Globalización

Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison Holdings, el conglomerado multinacional con sede en Hong Kong, emitió un comunicado afirmando que había iniciado procedimientos de arbitraje internacional contra la República de Panamá. El proceso legal se produce en respuesta directa a una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Panamá, que el 29 de enero de 2026 declaró por unanimidad inconstitucional la concesión a largo plazo que tenía la filial del grupo, Panama Ports Company (PPC), al atacar la ley contractual que lo habilitaba. La medida del Estado panameño, percibida por el inversor como una campaña dirigida de lawfare, ha desencadenado una batalla con profundas implicaciones para la reputación del país como destino de inversión estable, su posición estratégica en el comercio global y su delicado equilibrio entre las grandes potencias mundiales.

¿Expropiación Indirecta?

Aunque la justificación legal completa sigue sin publicarse, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, se pronunció en un mensaje televisado sobre la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que declara inconstitucional el contrato entre el Estado panameño y la Compañía Portuaria de Panamá para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal. La disputa está inextricablemente enredada en la feroz competencia geopolítica entre Estados Unidos y China. El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, celebró la sentencia del Tribunal Supremo, calificándola de afirmación “histórica” del Estado de derecho, la soberanía y la transparencia que fortalecería el clima de inversión y la seguridad nacional de Panamá. Pero ahora Panamá se encuentra en una posición precaria entre su mayor socio comercial, Estados Unidos, y su segunda China, con el potencial de represalias económicas por parte de Pekín. Allí declaró que APM Terminals Panama, una filial del grupo danés A.P. Moller-Maersk, asumiría temporalmente el control de los puertos mientras se estructuraba una nueva concesión.

La presentación de arbitraje de PPC responde a una campaña dirigida de un año por parte del Estado panameño contra su concesión específica. Esta campaña implicó una serie de acciones estatales abruptas que causaron daños graves e inminentes a PPC, por lo que la empresa considera que se trata de un trato selectivo, ya que contratos similares con el sector portuario no fueron sometidos a las mismas acciones. Las autoridades estatales procedieron entonces a visitar las instalaciones del PPC, emitiendo instrucciones inesperadas y solicitando un amplio acceso a instalaciones físicas, información comercial, propiedad intelectual y personal.

El núcleo del conflicto radica en la concesión de 1997, ratificada como una “ley contractual” por la Asamblea Nacional panameña, que concedió a la PPC un arrendamiento de 25 años para operar los puertos críticos de Balboa y Cristóbal en las entradas del Pacífico y Atlántico al Canal de Panamá. Las concesiones portuarias se renovaron automáticamente por otro periodo de 25 años en 2021 tras casi tres décadas, por lo que el acuerdo se consideró que proporcionaba estabilidad legal a largo plazo, con PPC invirtiendo más de 1.800 millones de dólares en infraestructuras, tecnología y desarrollo de la fuerza laboral. Los puertos en cuestión gestionan aproximadamente el 40% del tráfico de contenedores del canal en logística marítima global. Sin embargo, la concesión ha sido durante mucho tiempo un punto de controversia para algunos funcionarios panameños que la ven como un símbolo de la creciente influencia de China sobre un punto clave vital en el comercio mundial. Dado que CK Hutchison es una empresa de Hong Kong, Estados Unidos, bajo la Doctrina Donroe de Trump, busca crear un imperio remanente donde EE. UU. controla la forma en que los estados del hemisferio occidental gestionan sus territorios y hacen negocios dentro del capitalismo, convirtiéndolos de facto en vasallos de un aparato tecnocrático de la “Fortaleza América“.

Para CK Hutchison y PPC, esta secuencia de acontecimientos constituye un caso clásico de “lawfare”: el uso de sistemas legales y fallos judiciales como instrumentos de guerra política o económica para lograr fines estratégicos, en este caso la insistencia de Estados Unidos en controlar Panamá cuando Trump 2.0 llegó al poder. En su comunicación oficial, PPC afirmó que la acción del Tribunal Supremo fue la culminación de una campaña estatal de un año “dirigida específicamente contra” la empresa, causando graves daños y riesgos adicionales inminentes. La empresa enfatiza que buscaba evitar conflictos legales mediante consultas y comunicaciones con diversas entidades estatales, manteniendo al mismo tiempo las operaciones portuarias y cooperando con las autoridades. Estos esfuerzos, afirma, recibieron respuestas desfavorables y solicitudes de aclaración desestimadas. Con su derecho contractual fundamental anulado y el estado pasando a asumir físicamente las operaciones, PPC activó la cláusula de arbitraje dentro de su acuerdo de concesión. Para más contexto, consulta mis artículos anteriores sobre el tema.

