Globalización

Cuando las Naciones Unidas crean una “comisión de investigación”, ésta puede dar lugar a un poderoso análisis de las violaciones de la legislación sobre derechos humanos, como la designada en 2021 para examinar la ocupación ilegal por Israel de los territorios palestinos y sus prácticas de apartheid. Pero otras comisiones pueden convertirse en plataformas políticas destinadas a demonizar a un gobierno especifico mediante la elaboración de relatos que den la impresión de objetividad, al tiempo que se suprimen todas las pruebas que contradigan el consenso geopolítico imperante. El objetivo último de estas comisiones no es investigar ni proporcionar asesoramiento o asistencia técnica, sino apoyar una campaña de desestabilización. Pretenden convencer al mundo que el gobierno bajo “investigación” es culpable de graves violaciones de los derechos humanos de la población y que por consiguiente debe activarse la doctrina de la “responsabilidad de proteger” (conocida como R2P). En otras palabras, el cambio de régimen, incluso por la fuerza, sería preferible a la inacción. Esta vulgar instrumentalización de los derechos humanos es una de las herramientas favoritas de algunos Estados hegemónicos. Este narrativo cuenta con el apoyo de instituciones y organizaciones no gubernamentales financiadas por las hegemonías y difundidas por las cámaras de eco de los principales medios de comunicación.

Un ejemplo de ello es el trabajo del “grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua” (GHREN) de la ONU, designado para investigar presuntas violaciones en el país en el período transcurrido desde abril de 2018. La fecha se elige porque marcó el inicio de protestas violentas, que rápidamente se convirtieron en un intento de golpe de Estado. La violencia duró tres meses y dejó más de 250 muertos, entre opositores al gobierno, funcionarios y simpatizantes, y 22 policías.

El primer informe del grupo, de febrero de 2023, tenía 300 páginas. Parecía ser muy detallado: por ejemplo, incluía un estudio de caso de 9 páginas sobre los acontecimientos en una ciudad nicaragüense, Masaya, durante el período comprendido entre abril y julio de 2018. Sin embargo, a pesar de este detalle, el GHREN ignoró la asignación que se había establecido para su trabajo, que requería explícitamente que investigara “todos” los eventos relevantes. El informe omitió por completo, o mencionó muy brevemente, los numerosos actos extremos de violencia cometidos por los implicados en la intentona golpista. En su lugar, se centró únicamente en las supuestas violaciones de los derechos humanos por parte de funcionarios del gobierno y, a la hora de recopilar pruebas, el grupo dio acceso preferente a una serie de ONG muy críticas con el gobierno nicaragüense.

La Coalición de Solidaridad con Nicaragua, un grupo formado por organizaciones e individuos de Estados Unidos y Canadá, Europa y América Latina, incluida la propia Nicaragua, respondió detalladamente al trabajo del GHREN. Su carta pidiendo la retirada del informe fue firmada por destacados expertos en derechos humanos, 85 organizaciones diferentes y más de 450 individuos. A pesar del número de personas que la apoyaban, la carta y las pruebas detalladas presentadas no recibieron respuesta alguna.

De hecho, el GHREN continuó su trabajo y en febrero de 2024 publicó otro informe, esta vez sin mencionar siquiera de pasada la violencia de la oposición. No hacía referencia alguna a las alegaciones de la Coalición: era como si las críticas del primer informe y las pruebas que las corroboraban nunca hubieran existido.

Como uno de los expertos en derechos humanos que criticó el primer informe del GHREN, y como uno de los organizadores de la respuesta de la Coalición, hemos trabajado juntos para elaborar una segunda carta, que se ha enviado al GHREN y al Presidente y altos funcionarios del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Esta nueva carta afirma que el último informe es “metodológicamente defectuoso, tendencioso y nunca debería haberse publicado”. Sostiene que “excluir información pertinente presentada al grupo de estudio es una violación de la metodología responsable, una violación del ethos de toda investigación judicial o cuasi judicial”. La carta está firmada por diez destacados expertos y activistas de derechos humanos, 47 organizaciones y más de 250 particulares de Nicaragua, Estados Unidos y Europa, muchos de ellos con una larga experiencia en Nicaragua. (La Coalición sigue recogiendo firmas, que serán enviadas en seguimiento en una fecha posterior).

