¿Qué se esconde detrás de la negativa a informar sobre lo negociado en el TLCAN?

Los negociadores, sobre todo los mexicanos, le ocultan al pueblo lo que se negocia e incluso lo que realmente ya acordaron en los textos (incluyendo la letra chiquita, donde normalmente se oculta el diablo), y para ello usan varias justificaciones mentirosas que rebelan su conducta antidemocrática, opaca o falta de transparencia, e incluso la intensión de ocultar sus fallas y evitar tanto la verdadera rendición de cuentas, como el análisis y critica de una Política Pública.

El discurso oficial maneja las falacias de que los textos con las propuestas o contrapropuestas que se negocian en el TLCAN o en otros TLC, o que ya se acordaron, no es correcto difundirlos o darlos a conocer al público, porque o no están acabados, pueden ofrecer ventajas inconvenientes de que a los equipos de las otras partes que negocian conozcan la estrategia de nuestra negociación, o incluso por la falta su limpieza jurídica y su traducción oficial, pues se negocia en inglés…

Estas justificaciones mentirosas quedan al desnudo cuando sabemos que los grandes empresarios y sus “expertos”, miembros del famoso “Cuarto Adjunto”, conocen los borradores y los textos y  tienen el derecho de opinar en defensa de sus intereses corporativos, que no necesariamente son los del país y su soberanía. Mientras a la mayoría se nos niega el derecho de opinar y defender los intereses de todos.

El llamado Acuerdo Preliminar en Principio alcanzado entre los negociadores de EEUU y México, es presentado por la retórica oficial como un gran avance y nos ofrecen generalidades sobre algunos sectores que buscan que les creamos a ojos cerrados (sin texto alguno). Sin embargo, en esta era de avance digital y presión social sobre los gobiernos, los mexicanos terminamos siendo informados por fuentes oficiales de EEUU, por analistas externos con convicción social publica y medios de comunicación más profesionales o poderosos, frecuentemente con fuertes vínculos con su gobierno.

En este contexto, compartimos tres documentos que nos descubren que se esconde detrás de la negativa a informar puntualmente sobre los acordado, o lo posiblemente acordado en el Acuerdo Preliminar en Principio.

El primer documento, se trata del boletín oficial de los EEUU donde se señalan los siete logros clave para los EEUU que se alcanzaron en materia agrícola. Y en lo que ellos llaman logros clave para sus intereses, destaca lo que los negociadores mexicanos califican de avance en la transparencia sobre Medidas Sanitarias y no obstáculos técnicos al comercio agropecuario. Se trata, entre otros, del retroceso aceptado por los “expertos” mexicanos de que nuestro país, abdique al derecho soberano, constitucional y legal de proteger a nuestros campesinos, a nuestro biodiversidad, bio–culturalidad y a nuestra salud, aceptando sin chistar la inundación o alud de productos transgénicos y similares en nuestro mercado y naturaleza.

Otro documento de análisis, trata de las consecuencias sociales, económicas y de salud de aceptar la demanda de los monopolios farmacéuticos del país vecino de a) alargar la cantidad de años de protección de patentes de medicamentos, impidiendo que se conviertan en medicamentos genéricos de amplio uso por el sector salud. b) de aceptar el subterfugio proteccionista monopólico de la Exclusividad Biológica, para darle la vuelta a las reglas de patentabilidad y alargar su control, con el consiguiente impacto sobre la política pública soberana de nuestro país.

Finalmente, el tercer documento es un amplio análisis original sobre el tema de seguridad o inseguridad en el manejo de datos personales mediante la firma y transmisión electrónica en las operaciones comerciales que se ocultan en los TLCs. Un gran tema poco ventilado de alto impacto social y político, donde los intereses corporativos se anteponen al derecho público de regulación estatal.

Estos documentos son sólo una muestra más de la necesidad de que continuemos exigiendo a los gobiernos el acceso público a información que pone en riesgo los intereses legítimos del país.

Alejandro Villamar

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