Globalización

Cuando Fernanda Rangel y su amiga Jazmín entraron al supermercado Albertson sintieron ese “olor a limpio” que reconocieron casi como propio. Habían trabajado duro durante dos días para dejarlo reluciente. Algunos dicen que cuando un lugar huele a lavandina o vinagre blanco es porque algún latino o latina allí estuvo fregando. Orgullosas de su trabajo, Fernanda y Jazmín (nombre ficticio) fueron a la Oficina de Recursos Humanos a retirar su pago, aunque con cierta duda: no sabían claramente cuánto les pagarían por hora. Les habían dicho que debido a que el pago sería en efectivo, no se les requeriría ningún documento en particular. Sin embargo, a la hora de cobrar, el empleado les dijo que no podía pagarles su trabajo porque ellas no tenían una tarjeta de Seguro Social, el principal documento para acreditar la estancia como inmigrante autorizado por el gobierno de Estados Unidos.

Fernanda y su amiga recorrieron un largo camino desde su pueblo natal en México hasta la oficina de la Procuradoría General del Estado de New Mexico donde testimoniaron sobre el robo de salarios a los trabajadores en una conferencia de prensa (Abq, 22/8/2013). Jovencitas ellas, con un hijo pequeño cada una, llegaron a la “tierra soñada” hace unos 8 años. Una de ellas, es mamá soltera y único sostén familiar (como casi el 15% de los hogares latinos). (Fte: “Mind the gap: Unemployment, income, and earnings for Hispanics and non-Hispanic Whites in and before the Great Recession“, G. Bradley, NMVoices for Children, 8/2012)

Estas mujeres presentan características comunes a la mayoría de las víctimas de robo de salario: son inmigrantes;  trabajan en actividades que no requieren especialización como peón o jornalero; su salario está entre los más bajos de la escala laboral; su fluidez en el idioma inglés es limitada; y como mujeres, son las más victimizadas.

El robo por parte de los patrones asume diversas modalidades tales como no pagar horas extras, forzar a los trabajadores a realizar horas extras, pagar sumas inferiores al salario mínimo estipulado o denegar el último pago. Además, casi siempre el delito de robar salario suele venir (mal) acompañado de abusos verbales y/o físicos (Fte:“Mexican Immigrants and wage theft in New Mexico”, A. Schrank-J. Garrick, UNM, 2013).

En New Mexico, uno de los estados más pobres del país, los sectores de la economía que más aprovechan de mano de obra disfrazada son principalmente la construcción (peones de albañil), los servicios de mantenimiento y limpieza (camareras, sirvientas, mucamas, jardineros, obreros de maestranza), y la agricultura en particular en la recolección del chile, principal producción de la región.  (Fte:“The state of working New Mexico 2013”,  G. Bradley, NMVoices for Children, 5/2013)

En el caso de este estado del suroeste estadounidense, a pesar de que la fuerza laboral inmigrante le aportó 6.4 billones de  dólares anuales al Producto Bruto Interno (y que su aporte sería aún mayor si aquéllos trabajadores sin residencia regularizada fueran autorizados a trabajar legalmente), la inercia gubernamental continúa cerrando los ojos ante el robo de salarios a través de una llamativa tendencia a la inacción, una intrincada burocracia y la inaccesibilidad a sus servicios. (Fte: “The consequences of legalization versus mass deportation in New Mexico”, R. Hinojosa-Ojeda, Center for American Progress, 8/2012).

La situación de Fernanda y Jazmín se enmarca en una dominante negación para los trabajadores latinos, “con papeles” o “sin papeles”, del derecho humano que dicta que a igual trabajo corresponde igual salario, “sin discriminación alguna”(Art. 23, Declaración Universal de los Derechos Humanos). En el país, los latinos siguen ganando salarios inferiores a otros grupos étnicos. Durante la última Gran Recesión 2007-2009 fueron severamente afectados en comparación a la dominante población blanca o anglosajona. Durante dicho período, según la AFL-CIO (siglas en inglés de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales) la tasa de desempleo fue de 12,2% entre los latinos en comparación a la población blanca (8,7%) (Fte: “Labor Day Report on Latinos”, AFL-CIO, 2013).

Mientras el debate por una reforma migratoria sigue transitando por los rieles de un tren fantasma en la Casa Blanca, el aprovechamiento de la vulnerabilidad de los inmigrantes continúa cobrando víctimas. No es algo nuevo en la historia de las migraciones. Explotados por sus propios compatriotas, por el país anfitrión, por los países de tránsito o por traficantes internacionales de trabajadores, los inmigrantes recorren un sendero de múltiples victimizaciones.

Organizaciones no gubernamentales como Somos Un Pueblo Unido, New Mexico Faith Coalition for Immigrant Justice, Centro de Igualdad y Derechos, entre otras, asumen el espacio de la denuncia, el asesoramiento legal y el reclamo. Los sindicatos, organizaciones que por su naturaleza deberían ocuparse de la protección de los trabajadores, brillan por su ausencia. Representan una cáscara vaciada por las diferentes políticas de quiebre de las negociaciones colectivas con la falaz argumentación de que la libre oferta y demanda regula el trabajo. Durante la celebración del Día del Trabajo (2 de septiembre), hasta la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos salió a reclamar por el protagonismo sindical en esta problemática: “Los sindicatos, como todas las instituciones humanas, son imperfectas y tienen que continuar reformándose para mantenerse enfocados en los asuntos importantes de los salarios suficientes para vivir y beneficios apropiados, aumentar el salario mínimo, detener el robo de salarios, defender las condiciones de trabajo seguras y saludables y otros asuntos que promueven el bien común.” (Labor Day Statement, Bishop S. E. Blaire of Stockton, 2/9/2013)

Estados Unidos ha desarrollado una “epidemia de robo de salario”. Según el Economic Policy Institute, cada año, la cantidad de dinero robado por los empleadores a sus empleados es mayor al total de dinero obtenido por los ladrones de bancos, gasolineras y tiendas en el país (“The ‘Paycheck Protection’ Racket.Tilting the political playing field toward corporate power and away from working Americans”, G. Lafer, EPI, 4/2013).

Y las oficinas de gobierno se prestan al juego. En el caso de estados profundamente conservadores en cuanto a política migratoria como Arizona,  los agentes federales realizan redadas en lugares de trabajo con la excusa de indagar fraudes financieros presumiendo que se roban salarios y, por ende, se evaden impuestos. Pero las inspecciones a mano armada estilo Rambo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, sigla en inglés), terminan en la detención de los trabajadores estafados y no de los empresarios, como por ejemplo la reciente redada en un negocio de lavado de autos en Phoenix que resultó en más de 200 inmigrantes detenidos, mayoritariamente peones de limpieza. ¿Y el patrón? Sigue en su casa. (New York Times, “Carwash managers held in immigrations raids”, 20/8/2013)

En otros casos como New Mexico, gobernado también por mayoría republicana, las instancias gubernamentales cierran los ojos y hacen el juego a través de la negligencia, la indiferencia y la falta de proactividad en la protección de los trabajadores. A la hora de hacer un reclamo, ofrece un laberinto con múltiples ventanillas. Y, a pesar de que la principal población afectada habla otros idiomas (principalmente, el español), la información respecto a derechos laborales, si está disponible, se presenta en inglés.

El camino de Fernanda y Jazmín hacia la búsqueda de justicia aún requiere largos zancos, mucha lavandina y, en especial, un paso gigante hacia la visibilidad latina. Porque, por ahora, en Estados Unidos: patrón que roba a peón cuenta con cien años de perdón.

Cristina Baccin © Septiembre 2013

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