Globalización

Los ojos del país están sobre la Asamblea Ciudadana por la Defensa del Agua y los Páramos de Cuenca. Es la hora histórica de cosechar los enormes esfuerzos desplegados por las diversas comunidades que -por años- defienden la vida y resisten a las presiones de los intereses mineros transnacionales, aupados sobre todo por los recientes gobiernos. Sin duda una lucha desigual, pero donde la esperanza nunca decae.

El 1 de junio de 2018, el juez Paul Serrano, atendiendo los pedidos de acción de protección y medidas cautelares de las comunidades locales, dispuso suspender las actividades mineras en Río Blanco, uno de los cinco proyectos “estratégicos” para el Estado. La razón es simple: este proyecto se impuso sin el debido proceso al no contar con la consulta previa libre e informada a las comunidades ni con su consentimiento expreso. Una situación común en la mayoría de los proyectos mineros del país.

Esta sentencia sienta un precedente jurídico histórico al defender los derechos humanos, territoriales y de la Naturaleza en el país, pues reconoce que el Estado no garantizó el derecho a la consulta previa, libre e informada de comunidades indígenas en una región que resiste a la minería por más de 20 años. Tal decisión acertada del Juez Serrano permite creer en un sistema judicial independiente a los intereses de las empresas extractivas. Sin embargo, el 23 de julio de 2018 se dará la audiencia de apelación a la sentencia, ante lo cual exigimos que en dicha audiencia la sentencia sea ratificada.

Además, como muchos otros proyectos mineros, Río Blanco se lo impulsó atropellando el Mandato Constituyente número 6, expedido en Montecristi el 18 de agosto de 2008. Allí -entre otros puntos irrespetados- se prohíbe toda minería que afecte fuentes y nacimientos de agua. Es decir, NO PUEDE HABER MINERÍA en páramos, ríos, lagos y lagunas, humedales, manglares, selvas y bosques primarios… Algo vital pues, a más de agua y biodiversidad, se juega la vida de las comunidades y el futuro del Ecuador.

No olvidemos que la apropiación de recursos naturales, extraídos atropellando los Derechos Humanos y los Derechos de la Naturaleza demanda violencia: la violencia no es consecuencia de la minería, sino una condición necesaria para su existir. Estas son actividades impuestas sin importar sus impactos nocivos (sociales, ambientales, políticos, culturales, incluso económicos). Lo vemos en otros lugares del país: Cordillera del Cóndor en Morona Santiago y Zamora Chinchipe; Intag en Imbabura; Quimsacocha en el Azuay mismo.

Así, urge desactivar los conflictos territoriales provocados por la minería y respetar los Derechos Humanos de las comunidades afectadas. Urge proteger los ecosistemas cumpliendo con los Derechos de la Naturaleza vigentes en la Constitución. Urge decir basta a la imposición de “zonas de sacrificio” bajo falsas promesas de progreso y desarrollo sostenidas con mentiras como la posibilidad de una “minería sustentable”.

Si este lunes 23 de julio se resuelve en derecho, respetando el Mandato Constituyente N° 6 y la Constitución de Montecristi, la justicia deberá ratificar lo actuado. El Estado debe cumplir y hacer cumplir los derechos constitucionales y los estándares internacionales de los Derechos Humanos, tanto como los Derechos de la Naturaleza. Y en todo caso, la ciudadanía azuaya puede impulsar una consulta popular para alejar definitivamente estas amenazas contra la vida.

Sin embargo, no olviden compañeras y compañeros que solo la acción política sostenida de ustedes detendrá el festín minero del siglo XXI y solo así se podrá construir un Ecuador democrático. Su lucha incluso es inspiración, pues nos recuerda que la palabra la tenemos todos y todas, estemos o no directamente afectados por las perversas actividades mineras.

¡Ratifico mi solidaridad con esta lucha por la vida!

Alberto Acosta

Alberto Acosta: Economista y político ecuatoriano. Nació en Quito el 21 de julio de 1948. Profesor en varias universidades; hasta fines del 2016 fue profesor-investigador de FLACSO-Ecuador.  A lo largo de su vida ha mantenido un perfil intelectual de izquierda y de compromiso activo con los movimientos indígena, sindical y popular. Fue candidato a la Asamblea Constituyente de 1997-98, por parte del movimiento Pachakutik. Fue uno de los fundadores y uno de los redactores del plan de gobierno de Alianza PAIS, en la campaña electoral que llevó a la presidencia a Rafael Correa. Fue Ministro de Energía y Minas al inicio del gobierno de Correa, desde donde impulso la Iniciativa Yasuni ITT, surgida mucho antes en la sociedad civil. Posteriormente fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi (2007-08), desde allí promovió importantes transformaciones de alcance civilizatorio como el reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza, el Buen Vivir – sumak kawsay, el agua como un Derecho Humano fundamental, entre otros muchos avances. Se transformó en opositor al correismo, desde que éste empezó a amenazar la propia Constitución de Montecristi y la misma democracia, al tiempo que se alejaba de las propuestas revolucionarias con las que llegó al Poder. Fue candidato a la Presidencia de la República por la Coordinadora Plurinacional de las Izquierdas. Milita en el movimiento Montecristi Vive. Es autor de una gran cantidad de libros y artículos publicados en diversos países y en diversos idiomas, como lo es el libro “Bem Viver – Uma oportunidade para imaginar outros mundos”, publicado en Brasil.