¿Qué hay de malo en el último informe del GHREN? En sus 19 páginas se pueden encontrar muchos ejemplos de parcialidad y omisiones. Uno de ellos es su referencia a la amnistía anunciada por el gobierno nicaragüense en 2019 para los detenidos y declarados culpables de delitos, incluso homicidio, durante el intento de golpe de Estado. La amnistía fue un resultado de las negociaciones con la Iglesia Católica y otros, con el objetivo de lograr la reconciliación tras el intento de golpe. Sin embargo, el GHREN presenta la amnistía como algo que sólo benefició al propio Estado, cuando en realidad sus principales beneficiarios fueron más de 400 figuras de la oposición, incluidos organizadores del golpe, que habían sido condenados por delitos violentos. Uno de los beneficiarios más destacados, Medardo Mairena, había organizado varios atentados mortales contra comisarías de policía: el peor, en la pequeña ciudad de Morrito, se saldó con cinco muertos y nueve policías secuestrados y golpeados. A pesar de sus crímenes, el GHREN presentó a Mairena como una víctima: incluso fue una de las figuras de la oposición invitadas a intervenir ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en julio de 2023.

Un segundo ejemplo es el tratamiento que el informe da a la migración. Inicialmente, el informe afirmaba que 935.065 personas habían abandonado Nicaragua, es decir, que uno de cada ocho habitantes había “huido del país desde 2018.” Esta fue la cifra que recibió publicidad, a pesar de ser absurdamente alta. A los pocos días el GHREN se dio cuenta de su error y revisó su informe, de modo que la versión que aparece actualmente en la web dice en cambio que 271.740 nicaragüenses se han convertido en solicitantes de asilo y 18.545 nicaragüenses son reconocidos como refugiados en todo el mundo (menos de 1 de cada 20 de la población). Pero el informe sigue sin prestar atención a la evidencia de que la mayor parte de la migración desde Nicaragua en los últimos cinco años ha tenido una motivación económica, dados los efectos de las medidas coercitivas de Estados Unidos sobre el país, y las recesiones económicas derivadas del propio intento de golpe de Estado y de la posterior pandemia de Covid-19. Tampoco tiene en cuenta el hecho de que muchos emigrantes regresan a Nicaragua tras haber trabajado en el extranjero. En otras palabras, incluso la cifra más baja probablemente exagera el número de nicaragüenses que (en palabras originales del informe) “huyeron del país.”

El sesgo más atroz del informe es su tratamiento de las figuras de la oposición como víctimas. Sí, es cierto que ha habido detenciones, encarcelamientos y la expulsión del país (con el acuerdo y la facilitación de EE.UU.) de muchos de los detenidos. Pero el informe del GHREN asume que los afectados son inocentes de cualquier delito y que simplemente están siendo perseguidos como opositores al gobierno. Alimenta la narrativa de Washington, sus aliados y los medios corporativos de que lo ocurrido en 2018 fue una protesta pacífica, cuando en la práctica el violento intento de golpe afectó a millones de nicaragüenses, con pérdidas de vidas, edificios públicos destruidos, viviendas incendiadas y decenas de funcionarios y simpatizantes del gobierno secuestrados, torturados, heridos o asesinados. El GHREN hizo caso omiso de las abundantes y detalladas pruebas aportadas por la Coalición, que presentaban una versión más exacta de lo sucedido.

Es vital que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU preste atención a estas críticas y revise a fondo sus relaciones con Nicaragua. Está claro que el actual grupo de expertos ha fracasado en su tarea de considerar “todos” los acontecimientos relevantes desde abril de 2018 y se está comportando de una manera completamente no profesional. Su trabajo debe detenerse, y debe hacerse un intento genuino de trabajar con el gobierno nicaragüense basado en una comprensión adecuada de las necesidades de su pueblo y de su experiencia del intento de golpe de 2018. Sobre todo, debería instar a la eliminación de las medidas coercitivas unilaterales (erróneamente denominadas “sanciones”, dando a entender que son legítimas), que están empeorando las condiciones de los nicaragüenses, en lugar de mejorarlas.

