Globalización

Activistas estadounidenses que permanecieron hasta hoy en la Embajada de Venezuela en esta capital se pronunciaron a favor de alcanzar un acuerdo para involucrar a un tercer país en la protección de esa sede diplomática.

Miembros de las organizaciones Code Pink, Popular Resistance y Answer Coalition permanecieron durante 37 días en el edificio para evitar que fuera entregado a la oposición del país sudamericano, en momentos en los que Washington desconoce al Gobierno constitucional de Nicolás Maduro.

Su estancia en el lugar solo concluyó hoy, cuando la policía de la capital estadounidense irrumpió y arrestó a los últimos cuatro integrantes del llamado Colectivo de Protección de la Embajada que seguían dentro de la sede.

Ese acto fue calificado de ilegal por parte de las organizaciones involucradas y por el ejecutivo de Maduro, quien llamó al mundo a tomar nota del exabrupto de Washington contra la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas.

Medea Benjamin, cofundadora de Code Pink, y Margaret Flowers, una de las activistas arrestadas este jueves, manifestaron en declaraciones a Prensa Latina que la acción de la Embajada era legal pues los participantes entraron por invitación del legítimo Gobierno venezolano.

La organización de Benjamin recordó en un comunicado que los miembros del colectivo se mudaron a la embajada de Venezuela en el vecindario de Georgetown para servir como una fuerza de protección provisional del edificio.

El objetivo de esa iniciativa era impedir que la sede fuera entregada a Carlos Vecchio, nombrado representante en Estados Unidos del diputado de la Asamblea Nacional considerada en desacato Juan Guaidó, quien en enero se autoproclamó presidente interino de Venezuela.

Del 10 al 30 de abril, los participantes en la acción pudieron ir y venir libremente del edificio, y hasta 50 activistas llegaron a dormir en el lugar.

A partir de ese último día, cuando Guaidó realizó un fallido intento de golpe de Estado respaldado por la administración de Donald Trump, un grupo de simpatizantes del opositor se trasladó a la Embajada con el fin de expulsar a los activistas y apoderarse del edificio.

Tocaron sirenas, cuernos y megáfonos, y rodearon el perímetro con tiendas de campaña, al tiempo que se negaron a permitir el ingreso de alimentos, medicamentos, suministros o personas. Varios activistas por la paz fueron agredidos físicamente y arrestados en un intento de acercarse con comida, denunció Code Pink.

El 8 de mayo, en tanto, la Potomac Electric Power Company, asistida por el Servicio Secreto, cortó la electricidad de la Embajada a pesar de que todas las facturas estaban pagadas en su totalidad.

Asimismo, el pasado lunes el Servicio Secreto, la policía de Washington DC y agentes del Departamento de Estado intentaron una redada coordinada en la Embajada, y la abogada Mara Verheyden-Hilliard intervino en nombre de los activistas cuando agentes federales ingresaron al edificio, informó Popular Resistance.

Según la agrupación, la letrada les dijo a esas fuerzas que no tenían autoridad legal para ingresar al lugar porque no presentaron un documento firmado que les permitiera realizar arrestos, los cuales sí se concretaron hoy.

En medio de todas esas acciones, el colectivo sostiene que las detenciones son ilegales en virtud de los artículos 22 y 45 de las Convención de Viena, en los cuales se establece que los locales diplomáticos son ‘inviolables’ y los agentes del Estado receptor no pueden entrar a ellos, excepto con el consentimiento del jefe de la misión.

‘La administración Trump no solo ha permitido la incautación ilegal de locales diplomáticos pertenecientes a Venezuela, sino que también la ha facilitado activamente al otorgar el edificio del agregado militar y el consulado de la ciudad de Nueva York a la oposición’, apuntó Code Pink.

Esta lucha está lejos de terminar, ha dicho Benjamin, quien aseguró a Prensa Latina que continuarán con las movilizaciones ante la Embajada.

A través del comunicado difundido por su agrupación la activista sostuvo que seguirán utilizando todos los métodos a su disposición para mantener ese espacio vacío hasta que se pueda elaborar una solución diplomática, un acuerdo de potencia protectora, entre Estados Unidos y Venezuela.

Tal solución está acorde con el artículo 45 de la mencionada convención, el cual sostiene que en caso de ruptura de las relaciones diplomáticas -lo cual ocurrió en enero- ‘el Estado acreditante podrá confiar la custodia de los locales de la misión, así como de sus bienes y archivos, a un tercer Estado aceptable para el Estado receptor’.

Estados Unidos ha nombrado a Suiza como esa tercera nación para proteger su sede diplomática en Caracas.

Por su parte, Venezuela propuso a Turquía para encargarse del edificio en Washington DC, pero el embajador del país sudamericano ante la ONU, Samuel Moncada, criticó ayer que la administración Trump no acepta ni reconoce la propuesta de poder protector presentada por Caracas.

Si bien tratamos de contactar con autoridades norteamericanas para detener esas violaciones al derecho internacional y la Carta de la ONU, ellos alegan que no reconocen al Gobierno legítimo de Nicolás Maduro, pero sí piden protección para sus sedes en mi país: es totalmente contradictorio, señaló Moncada.

Tales acciones violentas contra el lugar donde estaba la Embajada venezolana en Washington representan una amenaza para todas las sedes diplomáticas pues sienta un precedente muy peligroso, consideró.

Luego de las acciones de este jueves, Code Pink advirtió que las negociaciones clave sobre un Estado protector se romperían si Washington entrega ilegalmente el sitio a la oposición liderada por Guaidó.

Martha Andrés Román