Cónclaves e incertidumbre para la región

En un lapso muy corto se llevaron a cabo dos actos internacionales en los que México y Estados Unidos participaron. Por un lado la Conferencia para la Prosperidad y Seguridad en Centroamérica, realizada los días 15 y 16 de junio en la Universidad Internacional de Florida en Miami, Estados Unidos, y la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Cancún, Quintana Roo, del 20 al 22 de junio. Este último encuentro concluyó sin alcanzar algún acuerdo para abordar la crisis interna de Venezuela, a pesar de los intensos cabildeos por parte de países afines a Washington, entre ellos México. En cuanto a la Conferencia para la Prosperidad y Seguridad en Centroamérica, se plantearon un conjunto de propuestas que apuntan a reforzar la estrategia de militarización.

En la conferencia mencionada, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray manifestaron el compromiso de los gobiernos de México y Estados Unidos para trabajar de manera conjunta en promover el desarrollo de los países de Centroamérica, detener la migración ilegal y que estos flujos generados en el llamado Triángulo del Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) se den de manera ordenada, segura y regular para alcanzar el arraigo de la población en sus países de origen. Desarrollar el capital humano, mejorar la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia, dinamizando el sector productivo y fortalecer las instituciones, fenómenos que en México siguen sin resolverse. Interesante que se reconozca que quienes abandonan sus países van en búsqueda de mejores oportunidades o que huyen de conflictos armados, violencia y crisis humana, pero lamentablemente no se propuso reformular los conceptos de migración económica y migración forzada como vía necesaria para superar una dicotomía que impide otorgar cabal apoyo a los migrantes.

Por la parte de Estados Unidos, quedó claro que se enfatiza la visión de la seguridad. El secretario de Estado Rex Tillerson señaló que hay que proteger las fronteras, pues sin seguridad no puede haber estabilidad: “Una Centroamérica más segura y más próspera será útil para vencer a los cárteles del narcotráfico”. Propuesta que refuerza el vicepresidente Mike Pence al prometer blindar la frontera a las drogas y a la migración ilegal. Se puso otro foco rojo en la conferencia, al señalar John Kelly, secretario de Seguridad Nacional, que hay una relación entre organizaciones criminales y organizaciones terroristas que tienen la capacidad de introducir materiales, personas y bombas sucias en Estados Unidos.

Por otro lado, es peligroso que se esté pensando en repetir una estrategia similar al Plan Colombia para Centroamérica, propuesta aparecida en el Miami Herald, en un texto de opinión del secretario Tillerson, John Kelly y Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Como se sabe, el Plan Colombia ha sido fuertemente criticado y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) ha señalado que militarizar el combate a las drogas ha implicado violaciones a los derechos humanos, ha prolongado el conflicto y no ha atajado la producción de drogas. Y resulta preocupante la pretensión de involucrar a México en funciones militares, ya que Kelly considera que el país tiene una gran experiencia en la lucha contra la corrupción dentro de la policía y tienen gran experiencia en operaciones militares para llegar a las instalaciones donde se ubican las drogas, justamente lo contrario de lo que piensa la sociedad mexicana.

La visión militar y de seguridad para enfrentar la crisis del Triángulo del Norte está en el ambiente, sin hacer ninguna concesión política por parte de Estados Unidos.

Por ejemplo, se anuncia un recorte de la ayuda al combate al narcotráfico en Centroamérica; John Kelly revocaba definitivamente el programa DAPA, creado por Barack Obama, que buscaba proteger de la deportación a 5 millones de inmigrantes indocumentados, padres de ciudadanos estadunidenses o de residentes legales. Y para colmo hay incertidumbre sobre la continuación del estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés), situación migratoria que incluye permiso laboral y se otorga a inmigrantes de países víctimas de conflictos armados y desastres naturales, como ha sido el caso de El Salvador, Honduras y Nicaragua. No se puede olvidar que muchas de estas condiciones siguen siendo secuelas del gravísimo intervencionismo estadunidense en décadas pasadas.

Es preocupante que siga privando la visión militar de Estados Unidos para enfrentar el conflicto de las drogas, pero lo peor es la subordinación de la región al poderoso vecino y un mal augurio para las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Ana María Aragonés

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