Guatemala es una de las ventanas perfectas para demostrar que dentro del sistema capitalista y neoliberal, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) no significa beneficio para las grandes mayorías del país.
A esa contradicción tendrá que enfrentarse el nuevo presidente que salga elegido en las próximas elecciones, si se lo permite Estados Unidos.
Recordemos que antes de la II Guerra Mundial, Guatemala estaba en manos de unos pocos grandes hacendados y de las empresas estadounidenses, explotadoras del plátano, principal producto de la economía nacional, que se sostenía gracias al sometimiento de los trabajadores a un régimen de semiesclavitud, con fuertes desplazamientos migratorios internos de la población.
El gobierno de Jacobo Arbenz intentó cambiar ese sistema político, económico y social pero en junio de 1953 fue derrocado por la intervención de la CIA y de las grandes compañías latifundistas norteamericanas. El sistema neocolonial implantado desde entonces ha sumido en la pobreza y la miseria, aún más, al pueblo guatemalteco.
La segunda vuelta en las elecciones generales pactada para el 20 de agosto entre los candidatos que ganaron en la primera votación, Sandra Torres (15,7 %) del partido Unidad Nacional de la Esperanza y Bernardo Arévalo (11,8 %) del Movimiento Semilla, pondrá a prueba si por fin en la nación centroamericana podrá haber algún cambio en el sistema de apropiación de la riquezas del país.
Si se analizan a fondo los datos económicos y sociales de Guatemala, resultan anonadantes pues pese a ser uno de los países más ricos de Centroamérica, padece los niveles de desigualdad más altos del orbe.
Un informe del Banco Mundial indica que Guatemala es la economía más grande de América Central con un Producto Interno Bruto que se elevó en 2021 al 8 % y en 2022 al 4 %.
Pero ese aumento no está dirigido a reducir la enorme pobreza que padecen sus ciudadanos debido al sistema estructural del gobierno en el que persiste una monumental desigualdad económica y social.
El país produce café, algodón, banano, cardamomo, azúcar, frutas y carnes pero a Estados Unidos le resulta importante para tratar de mantener la hegemonía en la región, sobre todo después del surgimiento de gobiernos progresistas y democráticos en Nicaragua, Honduras y las difíciles relaciones que tiene con El Salvador de Nayib Bukele.
Por décadas, los esfuerzos de los diferentes gobiernos guatemaltecos se han dirigido a perpetuar los privilegios para una minoría lo cual ha contribuido a preservar un sistema de concentración de la riqueza y del poder en unos cuantos individuos.
El control del poder del Estado por parte de las élites criollas ha evitado cambios políticos, sociales y económicos que contribuyan al bienestar de toda la población.
Esa es la principal razón por la cual el 1 % de las personas más ricas tienen los mismos ingresos que la mitad de la población del país.
Las familias adineradas son las propietarias de todas las instituciones bancarias, empresas y negocios que mueven la economía.
Datos de organizaciones de las Naciones Unidas revelan que el 61.6 % de las personas viven en pobreza multidimensional, o sea, seis de cada diez, enfrentan privaciones en el 30 % o más de los 17 indicadores relacionados a salud, seguridad alimentaria y nutricional; educación; empleo digno; vivienda y acceso a servicios básicos.
Otros elementos aportados por la Organización No Gubernamental inglesa, OXFAM indican que la mortalidad infantil es tres veces mayor entre el 20 % de la población más pobre.
Las niñas indígenas pueden medir hasta 14 centímetros menos que la media de su edad debido a insuficiencia alimentaria crónica. Una persona pobre en Guatemala tiene 38 veces menos probabilidades de acceder a la universidad.
Las mujeres realizan cinco veces más tareas domésticas y de cuidado que los hombres. Existe un desmedido aumento de la violencia contra las féminas, así como la incidencia de mujeres desaparecidas, alto número de víctimas de trata, y delitos de explotación y violencia sexual.
Tanto las mujeres como la población indígena tienen tres veces menos representación en diputaciones con respecto al tamaño de su población.
El gasto nacional en salud en el sector público representa poco más de 2 % del PIB, de los cuales el Ministerio de Salud alcanza menos de 1 %.
Tras las posibles elecciones del 20 de agosto entre los candidatos Sandra Torres y Bernardo Arévalo (si no aparece otro inconveniente que las puedan suspender), el ganador deberá encargarse de mejorar un país con altos niveles de pobreza y desigualdad para que algún día las grandes mayorías puedan tener algún aliciente de sobrevivencia.
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