Globalización

Además de la propagación ilimitada de noticias falsas acerca de su contrincante y la exaltación de un discurso de odio que ya cobró víctimas mortales, tal parece que el camino al poder del ultraderechista Jair Bolsonaro también estuvo pavimentado por el uso de recursos ilegales durante la campaña que lo llevó a ganar la presidencia de Brasil el pasado 28 de octubre. De acuerdo con el Tribunal Superior Electoral (TSE) de esta nación, se encontraron 23 inconsistencias que plantean dudas dudas sobre el origen y el destino de 38 por ciento de los ingresos de campaña declarados por el equipo de Bolsonaro.

Entre las irregularidades encontradas por el TSE se reportan la recepción de donaciones de fuentes vetadas por tener concesiones de servicios públicos, inconsistencias entre los datos registrados en órganos oficiales y los informados por el entonces candidato, incumplimiento en los plazos para informar ingresos y gastos, así como cancelación o sustitución de facturas ya emitidas por empresas que presuntamente prestaron servicios a la campaña.

Ayer, el ganador de los comicios presentó ante las autoridades una rectificación con la cual busca aclarar las inconsistencias detectadas. La información complementaria ofrecida por Bolsonaro hace gala del mismo cinismo que ha caracterizado el regreso de la derecha al poder desde 2016, con pretensiones como la de simplemente devolver las donaciones prohibidas, obviando su impacto en el desarrollo del proceso electoral y la sombra que arroja sobre el total de su financiamiento el hecho de que el mecanismo para recepción de donaciones echado a andar por su equipo careciera de cualquier control sobre la naturaleza de los donantes.

La valoración que el TSE haga de las rectificaciones presentadas antes de otorgar la habilitación a Jair Bolsonaro el próximo 10 de diciembre, y las consecuencias jurídicas que de ello se sigan, se ven marcadas por la incertidumbre, debido a la visible deriva del poder judicial brasileño en un instrumento de golpeteo político coludido con los mismos intereses oligárquicos que impulsaron el ascenso del ex diputado fascista. La sima de la subordinación y la parcialidad del aparato de impartición de justicia se encuentra precisamente en el futuro gabinete de Bolsonaro, cuyo ministro de Justicia será Sergio Moro, el mismo juez que ordenó el encarcelamiento del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, puntero en todas las encuestas de intención de voto hasta que fue apartado de la carrera presidencial con argumentos calificados, cuando menos, de endebles.

Cabe hacer votos porque la autoridad electoral cuente con las condiciones para juzgar con imparcialidad las evidencias a su disposición, porque la verdad pueda dilucidarse y se envíe un claro mensaje en el sentido de que las distorsiones al proceso democrático no serán aceptadas como parte de la normalidad política brasileña, mensaje que resulta de máxima urgencia en un contexto en que el presidente electo amenaza con emprender una batida contra las libertades y las garantías sociales.

La Jornada