Al parecer los recientes ataques coheteriles de Estados Unidos contra Siria, al margen del Consejo de Seguridad de la ONU, marcan un nuevo énfasis en el uso de la fuerza como base de la política exterior norteamericana.

El 6 de abril pasado, en una acción calificada de temeraria e irresponsable por el Gobierno de Damasco, los destructores USS Porter y USS Ross de la marina estadounidense ubicados en el mar Mediterráneo oriental lanzaron 59 misiles crucero Tomahawk contra la base aérea de Sheyrat, en la provincia de Homs.

Este operativo comenzó a las 20:30 (hora de Washington) contra ese enclave militar y zonas aledañas, con un saldo de una decena de muertos y daños significativos a las instalaciones y una parte de los medios aéreos allí ubicados.

Algunas fuentes especializadas señalan que apenas 23 de esos misiles impactaron en los refugios de los aviones, almacenes de combustible y municiones, así como sistemas de radares y defensa antiaérea y el resto cayó sobre aldeas ubicadas en los alrededores.

En una intervención de unos tres minutos poco después del golpe, el presidente Donald Trump justificó esa acción punitiva unilateral como un acto en defensa de ‘los intereses nacionales’, en respuesta al supuesto uso de armas químicas por parte de las fuerzas armadas sirias.

Los ataques comenzaron menos de una hora después de que Trump terminara una cena oficial en su residencia floridana de Mar-a-Lago con el presidente chino, Xi Jinping.

Esta ‘coincidencia’ la interpretó el diario The New York Times como una indiscutible señal agresiva sobre la voluntad del presidente de utilizar todo el poderío militar que está a su disposición y de forma expedita en la arena internacional.

Los golpes no recibieron el visto bueno del Congreso, donde desde hace más de un año está pendiente de análisis un proyecto de autorización del uso de la fuerza para permitir al jefe de la Casa Blanca emplear las fuerzas armadas, con muy contadas restricciones, con el pretexto de combatir al Estado Islámico (EI).

Los senadores republicanos John McCain, presidente del Comité de Servicios Armados de la cámara alta y su colega Lindsey Graham, apoyaron el golpe coheteril y pidieron a Trump escalar las operaciones para destruir la fuerza aérea siria.

Sin embargo, la máxima figura de los demócratas en el Comité de Inteligencia del Senado, Mark Warner, criticó el hecho y señaló que el mandatario necesita poner a un lado sus incongruencias y articular una estrategia más coherente ‘porque serían graves las consecuencias de un paso en falso’.

Como ocurre en estos procesos de toma de decisiones, los principales asesores militares y civiles presentaron al jefe de la Casa Blanca una gama de opciones, de las cuales él escogió el ataque coheteril.

Según medios de prensa estadounidenses, esa era la menos drástica de todas las propuestas presentadas por el secretario de Defensa, Jim Mattis, lo cual indica la magnitud de las otras variantes.

La rapidez de esta respuesta unilateral, anunciada a las autoridades rusas poco antes de llevarse a cabo, demuestra que el ataque estaba en preparación desde hace varios días e incluso el diario The Military Times anunciaba el jueves que altos jefes del Pentágono alistaban un inminente golpe contra suelo sirio.

La Estrategia de Seguridad Nacional aprobada en 2015 por el presidente Barack Obama y aún oficialmente en vigor establece que Washington debe priorizar otros elementos de su poderío, incluyendo la diplomacia y las sanciones económicas, antes de utilizar la fuerza militar contra cualquier país enemigo.

Aunque Obama mantuvo sus compromisos militares en Iraq y Afganistán, llevó a cabo ‘golpes limitados’ de forma sistemática en otras partes del mundo, como es el caso de Yemen y Pakistán con un saldo significativo de bajas civiles, pero no se involucró en una acción de gran envergadura como la de Trump contra Siria.

De cualquier manera es difícil prever hasta dónde llegarán las actividades militares estadounidenses contra Damasco y si habrá un incremento sustancial del número de fuerzas terrestres ubicadas en el norte de la nación árabe en misiones de apoyo a los grupos terroristas.

Por otra parte, el problema no es si el Congreso autorizó o no a Trump a llevar a cabo esta acción desproporcionada, sino que, a la luz del derecho internacional la incursión resulta una violación más, que al parecer, como en otras tantas ocasiones quedará impune.

Roberto García Hernández

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