Globalización

Su Excelencia Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil:

El 17 de marzo de 2003, estuve en su gabinete como representante del Consejo Nacional de Iglesias de los Estados Unidos, pidiendo su ayuda con los presidentes de las naciones no alineadas para tratar de evitar la guerra de los Estados Unidos contra Irak. Usted me recibió con un caluroso abrazo, porque recordaba mi caso de misionero metodista, colaborador de Dom Hélder Câmara en Recife, secuestrado por el Cuarto Ejército y torturado por el mismo durante 17 días antes de ser expulsado de Brasil en 1974.

Desgraciadamente, el presidente GW Bush declaró la guerra contra Irak esa misma noche a las 21:00 horas (hora brasileña) y usted no tuvo la oportunidad de ayudar a evitar esa guerra.

En 2021, me jubilé después de 68 años como ministro metodista y me trasladé a Nicaragua, donde vivo ahora permanentemente.

Le escribo ahora sobre el caso del obispo Rolando José Álvarez Lagos, porque está circulando mucha desinformación sobre su caso. Los medios de comunicación norteamericanos lo presentan como un preso político del gobierno sandinista. Como ciudadano y residente nicaragüense, puedo decirle que la realidad es bien distinta.

Como estoy seguro de que usted sabe, en abril de 2018, la embajada de EE.UU. aquí en Nicaragua lanzó un intento hacia el cambio de régimen. Durante varios años antes, la embajada, USAID, la Fundación Nacional para la Democracia (NED – una entidad formada y financiada por el Congreso de los EE.UU.), y otras agencias del gobierno de los EE.UU., habían enviado millones de dólares a Nicaragua de una manera semiclandestina para apoyar a una serie de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que trabajaron diligentemente para preparar una Operación de Cambio de Régimen para derrocar al gobierno del presidente Daniel Ortega.

Enviaron a varios cientos de estudiantes nicaragüenses a EE.UU. para “aprender sobre democracia”. Este proyecto funcionó de manera similar a la nefasta Escuela de las Américas, ubicada durante muchos años en Panamá, actualmente en Ft. Benning, Georgia, porque fue expulsada de Panamá. Esta Escuela entrenó a cientos de militares latinoamericanos en cómo combatir el “comunismo”. El Mayor Maia, que era el jefe de la Cámara de Tortura del Cuarto Ejército en Recife, donde fui torturado, se jactó ante mí de que era graduado de la Escuela de las Américas y que había pasado un año entero en Panamá aprendiendo su oficio de torturador.

El 18 de abril de 2018, en cinco ciudades diferentes de Nicaragua, a las 9:00 a.m. estallaron protestas “espontáneas”. Todas estas protestas fueron lideradas por estudiantes que habían participado en los viajes a EE.UU. para recibir “orientación” durante los años anteriores.

Estos grupos levantaron barricadas en las principales calles de las ciudades más importantes de Nicaragua y en los días y semanas posteriores en las carreteras internacionales del país. Estos retenes eran operados por delincuentes comunes que eran reclutados por dinero, drogas y alcohol para aumentar el número de participantes en las protestas y proporcionar músculo para defender los retenes.

Provocaron deliberadamente numerosos incidentes de violencia y enfrentamientos armados contra personal policial y ciudadanos de a pie que resultaron en las muertes de más de 260 personas, según fuentes fidedignas. Las autopsias realizadas revelaron que gran parte de las personas muertas recibieron disparos en la cabeza y el cuello, resultado evidente de disparos de francotiradores (algo muy similar a lo que ocurrió en Venezuela en el intento de golpe de Estado de 2002 contra el presidente Chávez). Entre los muertos hubo 22 policías sandinistas y otros 400 agentes heridos de bala.

También hubo muchos casos de tortura de sandinistas capturados por los “rebeldes”. Como confiaban en la victoria, ya que la embajada estadounidense financiaba y apoyaba la insurrección, y como forma de intimidar a la población, muchos de los manifestantes grababan sus acciones en sus teléfonos inteligentes, incluidos los actos de tortura, y los publicaban en las redes sociales para que todo el mundo los viera. Sin embargo, los principales medios de comunicación suprimieron sistemáticamente la cobertura de los numerosos casos notorios de este sádico comportamiento de los activistas de la oposición.

El obispo Rolando Álvarez apoyó abiertamente los intentos de derrocar al gobierno sandinista, que había sido elegido con más del 70% del voto popular en 2016. Desde su púlpito como obispo de Matagalpa, y en las calles, animó a los fieles de su diócesis a apoyar a las fuerzas violentas de la oposición y a hacer todo lo necesario para eliminar al gobierno sandinista. Monseñor Álvarez fue uno de los tres obispos líderes de la Conferencia Episcopal que exigieron la retirada de la policía a sus comisarías como condición previa a un Diálogo Nacional, exigencia a la que accedió el presidente Ortega para facilitar la Paz.

En julio de 2018, en respuesta a las masivas demandas populares de retorno al orden, el gobierno sandinista dijo “¡Basta!” y comenzó a arrestar a los activistas violentos y criminales que habían intentado derrocar al gobierno. Como ya se ha mencionado, muchos de ellos habían grabado sus acciones en sus teléfonos inteligentes y con estas pruebas fue fácil condenar a muchos de ellos, incluidos los que habían torturado y asesinado a cientos de personas, entre ellas ciudadanos apolíticos y sandinistas. Más de 200 fueron condenados y encarcelados.

