuencia de ellas. Para colmo, la penalización discrimina por partida doble a las mujeres de escasos recursos, quienes se encuentran marginadas de los servicios hospitalarios y corren un riesgo mucho mayor de lesiones o muerte.
No queda sino saludar a las mujeres de Argentina por el histórico avance en el camino para hacer de su nación la tercera de América Latina –tras Cuba y Uruguay– en garantizar sus derechos sexuales y reproductivos. El resto de las sociedades de la región deben ponerse al día en una materia tan elemental, de la que es forzoso erradicar para siempre las consideraciones ideológicas y moralinas, sin importar que éstas aún prevalezcan entre sectores numéricamente mayoritarios.
La Jornada
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