La deuda no explica toda la problemática de Grecia, que obviamente no se solucionaría con la condonación. Pero sí es un buen hilo argumental ya que en ella se concentran las principales claves de su trayectoria reciente. En efecto, la secuencia que sintetiza las últimas décadas en casi toda América Latina (AL), se repite en parte de Europa los últimos diez años: crisis→deuda externa→ajuste fondomonetarista→“deuda social”→…

Este paralelismo no es identidad, pues hay diferencias importantes entre ambas regiones (y en su interior). En especial en dos planos: a) en el grado de subordinación histórica al capital financiero internacional, materializado en el bloqueo del desarrollo de las fuerzas productivas, mucho más acendrado en AL; b) en el papel de los “procesos de integración” para la imposición del ajuste, central en los casos europeos. Igual que en 1982 ya había antecedentes de ajuste en AL (p. ej., en el Cono Sur, sobre todo desde los golpes de los setenta), también en Europa éstos ya se imponían, específicamente desde 1986 con el Acta Única, i.e., la “barra libre” al movimiento internacional de capitales, incompatible con la soberanía nacional y, por tanto, con la democracia.

Y al igual que la deuda externa -expresión de la crisis de los setenta en AL y otras regiones- fue la coartada para una mayor sistematización del ajuste, la deuda soberana en Europa ha sido expresión de la crisis que estalla en 2007-08 y, asimismo, la excusa para nuevas vueltas de tuerca en la imposición del ajuste.

Vale la pena consignar que no es que el ajuste tenga consecuencias sociales negativas, sino que es regresivo su contenido esencial mismo: la desvalorización de la fuerza de trabajo, tanto directa como indirectamente (regresivo porque el valor de la fuerza de trabajo es el principal medio de vida de la mayoría de la población).

En Europa y concretamente en Grecia la cuerda para el ahorcamiento se venía trenzando desde 1986 y aún más marcadamente desde 1993, con el Tratado de Maastricht (que establece el desafortunado nombre de UE, ya que ni es ni podría ser unión -dados los conflictos de clase e interimperialista siempre presentes- ni europea -habida cuenta de la subordinación al capital financiero estadounidense, desde el Plan del General Marshall hasta la Troika, caballo de Troya para el control directo por el FMI-). Así, los “criterios de convergencia” sólo hay indicadores monetarios y financieros (inflación, interés, déficit público y deuda pública), más severas restricciones democráticas (autonomía de los bancos centrales de todo control democrático; disciplinamiento de los presupuestos nacionales, sometidos a control previo de la Comisión Europea).

Así, la crisis de la deuda griega es la crónica de un estallido anunciado. En la mayoría de sus factores explicativos se halla la complicidad directa de las autoridades comunitarias, incluido el aval a la incorporación a la eurozona en 2003, sobre la base de unas cuentas públicas manipuladas con su colaboración. Además, la política económica previa había incluido una transferencia masiva de recursos al capital privado, ni entonces ni ahora cuestionado por la UE. Esto importa porque revela la falacia de que el ajuste sea una política de austeridad, ya que junto al recorte severo del gasto público social, existen transferencias masivas de recursos al capital privado, sobre todo con los rescates bancarios (el irlandés de 2010 fue de no menos de 50.000 millones de euros, casi un tercio del PIB).

Desde 2010 las instituciones del capital financiero se plantan ante Grecia, encaminándola a un escenario de destrucción sistemática de fuerzas productivas: más de 25% de desempleo y del 50% en los jóvenes; caídas acumuladas de salarios y pensiones superiores al 35%; tres millones de personas excluidas de la sanidad -más del 25%-; una cuarta parte de la capacidad instalada en estado ocioso… Este ataque brutal, dirigido por el capital financiero alemán (que, como buen capataz, acaba atendiendo a las exigencias del verdadero patrón, el estadounidense), provoca la respuesta de la clase trabajadora, cuyas sus condiciones de vida se ven impugnadas tan gravemente.

Para ello recurre a sus organizaciones, primero el tradicional partido socialdemócrata (PASOK) cuya dirección, presidida por Papandreu, lo inmola por la causa del ajuste en los acontecimientos de octubre-noviembre de 2011. Después, tras no pocos vaivenes con hitos simbólicos como la exigencia del sindicato policial POASY de una orden de arresto a los representantes de la troika o el informe de UBS titulado “Elecciones griegas: estamos preocupados, muy preocupados”, apoya cada vez más a la coalición Syriza, que en enero de 2015 gana las elecciones, formándose un gobierno presidido por Tsipras.

Tras seis meses de supuesta negociación con la troika, Tsipras convoca un referéndum sobre el paquete de ajuste que quiere imponer la UE “para la sostenibilidad de la deuda”. A pesar de toda la presión (el BCE decía que del club del euro no se sale y a la vez amenazaba a Grecia con la expulsión), el 5 de julio el pueblo griego vota mayoritariamente por el no, que triunfa con un 61%. Ocho días después el gobierno firma un acuerdo con la troika aún más regresivo que el rechazado en las urnas, traicionando así el mandato popular y el propio funcionamiento democrático de la dirección de Syriza (en su Comité Central, 109 de los 201 miembros exigían que no se firmara).

 

Desde entonces, pese a que los medios de comunicación burgueses lo han ocultado celosamente, la lucha de la clase trabajadora griega sigue plenamente desplegada, con constantes movilizaciones. Como decíamos al principio, la deuda no explica todo pero sí es un buen hilo conductor para mostrar cómo en Grecia se trata de imponer el ajuste hasta el final, para destruir todas las conquistas obreras y democráticas. Es decir, para una sistemática destrucción de las fuerzas productivas ante la que la resistencia no decae.

La experiencia griega ofrece enseñanzas valiosas: en primer lugar, que puede haber ajuste sin “acuerdos de libre comercio” y particularmente sin euro, pero no puede haber acuerdos de éstos sin ajuste, porque son un mecanismo para su imposición; en segundo lugar, la necesidad de rechazar todo pago al capital privado con la excusa de la deuda (auditarla sí, pero con la condición de suspender el pago previamente); en tercer lugar, los límites del terreno electoral.

En conclusión, sólo la organización independiente de la clase trabajadora, defendiendo incondicionalmente sus aspiraciones, hasta el final, puede abrir una salida digna de este nombre a la grave situación actual.

Xabier Arrizabalo Montoro

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