El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, está estimulando una ruptura institucional en la segunda democracia más grande del continente americano, de manera similar a la que intentó Donald Trump en Estados Unidos.
Bolsonaro no solamente promueve la quiebra de disciplina en el ejército sino que amenaza con impedir la organización de las elecciones del próximo año. Todos estos hechos dan muestra de una democracia amenazada cada vez con mayor intensidad. Y el problema es que en Brasil, a diferencia de Estados Unidos, la cúpula de las fuerzas armadas ha jugado un papel central en este objetivo, muchas veces respaldando las embestidas autoritarias del capitán retirado.
Han sido tantas las líneas rojas cruzadas por el gobierno de extrema derecha en Brasil que es difícil percibir en qué momento se está frente a lo inaceptable. Pero este es ese momento.
Brasil vive un proceso acelerado de degradación institucional. En asuntos tan relevantes como el medioambiente, la justicia, las relaciones exteriores, la educación o la cultura, el Estado brasileño ha sido progresivamente carcomido por el bolsonarismo. Sin embargo, pocos sectores han sido tan duramente impactados como el del ejército y la defensa nacional. De modo que si las fuerzas armadas quieren mantener su apego a las leyes y la Constitución, tienen que decidir si están con Bolsonaro o con la democracia.
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Tras la llegada de Bolsonaro al poder, en 2019, según reportes periodísticos, no menos de 6000 oficiales han ocupado cargos gubernamentales que deberían ser desempeñados por civiles. Durante su mandato, las fuerzas castrenses han salido de los cuarteles para ocupar cada vez más poder. Y para algunos de ellos también ha sido la ocasión de enriquecerse. El sector salud es un buen ejemplo.
Ahora que la prioridad debería ser la atención de la pandemia, los especialistas de salud pública han sido reemplazados en los puestos directivos del Ministerio de Salud (que dispone del segundo mayor presupuesto del gobierno) por generales o miembros del ejército. Estos últimos, junto con oficiales apadrinados por los políticos del centrão, la alianza de derecha y centro derecha que apoya a Bolsonaro en el Congreso, han socavado las políticas sanitarias que funcionaron durante décadas. Algunas de ellas, como el Programa Nacional de Inmunización, fueron creadas durante la dictadura militar. Otras, como el Sistema Único de Salud, lo fueron por la Constitución democrática de 1988. Ambas han permitido a Brasil ser uno de los líderes mundiales en vacunación masiva, como en 2009 cuando logró vacunar a 88 millones de personas en tres meses contra el virus H1N1.
Gracias a una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) y al trabajo de la prensa, se está conociendo la naturaleza corrupta de estas nuevas políticas: desvío de recursos destinados a la compra de vacunas en favor del presupuesto de mantenimiento de aviones del ejército, así como fuertes indicios de participación de militares activos y en retiro en la compra de vacunas a sobreprecio, incluyendo al ex ministro de Salud de Bolsonaro, el general Eduardo Pazuello. Las altas autoridades castrenses han exigido públicamente la impunidad para los suyos. Al hacerlo, el ejército dobla su apuesta a favor de los anhelos golpistas de Bolsonaro, y en contra de la democracia brasileña.
Antes de adherirse a una aventura antidemocrática, los militares deben ponderar que Bolsonaro es cada día más impopular.
Por primera vez en su presidencia, más de la mitad de los brasileños rechaza su gobierno, según una encuesta de Datafolha, y el 62 por ciento de ellos se opone a la participación de militares en manifestaciones políticas. Pero los militares le han tomado gusto a pronunciarse políticamente (así sea ilegal), como cuando en 2018 un alto comando castrense presionó por Twitter al Supremo Tribunal Federal para encarcelar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. El respaldo público de diversos integrantes del ejército a un líder que, ante un escenario electoral cada vez más adverso, sueña con eternizarse en la presidencia, podría ayudar a ponerle fin a la democracia.
Evitar este trágico desenlace debe ser la tarea de todos los demócratas. Los congresistas brasileños deberían aprobar el proyecto de ley que prohíbe la contratación de militares activos para cargos civiles y que recibió el apoyo de numerosos ex ministros de Defensa, y no ceder a los chantajes de Bolsonaro y de sus operadores castrenses. Cualquier iniciativa que intente poner en duda la realización de las elecciones presidenciales de 2022, la modificación del sistema electoral o el régimen político (como la adopción del voto impreso o del régimen semipresidencial) debería ser repudiada por el Congreso, el Poder Judicial y la sociedad civil.
Al respaldar ciegamente a un gobierno que lleva a cabo uno de los procesos más extremos de destrucción de la democracia en el mundo, las fuerzas armadas corren el riesgo de quedar asociadas a él de manera indeleble. Y, al ponerse al servicio de una familia en vez de trabajar para el Estado brasileño, podrían propiciar una ruptura generalizada de la cadena de mando estimulada por el propio Bolsonaro, en particular si es derrotado en las urnas el próximo año.
Contrariamente a los años sesenta, cuando Washington apoyó un golpe militar que derivó en una dictadura de veintiún años en Brasil, el gobierno Bolsonaro ahora está aislado políticamente en el hemisferio y en el mundo.
Los altos mandos militares, por su lado, tendrían que entender que es la hora de defender la democracia. La experiencia traumática de la dictadura militar es un recordatorio de lo que nunca más debe suceder. Las fuerzas armadas, en particular, no deberían olvidarlo.
Gaspard Estrada
Gaspard Estrada: Director ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC) de Sciences Po, en París.
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