Globalización

Luego, de los fracasos de los procesos constitucionales antineoliberales de Ecuador y Bolivia y el maltrecho proceso bolivariano, no se puede seguir apostando por el un cambio que es, en cierta forma, un no cambio.

Luego de aproximadamente 20 años de cambio político constitucional en América Latina las condiciones políticas e institucionales de la democracia, por ejemplo, no son las mejores, esta sigue debatiéndose en los mismos problemas de siempre: concentración y apropiación de la representación política de la ciudadanía en organizaciones políticas, partidos o no, corruptas, manipuladoras, manejadas por las y los traficantes de la palabra, escasamente creíbles, y un largo etcétera. La crisis de la representación política democrática es de larga data en la región arranca en los años ochenta del siglo XX, o sea, son más cuatro décadas donde la política democrática está atrapada y manejada por hombres y mujeres con bajos niveles de ética pública, sostenidos por el poder financiero del capital o del poder militar o del comunicacional o del poder imperial. Desde México hasta Argentina, no hay ningún país o régimen político democrático, que puede sostener que está libre del flagelo de la corrupción. Unos más otros menos. Ninguno esta libre de pecado. Los ejemplos nos sobran.

El cambio constitucional de los últimos años no mejoró ni alteró sustantivamente las condiciones materiales de existencia de hombre y mujeres, especialmente, de las clases trabajadoras o populares. Precarización laboral juntamente con la pobreza han aumentado significativamente en los últimos años. Mientras que la riqueza que controlan las clases dominantes se ha incrementado de manera vergonzante y abismal. Basta con consultar las cifras que entrega la CEPAL para observar el pavoroso escenario de pobreza material en la que viven millones de seres humanos a lo largo y ancho del continente.

El cambio constitucional impulsado por gobiernos progresistas tampoco logró evitar la devastación de la naturaleza impulsada por el extractivismo minero transnacional. Todo lo contrario, los diversos “proyectos de muerte” como los calificara la académica mexicana Raquel Gutiérrez siguen su marcha en distintas regiones de Nuestra América. Los gobiernos progresistas de la primera ola (1998-2010) en esta materia fueron un total y rotundo fracaso.

Los derechos sociales y económicos, cuando estos son consagrados constitucionalmente, quedan reducidos a la nada misma, ante el envión recuperacionistas del poder político de parte de la extrema derecha neoliberal, conservadora y neoconservadora. La destrucción social y económica de Argentina actual como consecuencia de las políticas macristas recientes como de la mala gestión y limitaciones del gobierno de los Fernández incapaces de romper con las estructuras profundas del poder neoliberal en el país, tiene a la ciudadanía popular en la miseria.

La síntesis que podemos realizar luego de dos décadas de cambio político impulsado por gobiernos progresistas a través de la vía constitucional en América Latina y el Caribe, es más bien negativa. Las estructuras neoliberales siguen en pie. Hasta ahora, ningún país de la región -cabe señalar para ser justos, ninguno del orbe neoliberal- ha logrado salir de esa condición.

En definitiva, el fracaso constitucional es más que evidente, entonces, ¿por qué pensar y sostener que el cambio constitucional podría sacarnos de la condición neoliberal que la sociedad chilena adquirió hace ya medio siglo?

Tiempo atrás escribí un texto sobre el cambio constitucional en Chile, en el sostuve que las “constituciones políticas en Chile se elaboraban para la eternidad” o sea, para durar en el tiempo, gruesamente, en los 200 años de historia, el país ha tenido, tres constituciones: la de 1833, con 92 años de duración; la de 1925, con 48 años de vigencia y, la de 1980, hasta con 43 años desde su aprobación. Si atendemos a lo que sostienen los especialistas en el tema: la “mater” Constitución, o sea, aquella que dio origen al constitucionalismo nacional, es la de 1833, esa matriz estuvo presente en la Constitución de 1925 y mucho más fuerte su presencia, por su impronta autoritaria, en la de 1980. Podemos, entonces, sostener que ese constitucionalismo ha durado 183 años de los 200 años de existencia Republicana de Chile. En otras palabras, es la matriz dominante.

Luego del Rechazo de la Constitución elaborada por la Convención Constitucional el 4 de septiembre de 2023 de manera mayoritaria, contundente y categórica por un 62% del “pueblo constituyente”. La dirección del proceso de cambio constitucional quedó en manos de las y los partidos del orden neoliberal y de la denominada clase política todos herederos del constitucionalismo histórico nacional, o sea, de la matriz constitucional de 1833.

