Como en muchos países del occidente “desarrollado,” en Canadá, la mayoría de quienes trabajan para empleadores privados, sean grandes, medianas o pequeñas empresas, ganan sueldos bajos, alrededor del salario mínimo o muy poco por encima de este, a veces incluso menos del mínimo establecido por la Ley. La propaganda diaria, sin embargo, nos muestra a las empresas privadas como vitales para la economía, y como empleador de importancia y crucial para la sociedad en general.

La realidad es muy otra, es el sector público el que en Canadá es fundamental para la economía, y este involucra entre otras, el área de la salud, la asistencia social y el 90 por ciento, o más, de la educación en todos sus niveles (a través del gobierno federal, provincial y local) que provee empleo a más o menos el 40 por ciento de la fuerza laboral del país, y en provincias como la nuestra, Nova Scotia, a más del 50 por ciento. No debemos olvidar que más del 70 por ciento del sector público está aún sindicalizado y tiene sueldos decentes.

En el sector privado sólo en algunas áreas productivas, principalmente de energía que recibe importante subsidios del estado, o de la construcción en el campo de la ingeniería mecánica, de las telecomunicaciones, de la industria forestal y de la administrativa ejecutiva, encontramos sueldos competentes, teniendo en cuenta que en el sector privado hay sólo un 16 por ciento de sindicalización. Más del 80 por ciento del sector privado paga a sus trabajadores y trabajadoras sueldos bajos, mínimos o poco más del mínimo establecido por Ley; sueldos que sabemos son insuficientes para subsistir.

Las primeras legislaciones del salario mínimo se introdujeron en Canadá a partir de la segunda década del siglo 20, con el objeto de proteger a mujeres y niños de la sobre explotación que sufrían. Aunque la legislación era limitada en cuanto a su protección a personas explotadas, tuvo igual una fuerte oposición de parte de los sectores empresariales e incluso de los economistas de aquellos tiempos. No fue sino hasta que terminó la Segunda Guerra Mundial que Canadá, como otros países centrales, adoptó o amplió su Estado de Bienestar Social; y esto, no lo hizo por su filosofía humanitaria sino más bien por temor a la expansión del comunismo y socialismo fortalecidos posterior a la guerra.

El contrato social en Canadá se basó en un Estado de Bienestar (E.B.S) Keynesiano en el que el estado juega un papel protector social y a la vez garantiza una gran parte de las inversiones privadas. Uno de los aspectos de este proyecto del E.B.S. fue el lanzamiento, en 1945, del Libro Blanco promoviendo pleno empleo, y aunque el estado no cumplió con este proyecto en su totalidad, siempre tratando de favorecer al sector privado, el empleo aumentó significativamente en los años siguientes debido al crecimiento industrial y junto con esto se expandieron las organizaciones laborales y los contratos colectivos con el estado tanto como con las empresas privadas, lo que hizo crecer el salario reduciendo el número de trabajadores y trabajadoras que ganaba salarios mínimos.

Los tiempos han cambiado y en Canadá, como en otros países que se llaman desarrollados, no solo ha aumentado el desempleo, que incluso se mantiene encubierto al tiempo que se publican cifras que no consideran a todos los desempleados, sino que además se oculta la realidad de una escandalosa deuda por hogar siendo que por dólar ganado se debe 1,70 dólar con lo que se mantienen apariencias de bienestar dudosas. Desde 1979 la industria manufacturera en Canadá ha perdido 2 millones de trabajos, lo que sin duda ha sido muy destructivo para la clase trabajadora pues estos eran trabajos mejor pagados y fueron remplazados por trabajos en servicios pagados al salario mínimo, lo que ha disminuido además el valor del empleo.

En un reporte publicado el 29 de noviembre del 2017, por Canada Press, la principales ocupaciones para hombres en Canadá son conductor de vehículos de carga en diferentes servicios, vendedor en el comercio minorista y mayorista, y más atrás ocupaciones en edificios comerciales y de viviendas como limpiadores, porteros, conserjes y encargados. Para las mujeres las ocupaciones mayoritarias en Canadá son vendedora en el comercio al detalle, enfermeras registradas, cajeras, maestras de escuelas básicas, asistentes administrativas y atendedoras en ventas de comida.

La vida en las ciudades canadienses se ha encarecido, especialmente en Toronto y Vancouver, y debido principalmente a la especulación inmobiliaria, actividad que se ha hecho vital para la economía canadiense, y debido a una inflación oficial que está por debajo de la real, que ha tenido como consecuencia altísimos costos de vivienda y rentas, lo que a su vez ha incrementado el nivel de dificultad de subsistencia de un creciente número de habitantes particularmente en ambas ciudades. Por ejemplo, en el área de Toronto ha aumentado la pobreza entre las personas mayores de 65 años, incluso considerando que en Canadá existe un beneficio federal (Guaranteed Income Supplement) para quienes se retiran con pensiones que no alcanzan la entrada mensual por sobre la línea de pobreza. Más del 20 por ciento de los mayores de 65 años son considerados pobres en el área metropolitana de Toronto porque no tienen otra opción que pagar alquileres exorbitantes a dueños de viviendas, en su mayoría corporaciones, ya que el estado no puede garantizarles a todos viviendas subsidiadas.