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Coda por Alfred de Zayas

La situación disfuncional descrita no carece de precedentes. Durante mis seis años como Experto Independiente en Orden Internacional (2012-18), yo mismo observé manipulaciones y dobles raseros, e informé debidamente a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) de que, en mi opinión, algunos de mis colegas relatores no estaban observando rigurosamente su condición de independientes ni nuestro código de conducta, en particular el artículo 6, que exige que todos los relatores den la debida importancia a toda la información disponible y busquen proactivamente explicaciones de todas las partes interesadas, incluido el gobierno del Estado en cuestión, respetando la norma general de audiatur et altera pars (“que se escuche también a la otra parte”).

Cuando en el verano de 2017 solicité una invitación para visitar Venezuela en misión oficial, encontré oposición dentro de la OACDH, que intentó disuadirme. Cuando recibí la invitación, rompiendo así una ausencia de 21 años de relatores de la ONU en Venezuela, me sorprendió recibir cartas de tres importantes ONG que en realidad me pedían que no fuera, porque yo no era el relator “pertinente”. Evidentemente, estas ONG y algunos funcionarios de la OACDH estaban “preocupados” por mi independencia, ya demostrada en 12 informes a la Asamblea General y al Consejo de Derechos Humanos, y temían, en consecuencia, que escribiera mi propio informe sobre Venezuela, que no apoyaría necesariamente la omnipresente narrativa estadounidense.

Me quedó claro que a algunos funcionarios de la OACDH les ponía nervioso que yo realizara realmente una investigación independiente, sin a prioris, hablara con todas las partes interesadas y luego emitiera mi propio juicio. De hecho, leí y digerí todos los informes pertinentes de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cuando estuve sobre el terreno en Venezuela chequeé la veracidad de estos y otros informes, que me parecieron no solo deficientes, pero partidarios. También consulté los informes de organizaciones no gubernamentales locales en Venezuela, incluidos los de Fundalatin, Grupo Sures y Red Nacional de Derechos Humanos, y leí el análisis económico de la profesora venezolana Pasqualina Curcio.

Cuando en noviembre/diciembre de 2017 llevé a cabo la primera visita a Venezuela de un relator de la ONU en 21 años, fui objeto de acoso antes, durante y después de la misión. Soporté un aluvión de insultos e incluso amenazas de muerte. A pesar de la atmósfera de intimidación, mi misión tuvo resultados positivos, como la liberación inmediata del político de la oposición Roberto Picón (su esposa y su hijo recurrieron a mí, y yo presenté el caso al entonces ministro de Asuntos Exteriores, Jorge Arreaza), la liberación de otros 80 detenidos, una mayor cooperación entre los organismos de la ONU y el gobierno, y nuevos memorandos de entendimiento. La misión abrió la puerta a las visitas de otros relatores, como los profesores Alena Douhan y Michael Fakhri, así como de la Alta Comisionada Michelle Bachelet. Mi informe al Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2018 identificó una serie de problemas, abordando las causas profundas, formuló recomendaciones concretas y pragmáticas de solución, incorporando la información recibida de todas las partes interesadas, incluidos los parlamentarios de la oposición, la Cámara de Comercio, la prensa, el cuerpo diplomático, líderes religiosos, profesores universitarios, estudiantes y más de 40 ONG de todos los colores. El informe fue criticado por las principales ONG de Estados Unidos y Europa, para quienes sólo son dignos de elogio los relatores que se dedican a “nombrar y avergonzar” y promueven el cambio de régimen. 

Los capítulos 2 y 3 de mi libro sobre La industria de los derechos humanos documentan los problemas endémicos en el funcionamiento de la OACDH y del Consejo de Derechos Humanos, que siguen atendiendo a las prioridades de los principales donantes. Sin embargo, la percepción general de la OACDH y del Consejo de Derechos Humanos promovida por los principales medios de comunicación otorga gratuitamente a ambas instituciones autoridad y credibilidad, sin abordar los problemas de objetividad ya expuestos por varios relatores, entre los que me incluyo.