Violentamente la historia fue despertada en octubre de 2019. Cuando millones de ciudadan@s exigieron el fin del neoliberalismo, la renuncia del presidente Piñera, y, la realización de una Asamblea Constituyente. Ninguna de las tres exigencias ciudadanas se logró. No obstante, el poder constituido abrió un procesos constitucional como una forma de evitar el colapso del regimen político. Se convoco a una Convención Constitucional para elaborar una nueva Constitución con el objeto de reemplazar la Constitución de 1980, la constitución del dictador.

Para esos efectos, se eligieron 155 convencionales en forma paritaria, con la presencia de representantes de los pueblos originarios y de ciudadanos y ciudadanas independientes que se transformaron en los primeros constituyentes electos por el pueblo constitucional. Por primera vez, en 211 años de establecida de la República, las y los ciudadanos, las y los soberanos, tenían la oportunidad de escribir una Constitución. Y, la escribieron. Sin embargo, solo el 38% del pueblo constituyente la aprobó. El resto la rechazó.

A pesar que la Convención no era una Asamblea Constituyente, teniendo presente la historia constitucional tanto europea como latinoamericana como la teoría política democrática, un oprobio o un atentado contra los valores democráticos. Todo lo contrario, comparada la Convención con los órganos colectivos presentes en los procesos constitucionales del pasado era un avance formidable. No obstante, muchos detractores de todos los colores políticos no lo consideraron así. Y, se le opusieron y llamaron a rechazar el documento propuesto por las y los ciudadanos convencionales. La Convención fue criticada por todos. Lo cual por cierto no está mal, la crítica es parte de la acción democrática. Pero tengo la impresión de que esta fue una crítica descalificadora y profundamente conservadora. Fundamentalmente, porque ella había quebrado los marcos tradicionales del derecho constitucional nacional. Aparecieron por doquier las y viudos del constitucionalismo formal y conservador exigiendo el respeto a la tradicional. Rasgaron vestiduras. En un espectáculo miserable condenaron lo que las y los ciudadanos realizaron. Invocaron a los padres autoritarios del siglo XIX para defender instituciones retrógradas y rancias como por el ejemplo el Senado. Derramaron sucias y negras lágrimas por la unidad del Estado nacional, supuestamente, destruido por el plurinacionalismo y por el reconocimiento de los pueblos originarios, que supuestamente, ellos se habían encargado de exterminar en los siglos anteriores con el objeto de limpiar el surgimiento de la “patria”.

Obviamente, el carácter patriarcal y machista de la “patria”, no podía ser modificada por la diversidad cultural y de género. La “patria” es sagrada y no se toca ni se mancha. Esta es inviolable, aunque las mujeres, por supuesto, que sí. Patria = Patrón. La patria debía ser defendida de esta tropa de “raros” que buscan subvertir todos los órdenes sobre los cuales la sociedad chilena y su gente había transitado desde el siglo XIX en adelante.

Salieron en defensa de la propiedad privada. Recordemos, según el dictador construir “Nación es tratar de hacer de Chile un país de propietarios y no de proletarios”. La condición de propietarios da la impresión de que se logró no sólo durante los 17 años de la dictadura sino a lo largo de los 30 años de gobiernos democráticos neoliberales. Diversos estudios realizados demuestran que la propiedad se transformó en el principal patrimonio de las y los ciudadanos nacionales. La propiedad de un bien, principalmente, de una casa como también un auto y otros enseres se transformaron en la clave de la nueva ciudadanía. La posesión, no necesariamente, de medios de producción sino de bienes de trabajo se transformaron en la base material que constituía la calidad de ciudadano en la sociedad neoliberal. A tal punto, que en una investigación que realizamos hace algunos años, las y los ciudadanos consideraban que el principal derecho humano que ellos disponían y debían defender era el derecho de propiedad.

