Desde que fue impuesto por medio de un golpe de Estado, resultó claro que una de las tareas prioritarias del nuevo régimen boliviano, formalmente encabezado por Jeanine Áñez, sería el desmantelamiento de las alianzas establecidas por el depuesto presidente Evo Morales.
La supeditación de Bolivia a la política exterior de Estados Unidos para América Latina y la dislocación de los organismos regionales establecidos o consolidados durante el ciclo de gobiernos progresistas sudamericanos, particularmente la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) y, por supuesto, la Alianza Bolivariana para América (ALBA).
Paradójicamente, el primer país con el que el régimen golpista entró en conflicto fue el nuestro, que no forma parte de ninguna de las instancias señaladas, debido a la decisión soberana de México de ofrecer y otorgar asilo político a Morales, a su vicepresidente, Álvaro García Linera, y a otros funcionarios del gobierno derrocado. Desde el momento en que el mandatario depuesto llegó a México, las autoridades de facto de La Paz se empeñaron en exigir al gobierno mexicano que redujera al silencio a Evo Morales y que lo sometiera a un régimen de vigilancia y censura, invocando para ello el viejo tratado sobre refugio político de Montevideo (1939), que nunca fue firmado por nuestro país ni ratificado por Bolivia. Ese reclamo, contrario a la legalidad vigente y aplicable, a la Constitución nacional y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, fue reiterado en tonos agresivos por diversos funcionarios y partidarios del golpismo hasta que Morales abandonó el territorio nacional para establecerse en Argentina.
El motivo del conflicto bilateral permane-ce, sin embargo, dado que el régimen boliviano se ha negado en repetidas ocasiones a otorgar los salvoconductos correspondientes a varios ex funcionarios y militantes del Movimiento al Socialismo (MAS) que permanecen en la embajada mexicana en La Paz desde la consumación del golpe de Estado y a quienes México reconoce como asilados. El golpismo gobernante desconoce, así, el principio básico del asilo, según el cual la decisión de otorgarlo corresponde exclusivamente a la nación que lo brinda, independientemente de los reclamos del país de origen del beneficiado por esa medi-da humanitaria.
La situación en la representación diplomática y en su residencia se ha agravado debido al virtual cerco policial implantado a su alrededor por el régimen, así como al acoso y la intimidación a nuestro personal diplomático, acciones que constituyen un gesto inequívoco de hostilidad, además de peligrosos y contrarios a la Convención de Viena que rige el estatuto de las embajadas y recintos diplomáticos. Ante esa preocupante circunstancia, la Secretaría de Relaciones Exteriores presentó una reclamación ante la Organización de Estados Americanos.
El acoso referido lleva a evocar episodios como el agobiante cerco militar a la embajada mexicana en Santiago de Chile tras el golpe militar de 1973, o los más de tres años que el ex presidente argentino Héctor José Cámpora permaneció en nuestra representación en Buenos Aires ante la negativa a permitir su salida como asilado por parte de los mandos castrenses que se hicieron del poder en Argentina mediante un cuartelazo perpetrado en marzo de 1976.
Cabe esperar que la comunidad internacional haga ver a los gobernantes bolivianos lo impresentable, ilegal y peligroso de su actitud y que éstos depongan a la brevedad su injustificada hostilidad hacia México.
La Jornada
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