Pese a los tintes de legitimidad con el que intenta teñirse el gobierno de facto que emergió después del golpe de Estado, Bolivia vive hoy en medio de la persecución política y la falta de garantías.
Basta escuchar el discurso del actual ministro de Gobierno, Arturo Murillo, para comprobar que tras la asonada golpista del 10 de noviembre contra el presidente constitucional Evo Morales esta nación se retrotrajo a los peores años de las dictaduras latinoamericanas.
Lo primero que dijo Murillo tras asumir el cargo fue que desataría la ‘cacería’ de Juan Ramón Quintana, exministro de la Presidencia de Morales. Lo culpa de sedición y terrorismo.
Curiosamente, es lo mismo que menciona ahora al referirse al grupo solidario procedente de Argentina que vino a documentar los hechos de represión contra las movilizaciones populares y las denuncias sobre violaciones de los derechos humanos reportadas en el país luego del golpe.
‘Recomendamos a aquellos extranjeros, que están llegando hechos a las mansas palomitas a tratar de incendiar el país: anden con cuidado, los estamos mirando’, advirtió la víspera.
Pero fue un poco más lejos en sus amenazas cuando enfatizó que ‘en el primer paso en falso que den tratando de hacer terrorismo, sedición se van a ver con los policías (…) Cero tolerancia, y luego después no digan que se está abusando (…)’.
La comitiva argentina la integran abogados, exjueces y voluntarios, y la encabeza el dirigente social Juan Grabois.
También la expresidenta del Senado Adriana Salvatierra aseguró ayer que siguen las detenciones arbitrarias de los que se oponen a la afrenta antidemocrática consumada hace casi tres semanas.
En ese sentido, demandó garantías para que Morales pueda acompañar la campaña electoral que se avecina y en la cual el Movimiento Al Socialismo (MAS), partido que dirigió los destinos de la nación en los últimos 13 años, tendrá que enfrentar un escenario adverso.
Contra Evo, asilado en México, el gobierno de la autoproclamada Jeanine Áñez lanzó acusaciones por al menos 10 delitos, entre ellos terrorismo, y una notificación azul de Interpol, que pretende abrir la puerta legal para recopilar información sobre el líder indígena en el marco de la denunciada persecución judicial.
La senadora del MAS expresó que a esta ausencia de garantías se suma la falta de procesos penales contra los que provocaron la muerte de más de 30 personas en el contexto de violencia y represión generado aquí.
Mientras, se van despejando las ambiciones de poder. El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho ?uno de los principales promotores del golpe de Estado que derrocó a Morales-, presentó la víspera su carta de renuncia al cargo para comenzar su carrera electoral.
‘Presidir esta institución es un sueño de toda la vida (…); pero la tengo que abandonar por otro sueño, otro anhelo más fuerte, ser presidente de la República de Bolivia’, confesó en su misiva.
Incluso, reveló que durante el paro cívico que dirigió contra Morales ‘era necesario’ decir que no iba a ser candidato para sumar apoyo, o sea, mintió.
Fuentes ligadas a Camacho señalan que en las siguientes horas se espera la llegada a Santa Cruz del presidente del Comité Cívico de Potosí, Marco Pumari, que apunta a ser su compañero de fórmula en el binomio presidencial.
Desde la salida forzada de Morales a raíz de una ola de violencia opositora, sumado al motín policial y la exhortación de las Fuerzas Armadas a la dimisión del jefe de Estado, Bolivia se sumió en una crisis institucional y política que dista aún de esa ‘etapa final de la pacificación’, anunciada por Áñez.
Prensa Latina
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