Cada vez se comprueba con más fuerza que el sistema neoliberal está agotado en América Latina, una región donde muchos de sus países han sufrido durante decenas de años las exigencias de un capitalismo extremo impuesto por Estados Unidos.
El caso más reciente de esos fracasos ha sido el gobierno del derechista Guillermo Lasso, un banquero millonario protegido por Washington que en solo dos años llevó a Ecuador a una profunda crisis económica, política y social.
Acorralado por problemas de corrupción, mala gestión, creciente violencia delincuencial en la nación e incompetencia para resolver las graves dificultades de la población, el pasado 17 de mayo, el mandatario decidió disolver la Asamblea Nacional (Parlamento) con un proceso conocido como “muerte cruzada”, bajo el argumento de que existía en el país una “grave conmoción interna”.
Lasso utilizó ese mecanismo de forma fraudulenta (introducido en la Constitución en 2008), para terminar con el mandato de los asambleístas que lo iban a destituir, librarse del juicio político y conseguir unos meses más en la presidencia.
Inmediatamente después de declarar la “muerte cruzada”, el mandatario millonario salió hacia Estados Unidos con la excusa de revisar su salud, aunque los analistas aseguran que fue a recibir instrucciones.
En Washington se reunió, además de con el presidente Joe Biden, con dos senadores cubanoamericanos de ultraderecha, Marco Rubio y Bob Menéndez quienes afirmaron por escrito que «A medida que América Latina y el Caribe giran hacia gobiernos antiestadounidenses de izquierda, Ecuador sigue siendo un aliado estratégico e importante tanto para nuestro país como para la estabilidad de nuestra región».
A buen entendedor con pocas palabras bastan.
Pero ciertamente que no solo Lasso tiene la culpa de los numerosos problemas que tienen los ecuatorianos pues muchos comenzaron con el desgobierno de Lenin Moreno que le abrió las puertas a Washington a los oligarcas nacionales y a las compañías transnacionales.
Como consecuencias de los dos últimos desgobiernos, el panorama en Ecuador es caótico: la pobreza se sitúa en 38 % (en las zonas rurales 49 %) y la extrema en 16,2 %; más de 5,8 millones de ecuatorianos sobreviven con menos de 84 dólares al mes. La desnutrición afecta al 29 % de los niños de 0 a 5 años, cifras que aumentan al 42 % en el campo.
De cada diez personas con capacidad para trabajar, apenas tres de ellas tienen empleo. La inversión pública en salud, educación, e inclusión social cayeron a sus peores indicadores en comparación con la década anterior, debido a que para cumplir con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por los empréstitos entregados, Lasso las redujo en 2022 a 1 800 millones de dólares (el promedio era de 4 000 millones) y en el primer trimestre del año solo había entregado 67 millones de dólares.
A la par, cayó en picada la seguridad en la nación andina donde son constantes los robos, secuestros, asesinatos, luchas entre pandillas, extorsiones a comerciantes y motines carcelarios.
Cerca de 420 prisioneros han sido asesinados y más de mil heridos por las numerosas reyertas ocurridas dentro de las penitenciarias, las que fueron sofocadas con fuerte represión policial.
Lasso, desde su llegada al poder el 24 de mayo de 2021, puso gran esmero para presentar al país como vitrina del neoliberalismo. En los primeros ocho meses desmanteló Seguros Sucre, la principal empresa de seguros del Estado y repartió ese mercado entre sus socios financieros; creó un sistema para comercializar hidrocarburos y elevar los precios de los combustibles con el fin de beneficiar a los inversionistas privados y de esa forma los importadores de hidrocarburos podían utilizar la infraestructura estatal de Petroecuador sin abonar dinero.
Impuso, sin pasar por el Congreso, varias regulaciones para fomentar un mercado para la distribución de la energía eléctrica y le transfirió capacidades de derechos y control a las compañías privadas.
En su obsesión privativa, en el ultimo trimestre de 2021 envió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley con más de 400 artículos que reformaban más de 30 legislaciones, entre éstas las laborales en las cuales se planteaba que cuando un trabajador resultara despedido de forma intempestiva, debía ser el obrero quien indemnizara al empresario. El texto fue rechazado por la Asamblea.
También propuso la privatización de la banca pública de desarrollo, nuevos impuestos para las clases medias y regulaciones para los contratos petroleros, entre otros.
Al disolverse el Parlamento tras aplicarse la “muerte cruzada”, Lasso tratará de gobernar por decretos en los tres meses que le quedan antes de las elecciones generales pactadas para agosto.
Será una forma de fortalecer prebendas privadas y disminuir las capacidades del futuro gobierno, pero hasta ahora ese accionar no le ha dado resultado pues los dos proyectos de ley que ha enviado a la Corte Constitucional: la reforma tributaria y la de creación de zonas francas, están estancadas.
La realidad es que los países latinoamericanos, en su gran mayoría, están en busca de una mejor ruta económica y social para sus habitantes pues el sistema capitalista neoliberal ha sido un rotundo fracaso para las grandes mayorías.
Hedelberto López Blanch
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