La posición legal de Panamá es vulnerable porque el enfoque del tribunal eludió la revisión administrativa estándar, creando una percepción de persecución política que será central en el caso de arbitraje sobre ‘trato justo y equitativo’. El mal uso del marco constitucional por parte del Tribunal Supremo panameño corre el riesgo de enviar un mensaje negativo a los inversores internacionales, ya que es poco probable que quieran invertir en Panamá tras ver que contratos a largo plazo, revisados expertamente tanto por el gobierno como por las empresas, pueden ser declarados inconstitucionales de repente, dejando sus inversiones en un limbo.

En cualquier caso, el Tribunal Supremo de Justicia no debería haber declarado inconstitucionales ni el proyecto minero ni las concesiones portuarias. La decisión del Tribunal Supremo de anular las concesiones mediante decreto constitucional, en lugar de permitir que los supuestos incumplimientos contractuales o financieros sean juzgados por la Sala de Litigios Administrativos especializada, representa un error crítico. Este enfoque magnifica la percepción de motivación política sobre el rigor procesal, un defecto que será ampliamente explotado en el próximo arbitraje para demostrar una negación de un ‘trato justo y equitativo’.”

El proceso de arbitraje pone ahora en marcha una larga, costosa y muy escrutinada batalla legal internacional. PPC buscará una compensación sustancial, calculada no solo sobre el valor contable de sus inversiones, sino también sobre la pérdida de beneficios futuros durante el resto del plazo de concesión, daños por impactos colaterales en el negocio y posibles remedios para lo que pueda argumentar que constituye una expropiación indirecta. Los analistas sugieren que la afirmación podría oscilar entre 2.400 millones de dólares y más de 3.600 millones, basándose en múltiplos de la inversión inicial. Para Panamá, un laudo arbitral adverso sería vinculante y exigible bajo la Convención de Nueva York, lo que significa que la PPC podría solicitar embargar bienes estatales panameños en el extranjero si el laudo no se paga voluntariamente.

La acusación central desde la perspectiva del inversor es una violación catastrófica de las expectativas legítimas y la seguridad legal. El Estado, como firmante del contrato, está ahora argumentando de hecho que el acuerdo que él mismo propuso, negoció y ratificó fue inconstitucional durante toda su duración de 30 años. Esto crea un precedente peligroso de inestabilidad legal retroactiva que podría enfriar futuras asociaciones público-privadas, que Panamá necesita críticamente para el desarrollo de infraestructuras dado su alto nivel de deuda. El hecho de que esta sea la segunda gran concesión —tras la sentencia inconstitucional de 2023 contra la mina de cobre Minera Panama de First Quantum Minerals— que se anula de esta manera amplifica el riesgo sistémico percibido. Aunque un tribunal puede anular un instrumento legal, no borra las obligaciones subyacentes del Estado hacia un inversor que actuó de buena fe y invirtió miles de millones en el país basándose en las propias representaciones de ese Estado. La abrupta transición, planificada antes de que la sentencia fuera firme, el presidente avanzando para crear una transición antes de que la sentencia se publicara, el señalamiento de PPC, ya que ninguna otra empresa con contratos similares no ha sido atacada — debilita aún más la posición de Panamá en el arbitraje, ya que puede presentarse como prueba de una situación premeditada, acción políticamente motivada más que puramente judicial.

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Miguel Santos García es un escritor y analista político puertorriqueño que escribe principalmente sobre la geopolítica de los conflictos neocoloniales y las guerras híbridas en el contexto de la cuarta revolución industrial, la nueva guerra fría en curso y la transición hacia la multipolaridad. Visite su blog aquí.

Es investigador asociado del Centro de Investigación sobre la Globalización (CRG).