El Gobierno boliviano manifestó en la semana que concluye hoy un rechazo al unilateral informe antinarcóticos de Estados Unidos, que descalifica sus esfuerzos en la lucha contra las drogas y por la erradicación de los cultivos excedentarios.
De contradictorio, unilateral y descontextualizado calificó el ministro de Gobierno, Carlos Romero, el reporte Estrategia Internacional de Control de Narcóticos, elaborado por Washington sobre la base en estudios de instituciones privadas.
Romero declaró que llama la atención que en el informe se ubica a Bolivia como el tercer país productor de la coca -la hoja-, lo cual es cierto desde el punto de vista del cultivo, por detrás de Colombia y Perú, indicó, pero lo ‘dice el primer país consumidor de cocaína en el mundo’, arguyó.
El titular cuestionó el hecho de que el informe descontextualiza la política del Estado boliviano que estableció por la nueva Ley 906 una cantidad fija de 22 mil hectáreas del arbusto, cuyo control lo ejercen las respectivas instituciones gubernamentales, organizaciones sociales, con la supervisión además de organismos internacionales, remarcó.
La fuente estadounidense no hace referencia a la sensible reducción lograda, desde 2009, de la superficie de cultivos de 20 a 10 por ciento, en territorio boliviano, respecto a las extensiones en la región andina, dato que si fue reconocido en la reciente sesión de la Comisión de Estupefacientes de la ONU, celebrada en marzo último, en Viena, Austria.
Contrastó el ministro que si bien Estados Unidos reconoce un incremento de 187 por ciento del potencial de producción de cocaína en Colombia, y de Perú en 108, no manifiesta elogios a los resultados de Bolivia.
Recordó el funcionario que precisamente la Casa Blanca ‘dirige en esas dos naciones la lucha contra el narcotráfico con apoyo militar y económico’, mientras se observa un aumento de los cultivos y de la producción de cocaína.
El presidente Evo Morales expulsó del país a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos en 2008, y desde entonces declaró ‘la nacionalización’ de la política por la erradicación del narcotráfico y los cultivos ilícitos excedentarios con soberanía, recursos propios y en apego a las tradiciones ancestrales en el uso de la hoja de coca y a los derechos humanos.
De acuerdo con Romero, de toda la cocaína que ingresa a Estados Unidos solo un 1,0 por ciento tiene su origen en Bolivia.
Para el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, el citado informe tiene ‘un tinte político e ideológico’ respecto al Estado Plurinacional.
Opinó sin ambages que las cifras de Washington ‘no reflejan la realidad de lo que sucede en el país en esta materia. ‘Creo que se emiten criterios a priori sin conocer la realidad’, aseveró.
Con el auspicio del Ministerio de Defensa, el Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas y la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas, se procedió a la construcción esta semana del primer cuartel móvil en la zona de los Yungas, departamento de La Paz, como base logística de las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC).
Según Romero, el campamento hará más dinámico el movimiento del Comando Estratégico Operacional y de las FTC en la destrucción de los cultivos excedentarios en esa región, a fin de evitar la expansión de cocales (plantaciones) ilícitos.
El delegado de la Unión Europea en Bolivia, León de la Torre, ratificó el acompañamiento del bloque en los esfuerzos del Gobierno y resaltó la estrategia nacional antidrogas como ‘la más correcta y eficaz en la región’.
También el 1 de abril la nación sudamericana celebró un mes de la implementación del Sistema Único de Salud (SUS) en al menos siete de los nueve departamentos, un modelo diseñado por el Gobierno del presidente Evo Morales para garantizar la atención médica universal y gratuita a más de cinco millones de bolivianos que carecían de cobertura.
La ministra del ramo, Gabriela Montaño, informó que fueron atendidos durante ese periodo unos 400 mil pacientes y se registraron al SUS dos millones 315 mil 396 beneficiarios.
Expresó Montaño que la cifra tiende a crecer en la medida en que la población está más informada; mientras tanto el SUS sigue invalidado en los hospitales de tercer nivel en los departamentos de Santa Cruz y Tarija, donde las administraciones rehúsan firmar el convenio con el Ministerio de Salud.
La titular confirmó que el gobernador de La Paz, Félix Patzi, finalmente rubricó el acuerdo después de solicitar un informe ministerial.
Modelo inédito en toda la historia de Bolivia que garantiza el derecho vital a la salud, el SUS contempla más de mil 300 prestaciones gratuitas en los tres niveles de atención.
Odalys Buscarón Ochoa
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