Si con la promesa de ‘un gobierno ciudadano’ el candidato opositor Carlos Mesa confundió a alguien de cara a los comicios generales en Bolivia, nadie duda hoy del carácter neoliberal de su propuesta.
En opinión de la presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, las alianzas que el representante de Comunidad Ciudadana (CC) estableció constituyen un sinónimo de privatización.
‘Carlos Mesa se alió con Leopoldo Fernández, recibió el apoyo de Manfred Reyes Vila y hoy decide aliarse con Samuel Doria Medina, el mayor privatizador de la década de los años 90’, declaró a la prensa la joven legisladora por el Movimiento al Socialismo.
Con un 39 por ciento de intención de voto según los pronósticos, Mesa realizó la presentación de su candidatura el 6 de octubre de 2018.
Sin embargo, de acuerdo con un sondeo de Viaciencia, a pocos días de la celebración de las justas del 20 de octubre, las posibilidades del aspirante de CC descendieron a 21,2 unidades sobre 100 y ocupa la segunda plaza tras el presidente y aspirante a la reelección, Evo Morales (43,2 por ciento).
Con estos dígitos, el líder del Movimiento al Socialismo ganaría en la primera vuelta, para lo cual requiere legalmente 40 puntos porcentuales y 10 por delante de su más cercano rival.
Abrumado por esta realidad, Mesa se desdijo de su promesa inicial de gobierno al anunciar la formación de una denominada megacoalición con representantes de partidos tradicionales, varios de ellos responsables de las terapias de choque que aplicaron los gobiernos neoliberales en Bolivia a finales del siglo XX y en los inicios del XXI.
Círculo de aliados
Actual jefe del partido Unidad Nacional y Ministro de Planeamiento del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en 1992, Doria formó parte del trípode pactado (cuoteo de cargos y enajenación de la riqueza nacional que gobernó a Bolivia entre 1985 y 2005 junto al Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) y Acción Democrática Nacionalista (ADN) del exdictador Hugo Bánzer).
Fue Doria quien prometió privatizar una empresa por semana, y de acuerdo con el informe de una comisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que investigó las gestiones gubernamentales entre 1985 y 2005, en esa etapa el daño económico al país fue de unos 21 mil millones de dólares como resultado de las privatizaciones.
Como aspirante a la vicepresidencia por CC figura Gustavo Pedraza, exministro de Desarrollo Sostenible y Planeación Territorial cuando Mesa ocupó la jefatura de Estado (2004 a 2005).
En las conclusiones de la ALP se vincula a Pedraza con un presunto lavado de dinero en el caso Lava Jato como firmante de dos documentos que facilitaban la contratación de empresas brasileñas para construir dos carreteras en territorio boliviano.
La senadora de Unidad Demócrata por el departamento de Pando e integrante de Columna de Integración Carmen Eva González, es uno de los apoyos más polémicos de Mesa.
Antes de firmar un acuerdo con CC, rubricó el 1 de abril junto 12 legisladores opositores una misiva en la que pedían al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una intervención en los asuntos internos de Bolivia para impedir la candidatura del binomio integrado por Morales y el vicemandatario, Álvaro García Linera.
Otro aliado polémico en la campaña de Mesa es Leopoldo Fernández, exparlamentario, exministro cercano a Bánzer y exprefecto del departamento de Pando, imputado como principal responsable de la denominada Masacre de Porvenir, ocurrida en septiembre de 2008, con saldo de 13 muertos.
Por esos hechos, el 10 de marzo de 2017 un tribunal lo declaró culpable y lo condenó a 15 años de prisión.
Esta tendencia a rodearse solo de ‘viejos conocidos’ provocó en mayo del año en curso el distanciamiento de Comunidad Ciudadana de uno de los principales impulsores de la candidatura de Mesa, el sociólogo Julio Aliaga.
‘Más claro agua: @carlosdmesag ha cerrado su corral y solo acepta a sus amigos con él. Si quieres ser parte y apoyar a la reconstrucción de la democracia en Bolivia, tienes que haber sido su compañero de curso. áYo me rindo!’, escribió en un tuit el primero que se apartó públicamente de la campaña de Mesa.
Las dimisiones de correligionarios desilusionados suman 16, entre las que resalta la del portavoz por pocos días, Diego Ayo, tras revelar que CC contaba con casi 10 millones de dólares supuestamente obtenidos a través de quermeses (verbenas).
Esta situación provoca que los caricaturistas de la prensa boliviana comparen a CC con un barco que hace agua.
Jorge Petinaud
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