Muchos ciudadanos consideraron que el derecho de propiedad, el derecho a disponer de patrimonios, alcanzados por el esfuerzo individual o colectivo-familiar fue relativizado y amenazado por el proyecto constitucional elaborado por la Convención, lo cual, por cierto, era falso. Pues, el proyecto conservo intacto lo que se disponía la Constitución de 1980 en dicha materia. Fue una “noticia falsa” que caló hondo en la subjetividad de la mayoría de la ciudadanía neoliberal votante como no votante. El rechazo fue una defensa del derecho de propiedad. Durante el año que duró la elaboración ciudadana de la nueva Constitución se fue creando una atmósfera contraria a ella. Los ataques políticos e ideológicos provinieron de todos los sectores: de la derecha, que se encargó de boicotear el proceso desde adentro y desde afuera; del centro político, que desconcertados por el rumbo rupturista que iba tomando la Convención, convocaron a los más rancios, retrógrados y reaccionarios intelectuales para defender lo de siempre; de la izquierda institucional, especialmente, de aquel sector ideológicamente dislocado del espacio socialdemócrata que unieron fuerza a la derecha para defender la “historia institucional de la patria”. Y, la izquierda no institucional, desorganizada, fragmentada, confundida y, sobre todo, hace muchos años despistada, llamaron a rechazar o anular, pues su norte sigue siendo, lograr una Asamblea Constituyente. Todo lo anterior y mucho más que no exponemos aquí por tema de espacio contribuyó para que el primer documento constitucional elaborado por ciudadanos y ciudadanas comunes, electos por el pueblo constituyente fuera Rechazado. Ese Rechazo abrió el actual proceso constitucional que conduce a la sociedad chilena retomar la tradición histórica en materia constitucional: la elaboración de una constitución de acuerdo a los intereses históricos y políticos de la clase dominante y de quienes los siguen: las falderas capas medias como también de todos aquellos sectores sociales populares neoliberalizados que se han constituido en las últimas décadas y constituyen los nuevos sectores sociales y políticos conservadores.

Tanto el gobierno de Boric y sus alianzas como la oposición de las cuatro derechas neoliberales: los restos del partido demócrata cristiano, los Amarillos por Chile; el Chile Vamos; el Partido de la Gente, y los Republicanos, se disponen a movilizar a todas sus militantes, huestes, adherentes y simpatizantes para sufragar el próximo domingo 7 de mayo. El esfuerzo será gigante. Pero, ese pueblo constituyente, irá votar y escoger a sus Consejeros Convencionales. Entre las cinco listas que se presentan saldrán los 50 integrantes que ratificarán la nueva Constitución elaborada por los expertos. Esta elección de Consejeros, si no fuera, porque es obligación votar, tendría una muy baja participación electoral. La abstención electoral en la pasada elección de convencionales en mayo de 2021, con voto voluntario, fue de un 57%. O sea, solo el 42%, de las y los electores eligieron a un convencional. O sea, aproximadamente, 6 millones, votaron. Por lo tanto, entre 6 y 8 millones serán los electores que van a elegir un Consejero, el próximo domingo. Cabe señalar que en esa oportunidad el voto nulo fue solo de 193.665 y los votos blancos 306.615.

Estos guarismos es importante destacarlos porque el Nulo es considerado, por lo general, como el voto de molestia, de rechazo, de rabia política, voto bronca o castigo. Mientras que el Blanco, tiende a pensarse como un voto “inocente”, es decir, de desconocimiento, por no saber por quien votar, entre otras posibilidades.

En esa oportunidad como ha sido la tónica habitual de una sector de la izquierda no institucional ha realizado campaña por el voto Nulo o por la Abstención. Y, los resultados no han sido significativos. En el ciclo político electoral desde 2012 hasta el 2022, durante una década del voto voluntario, lo predominante fue la abstención. Esta supero en varias ocasiones el 50% del electorado. No sería extraño que en esta oportunidad ese guarismo, también fuera alto, tal vez, cercano al 40%, teniendo en cuenta, que la ciudadanía no se siente atemorizada por el cobro de multas por no asistir. Por lo tanto, estaríamos teniendo una participación de unos 9 millones, de los cuales, un porcentaje, tal vez, alto vote blanco, voto por desconocimiento; y otro, porcentaje, Nulo, que en esta oportunidad podrían llegar al millón de votantes. Sin embargo, la participación, alta o baja; la abstención, alta o baja, lo mismo para el nulo, no va a ser lo importante, lo fundamental, será lo que pase con los sectores incumbentes. No sólo para establecer cómo será la correlación de fuerzas al interior del Consejo Convencional, sino para los próximos escenarios electorales: municipales e incluso presidenciales y parlamentarias.

En verdad, lo que ocurra el 7 de mayo no tendrá mayor importancia para el proceso de redacción de la nueva constitución, pues está ya semi escrita, la escribieron, las y los expertos. Los otros vendrán hacerles los retoques finales. Ponerla a punto para su aprobación en diciembre próximo. Salvo que ocurra algo muy extraordinario. Parece, que nuestro eterno presente neoliberal seguirá girando sobre sí mismo.

Por todo lo anterior, no iré votar el domingo 7 de mayo.

Juan Carlos Gómez Leyton

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