No sólo los retirados sufren esta situación, también la sufren quienes trabajan y ganan sueldos bajos, por esta razón el gobierno provincial de Ontario, donde se encuentra la ciudad de Toronto, impuso un aumento del salario mínimo de $ 11,40 a 14 dólares por hora a partir de enero del 2018, salario que volverá a subir a $ 15 por hora a partir de enero del 2019. Hay que aclarar que el salario mínimo lo establecen los gobiernos provinciales en Canadá, por lo que varía de provincia en provincia.

Esta determinación del gobierno de Ontario, que parece muy razonable, ha desatado una verdadera histeria en el sector empresarial privado. Las opiniones de los grandes bancos y sus “análisis” sobre la economía, el trabajo y otros asuntos pertinentes, recibieron increíble cobertura en la prensa de todo tipo, tuvieron incluso más prioridad que las opiniones del gobierno, la academia y por supuesto los sindicatos. El reporte del TD Bank, uno de los grandes bancos canadienses, respecto del aumento del salario mínimo en la provincia de Ontario fue que podría costarle a la provincia 90.000 puestos de trabajo, no tanto por despidos sino porque enlentecería el crecimiento económico. El reporte del Bank of Canada (Banco Central de Canadá) aunque un poquito menos insidioso estableció que para el próximo año este aumento le costaría a Canadá 60.000 trabajos. Grandes y pequeñas empresas de todo tipo levantaron su voz de alarma por el atrevimiento, poco usual, del gobierno de Ontario de decretar un aumento al salario mínimo; algunas de las compañías levantando quejas no se están empobreciendo, tienen cientos y aún miles de millones de dólares de ganancias netas cada año, pero los ofende igual tener que pagar un sueldo mínimo apenas un poco más razonable.

Una de las corporaciones que causó escándalo por el aumento del salario mínimo fue Tim Hortons, la más importante cadena de comida ligera canadiense, y que incluye restaurantes que operan con la franquicias de Tim Hortons, quienes amenazaron eliminar no sólo los descansos pagados a sus trabajadores y trabajadoras sino también cualquier pequeño beneficios. Tim Hortons subsiste gracias al trabajo mayoritariamente de mujeres de todas las edades. Empresarios y comerciantes privados, y sus representantes políticos, están acostumbrados a que se gobierne para ellos, para sus intereses, han atacado cualquier intento de aumentar el salario mínimo y esperaban amplio respaldo del público pero esta vez no les resultó.

En general los y las canadienses han solidarizado con sus trabajadoras y han apoyado el aumento decretado por el gobierno provincial de Ontario. Fue gracias a esta solidaridad popular que estas últimas semanas la posición de algunos empleadores y de supuestos “analistas” han venido cesando, retrayéndose de sus críticas más nocivas a reivindicaciones tan básicas como las del salario mínimo.

Como en casi todo el mundo occidental, en Canadá se alardea mucho de que vivimos en sociedades placenteras, felices y democráticas, es que las agencias de los ricos y sus instituciones nos bombardean con su propaganda a diario. Según ellos hemos cruzado la modernidad y estamos más allá del bien y del mal de la lucha de clases, pero tan pronto como se plantea una reivindicación básica al salario como el aumento del salario mínimo todos a escandalizar, demostrando que a pesar de que ha pasado el tiempo y del supuesto avance civilizatorio, los ricos y sus aspirantes continúan manteniendo la misma actitud antisocial respecto a quienes les trabajan que tenían en el siglo 18 y 19, pagar lo mínimo o pagar nada es su meta y su ambición no tiene límites.

Los dueños de la riqueza y del poder en Canadá cuentan, como lo han hecho por más de un siglo, con que el gobierno federal continúe trayendo inmigrantes y trabajadores temporales (que en ambos casos sumaron más de 300.000 cada uno el año pasado) para asegurarse mano de obra en abundancia y obediencia social. Sin duda para la mayoría de estos extranjeros salirse de sus países puede ser una solución, pues en el tercer mundo reina la opresión, la pobreza, la falta de confort y hasta la guerra. Pero es completamente falso que escasee la mano de obra en este país, no faltan ni especialistas ni profesionales, muchos especialistas y profesionales canadienses, educados en Canadá emigran a otras partes buscando empleo porque en esencia no lo han encontrado aquí.

La inmigración continúa por otras razones, incluso para asegurar mano de obra barata a empresarios privados que gracias a la llegada de miles de inmigrantes permanentes o temporales logran mantener ambos bajo salario y sindicalización en el sector privado. De paso atraen a unos pocos inmigrantes con algún capital a invertir en Canadá, que han de unirse, lamentablemente, al grupo general de empresarios privados en eso de explotar la fuerza laboral de este país.

La lucha por un salario decente y beneficios en el sector privado se entiende en el contexto de la lucha de clases, donde el 10 por ciento de los más acomodados son dueños del 50 por ciento de la riqueza del país y donde existe un 30 por ciento que seguramente están muchos de los que ganan alrededor del salario mínimo y al que sólo le corresponde el 1 por ciento de la riqueza. Ese 10 por ciento de arriba tiene un promedio de 2 millones de dólares canadienses en activos netos, mientras que la mitad de los canadienses de abajo cuenta en su mayoría solamente con su trabajo y los beneficios de salud, educación, servicio social y otros que le asegura el Estado canadiense.

Mario R. Fernández

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