Los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea y sus representantes de la industria de derechos humanos protestaron inmediatamente, declarando que todos ellos eran “presos políticos”, incluidos los condenados por asesinato. Sin embargo, el gobierno sandinista los liberó a todos mediante una ley de amnistía, condicionando su libertad a que no reincidieran en sus delitos. En caso de reincidencia, tendrían que cumplir sus condenas.

Desgraciadamente, muchos incumplieron el acuerdo y fueron encarcelados de nuevo. En junio de 2021, otro grupo fue detenido y puesto a disposición judicial por diversos delitos, entre ellos abuso fraudulento de la condición de organización sin ánimo de lucro y blanqueo de capitales.

El obispo Álvarez no dejó de criticar al gobierno y animó públicamente a sus seguidores a que continuaran la lucha para derrocar al gobierno. En las elecciones de 2021, los sandinistas obtuvieron el 76% del voto popular, mientras que el candidato que quedó en segundo lugar sólo obtuvo el 12% y el voto combinado de los cinco partidos de la oposición que participaron en las elecciones rondó el 30% del electorado. El obispo Álvarez tenía acceso y control de varias emisoras de radio en dos importantes ciudades nicaragüenses, Matagalpa y Estelí, que formaban parte de su diócesis. Instando al pueblo a levantarse, las utilizó para promover el derrocamiento violento del gobierno.

La Iglesia Católica ha sido la religión oficial de Nicaragua durante siglos. Los sacerdotes han gozado de “inmunidad diplomática” durante todo este periodo. En varias ocasiones, sacerdotes acusados de delitos comunes, como violaciones y robos, escaparon de las consecuencias alegando esta inmunidad. La mayoría de los países del hemisferio son hoy “estados laicos”, sin religión oficial. Encuestas recientes han indicado que menos del 40% de la población de Nicaragua se declara católica hoy en día, la gran mayoría son protestantes evangélicos.

En marzo de este año, el gobierno sandinista retiró a su embajador ante el Vaticano y, a continuación, el Vaticano cerró su embajada en Managua. Como consecuencia, monseñor Álvarez no goza de ningún tipo de inmunidad y finalmente el gobierno sandinista lo acusó de insurrección. Con la presentación de las pruebas de cinco años de oposición pública al gobierno desde su púlpito y sus emisoras de radio y en las calles, los tribunales le declararon culpable y lo condenaron a 26 años de cárcel. Respetando su condición de obispo, le dieron “arresto domiciliario” en el Palacio Episcopal de Managua.

En febrero de este año, el gobierno nicaragüense ofreció a Estados Unidos la liberación humanitaria de 222 opositores encarcelados por diversos delitos, en su mayoría actos contra el gobierno y abuso fraudulento de la condición de organización sin ánimo de lucro y blanqueo de dinero. Las autoridades estadounidenses respondieron enviando un avión fletado para trasladarlos a todos a Washington DC.

El obispo Ronaldo Álvarez rechazó la invitación. Como resultado, fue enviado de vuelta para cumplir su condena de 26 años, pero fue enviado a prisión, no al Palacio Episcopal donde había estado previamente bajo arresto domiciliario.

El obispo Rolando Álvarez no es un preso político, a menos que promover una insurrección violenta con el resultado de la muerte de cientos de personas deba considerarse un acto puramente político.

El gobierno de Estados Unidos está haciendo todo lo posible para convencer al mundo de que el obispo Álvarez es víctima de una persecución política, en vez de un criminal que intentó derrocar violentamente al gobierno elegido por el pueblo de Nicaragua.

Estimado presidente Lula,

Espero que pueda comprender esta realidad y no le haga el juego al gobierno de los EE.UU. Creo que las personas que intentaron derrocar su gobierno en enero de este año no son presos políticos, sino delincuentes.

Un detalle más: Viví en Brasil durante más de 10 años bajo la dictadura militar instaurada en 1964 con la ayuda de la CIA. Durante esos años, miles de personas fueron secuestradas por las fuerzas de seguridad y torturadas y muchas fueron “desaparecidas”. Los militares no hicieron ningún esfuerzo por ocultar el uso que hacían de la tortura. Al contrario, querían que la gente supiera que criticar al gobierno podía fácilmente acabar en tortura o incluso muerte. Todo el mundo sabía de un colega, un primo, una tía o un tío, un periodista o un político que había sido torturado. Y de esta manera se intimidaba al pueblo. Como resultado, nadie decía una palabra contra el gobierno, ni siquiera en una reunión familiar, y menos aún en un restaurante o un bar.

Llevo en Nicaragua un total de ocho años y en todo este tiempo no he sabido de una sola persona desaparecida o torturada. Vivo en un barrio de clase media, donde muchos de mis vecinos no son sandinistas. A quien no le gusta el gobierno expresa libremente su opinión; nadie tiene miedo de hablar. Mi vecino de enfrente trabaja para un canal de televisión que emite todos los días críticas escandalosas contra los sandinistas, y no le pasa nada.

El gobierno de Nicaragua no es una dictadura, es un gobierno del pueblo y para el pueblo.

Con mi mayor respeto,

Reverendo Fred Morris