Esta dependencia de la OACDH y del Consejo de Derechos Humanos respecto a Washington y Bruselas explica algunas de las abstrusas decisiones y resoluciones adoptadas por el Consejo. Parte del problema radica en las formas de contratación del personal y en los procedimientos de nombramiento de los expertos, incluidos los relatores, expertos independientes y miembros de las comisiones.

Por ejemplo, no se avanza en la “representación geográfica” simplemente contratando a alguien de Mauricio o Indonesia, si esa persona ha sido formada y adoctrinada en universidades de Estados Unidos y el Reino Unido. La “diversidad geográfica” no garantiza necesariamente la representación de un espectro de opiniones y enfoques de los problemas. No significa gran cosa cuando hay tantas y tantas personas que están marcadas contra una nacionalidad concreta, por ejemplo, estadounidense, francesa, rusa, china o sudafricana. Lo que es crucial es garantizar que todas las escuelas de pensamiento y filosofía jurídica estén representadas. Lo importante es que, cuando se contrate o nombre a un candidato de un Estado X, éste tenga ante todo en cuenta los intereses de las Naciones Unidas y no se comprometa a priori a apoyar los intereses de Estados Unidos o de una de las potencias europeas. No cuestiono la competencia o la experiencia de los miembros del personal y de los expertos, sino su ética y su independencia, su compromiso con los valores de la Carta de las Naciones Unidas y su compromiso con la imparcialidad.  La selectividad y los dobles raseros socavan la seriedad del trabajo del Consejo de DDHH y de la Oficina del Alto Comisionado.

Existen otros obstáculos a la imparcialidad. De hecho, algunos miembros del personal de la OACDH son penalizados si hacen bien su trabajo y NO siguen las órdenes que vienen de arriba, que en su mayoría son favorables a Estados Unidos y Bruselas. Es una realidad lamentable que los donantes tengan un gran peso a la hora de establecer la agenda. No existe ningún mecanismo que garantice que se respete el código de conducta de los relatores, en particular el Artículo 6. La impunidad por ponerse abiertamente del lado de Estados Unidos y Bruselas e ignorar al resto del mundo es notoria. En otras palabras, la OACDH y el Consejo de Derechos Humanos han sido en gran medida “secuestrados”, como también lo han sido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esto plantea la cuestión que Juvenalis formuló en su sexta Sátira (versos 346-7): Quis custodiet ipsos custodes? – “¿quién custodiará a los custodios?”.

La experiencia demuestra que ser un profesional sólido NO facilita la obtención de un ascenso. Es probable que uno sea penalizado. Acatar la “ley no escrita” del “pensamiento de grupo” y apoyar las narrativas occidentales sí contribuye al desarrollo de la carrera. Y, por desgracia, la mayoría de los funcionarios están interesados ante todo en sus carreras, y no necesariamente en promover los derechos humanos. Como en todas partes, se trata de un empleo bien remunerado.

Algunos observadores externos han comprendido a qué juego se está jugando y cuáles son las reglas. La realidad en la OACDH y el Consejo de Derechos Humanos está más cerca del maquiavelismo y el orwellianismo que de la espiritualidad de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los ideales de Eleanor Roosevelt, René Cassin, Charles Malik, P.C. Chang y otros. A pesar de estos problemas, somos optimistas en cuanto a la posibilidad de reformar el sistema, y animamos a los académicos, a los activistas de derechos humanos, a todas las organizaciones no gubernamentales de buena voluntad y buena fe a insistir en la reforma de estas instituciones para que sirvan a toda la humanidad y no sólo a los intereses de un puñado de Estados poderosos. Entre las ONG que están haciendo propuestas concretas de reforma se encuentran la Asociación Internacional de Derechos Humanos de las Minorías Americanas y el Instituto Internacional de Ginebra para la Investigación de la Paz, ambos con estatus consultivo en Naciones Unidas.

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Alfred de Zayas es profesor de Derecho Internacional en la Escuela Diplomática de Ginebra y ex Experto Independiente de la ONU sobre el Orden Internacional (2012-18).

John Perry reside en Masaya (Nicaragua) y escribe para London Review of Books, Covert Action, Council on Hemispheric Affairs, Fairness & Accuracy in Reporting, Counterpunch, The Grayzone y otras publicaciones.