Justo cuando los militares conquistaron el mayor espacio político en un gobierno en democracia, los presupuestos de Defensa se derrumbaron, haciendo que las dos prioridades estratégicas, defensa de la Amazonia y el desarrollo de los yacimientos off-shore (pre-sal), resulten desatendidos por largo tiempo.
“La defensa de Brasil está abandonada”, escribe Roberto Mangabeira Unger, en un artículo que lleva ese título, publicado en Folha de Sao Paulo a mediados de setiembre.
Con datos elocuentes, asegura que el presupuesto de Defensa como participación del PIB está cayendo en el último cuarto de siglo, siendo similar al de Argentina (1,3%) y mucho más bajo que el de países de los BRICS como India, que alcanza el 2,4%.
Mangabeira es uno de los intelectuales más destacados de Brasil, profesor en Harvard y quien formuló la Estrategia Nacional de Defensa (END) en 2008, siendo ministro de Asuntos Estratégicos de 2007 a 2009 y en 2015, bajo los gobiernos de Luis Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff. De modo que sus opiniones tienen un peso considerable.
En el mencionado artículo, sostiene que en el Gobierno actual la presencia de militares es aún mayor que bajo la dictadura militar (1964-1985). Mangabeira sostiene que “no hay desarrollo sin afirmación rebelde del camino nacional”, y agrega que la END defiende la creación de un complejo industrial de defensa capaz de impulsar la economía por su “vanguardismo tecnológico”.
Finaliza su artículo acusando al presidente Jair Bolsonaro de “dejar al Brasil indefenso, mientras alardea de sumisión a EEUU y renuncia a cualquier estrategia nacional de desarrollo que no se resuma en agradar a los mercados financieros”. “Brasil se hunde en el estancamiento y la mediocridad”, concluye.
La reaparición de Mangabeira se produce en un momento en el cual los cuarteles manifiestan “decepción y desaliento”, según un artículo publicado el mismo día por O Globo. Para 2020 el presupuesto de Defensa registra una caída del 35% respecto a 2019, que ya era bajo, lo que supone cortes en los proyectos estratégicos de más del 30%.
Los proyectos más afectados incluyen las tres armas.
El Ejército encargó 1.580 unidades del blindado Guaraní, del cual ya fueron entregadas 300 unidades por la empresa Iveco. Se estimaba que el proyecto iniciado en 2012 finalizaría en 2031, pero ahora se adelanta que el último blindado será entregado en 2040. Para esa fecha “el carro no estará obsoleto, pero tal vez lo esté el concepto de defensa que lo involucra”, dijo un general a los diputados.
La Marina está viendo su presupuesto recortado en 18%, lo que retrasa el cronograma de entrega de submarinos, cuatro convencionales y uno nuclear. El proyecto comenzó en 2008, con la firma de un acuerdo con Francia que prevé traspaso de tecnología, cuestión que molestó especialmente al Pentágono.
La Fuerza Aérea prevé la construcción de 36 cazas Gripen con la sueca Saab, con transferencia de tecnología y fabricación de una parte del lote en Brasil, por parte de Embraer. Aunque ya le fue entregada la primera unidad, el recorte del presupuesto en un 52% agrava la falta de aparatos adecuados para la defensa del país, en contraste con Venezuela que posee 24 cazas rusos SU-30 y misiles S-300.
Otros proyectos afectados son el carguero militar KC-390, capaz de transportar hasta 21 toneladas, con el que Embraer pretende competir con los Hércules C-130, con la ventaja de sus motores a reacción que le dan mayor velocidad. Este programa estaba dotado con 1000 millones de reales anuales, pero para 2020 sólo le destinarán 548 millones, poco más de la mitad.
El programa de submarinos, denominado PROSUB, obtuvo 2.500 millones de reales en 2014, para caer a 1000 millones en 2020. En tanto, el sistema de monitoreo de fronteras (SISFRON), clave para la defensa de la Amazonia y el control de incendios, tuvo un presupuesto anual de más de 1000 millones de reales entre 2015 a 2017, para caer a sólo 643 millones en 2020.
Con semejante panorama, los militares no pueden estar satisfechos. Enfrentan tres problemas fundamentales, que se están convirtiendo en temores que pueden afectar su legitimidad ante la sociedad.
El primero es la alianza de sectores importantes de la burguesía brasileña, que se manifiesta en esta ofensiva de dos medios tan importantes como O Globo y Folha de Sao Paulo. El primero es un emporio mediático que controla desde televisoras hasta periódicos, que jugó un papel importante en la caída de Dilma Rousseff y en la expansión de la Operación Lava Jato contra Lula.
Folha encarna el pensamiento de una parte sustancial de los políticos y empresarios paulistas, los que toman las decisiones importantes en Brasil. Están diciendo que ya no aguantan a Bolsonaro y le envían un mensaje a los militares, que son los únicos que pueden apartarlo del poder, entregándolo a su vice el general Hamilton Mourao.
El segundo es un llamado de atención a que Brasil no sólo no tiene defensa sino que tampoco cuenta con una estrategia creíble y sólida como la que tuvo bajo los gobiernos de Lula (2003-2010), durante el régimen militar y, sobre todo, bajo los gobiernos de Getúlio Vargas que modernizaron el país (1934-1945 y 1951-1954).
La estrategia militar los lleva a ocupar cargos de gobierno con el objetivo de enrumbar al país en una dirección determinada. Ocupar esos espacios sólo para obtener remuneraciones elevadas o para evitar que otros, probablemente peores que ellos, lo hagan, los deslegitima ante la sociedad. Sacar a Brasil de la crisis está siendo más difícil de los que pensaban que Lula y el PT representan el mal, sólo por ser de izquierda.
El tercer problema se relaciona con el tiempo. Mangabeira finaliza con un alegato casi subversivo: “Levántese pueblo brasileño para oponerse a este plan contra la patria”. El desgaste de Bolsonaro, con intervenciones fuera de lugar en cada sitio al que acude, como su reciente discurso en Naciones Unidas, puede arrastrar a las Fuerzas Armadas a niveles de desprestigio como nunca antes conocieron.
Raúl Zibechi
Raúl Zibechi: Periodista e investigador uruguayo, especialista en movimientos sociales, escribe para Brecha de Uruguay, Gara del País Vasco y La Jornada de México.
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