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Por su parte, mediante un comunicado de prensa, el Fondo Monetario Internacional (FMI) había exigido a la Argentina la «necesidad» de «contener el gasto en salarios y jubilaciones», y pidió por un nuevo aumento de tarifas para alcanzar las metas de ajuste fiscal acordadas con Sergio Massa. Además, avaló la devaluación que el propio organismo pautó con el ministro-candidato, tras la aprobación de la quinta y sexta revisión del Acuerdo de Facilidades Extendidas.

«El Directorio Ejecutivo del FMI ha concluido hoy la quinta y la sexta revisión del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) a 30 meses de Argentina. La decisión del Directorio permite un desembolso inmediato de alrededor de US$ 7.500 millones», indicó en el comunicado.

“Alcanzar el objetivo acordado de déficit fiscal primario del 1,9 % del PIB este año sigue siendo esencial para apoyar la estabilidad económica y financiera. Los esfuerzos se centran en fortalecer los controles del gasto a través de medidas iniciales para actualizar las tarifas energéticas y contener los salarios y las pensiones públicas, protegiendo al mismo tiempo el gasto social y de infraestructura prioritario», expresó el FMI.

Además, el FMI recordó que «desde la finalización de la cuarta revisión, los principales objetivos del programa no se alcanzaron, como consecuencia de la sequía sin precedentes y desviaciones de las políticas».

A fines de julio se conoció el primero de los tres documentos que el FMI lleva emitidos. Allí remacha sobre el ajuste del 1,9% equivalente a $ 1,2 billones y otras medidas: un nuevo aumento de las tarifas energéticas, la contención de los salarios estatales y las jubilaciones y “racionalizar” las transferencias de fondos a provincias y empresas públicas.

Además, propone que “la tasa de crawl continuará utilizándose…”, o sea, remite a las minidevaluaciones mensuales que precedieron a la del 22%.

El comunicado omite cualquier referencia al incremento del 18,3% que acumulan los pagos de la deuda, incluidos los 300.000 millones que sobre un total de 1,3 billones fueron a la caja del organismo.

Y Kristalina Georgieva agregó: “Alcanzar la meta acordada de déficit fiscal primario de 1,9% del PIB este año sigue siendo esencial para apoyar la estabilidad económica y financiera. Los esfuerzos se centran en fortalecer los controles del gasto a través de medidas iniciales para actualizar las tarifas de energía y contener los salarios y las pensiones públicas, al tiempo que se protege el gasto social y de infraestructura prioritario”.

Vale señalar que gran parte, si no todo lo que aparece en el menú del FMI son compromisos que el gobierno asumió en el pacto de marzo 2022. Es decir, compromisos del peronismo.

Otras voces pro fondomonetaristas exigen más ajuste

Mark Sobel, ex funcionario del Tesoro y ex representante de EE UU en el FMI, tuiteó que “este será el último desembolso antes de la elección del nuevo presidente. El FMI lleva mucho tiempo refinanciando su exposición, evitando mirar las horribles prácticas económicas. Después de las elecciones, el FMI debe exigir un duro programa de estabilización y reforma. Si Argentina se resiste, el FMI debería desconectar el enchufe, incluso si eso significa atrasos en los pagos”.

Claudio Loser, ex jefe del Hemisferio Occidental del FMI, dijo que “las dos medidas anunciadas por el gobierno -el aumento del mínimo no imponible y la propuesta de eliminación de impuestos a jubilados y cuarta categoría- tienen un efecto inmediato muy negativo sobre las finanzas públicas, al reducir en forma importante la recaudación y la base tributaria, y es un riesgo para la inflación”. Agregó que “es una medida que va más allá de los ajustes por inflación. Esto va en contra de lo acordado por el gobierno con el FMI. Además, deja como impuestos el IVA que es regresivo y los impuestos a las exportaciones que afectan seriamente la balanza de pagos”.

Para Arturo Porzecanski del Wilson Center en Washington, “el aumento en el mínimo no imponible y la propuesta eliminación de la cuarta categoría del impuesto, si fuera aprobada por el Congreso, podrían contribuir en forma palpable al aumento del déficit fiscal y en particular a los déficits de las provincias, para quienes el coparticipable impuesto a las ganancias es una importante fuente de recursos”.

Según el economista “el programa con el FMI contempla un ajuste no especificado de los mínimos y las bandas del impuesto a las ganancias dada la mayor inflación registrada, pero mi impresión es que la propuesta del ministro Massa es muy exagerada porque responde a sus objetivos políticos de ganar votos entre los trabajadores en blanco”.

En cuanto a la posible reacción del FMI, Loser señala que, en la práctica, no puede hacer nada por ahora, porque ya se desembolsó todo lo disponible en el momento y el próximo giro (desembolso) sería en noviembre, tras la séptima revisión. Y agregó: “Lo que más podrían hacer es decir que se suspende el programa y que no puede haber más giros hasta que no se renegocie el plan o se cumplan los objetivos, pero en mi experiencia esto no ha ocurrido antes. Se lo hicieran eso crearía mucha incertidumbre si hay una percepción de que el oficialismo pudiera ganar. Sin embargo, ello puede dar una señal a los otros organismos sobre que hay peligros importantes y por ello el Banco Mundial y el BID podrían parar sus desembolsos, e incluso los bilaterales”.

“Otra posibilidad con efectos parecidos es que el Directorio del Fondo indique su preocupación por este desvío del programa. No tendría “fuerza de ley”, pero sería una señal fuerte”, señaló.

El gobierno ajusta, pero no alcanza

Esta insistencia a pesar de que el gasto público en jubilaciones y pensiones cayó entre enero y julio de 2023 un 9,3% real descontada la inflación, contra el mismo período del año pasado. Un guadañazo de $ 512.000 millones en siete meses. Todavía faltan cinco para terminar el año.

La Asignación Universal por Hijo (AUH), una asistencia básica y esencial, registra una pérdida del 9,5%, un recorte cercano a $ 40.000 millones.

En cuanto a los subsidios energéticos en los primeros siete meses el ahorro fiscal escala a $ 441.200 millones.

Los subsidios energéticos de 2022 fueron de U$S 12.343. En el primer semestre de 2023 son de U$S 6.573 millones. Hay una caída de U$S 5.770 millones, pero menor a la esperada por el FMI.

No obstante, según datos del Indec, el rubro Electricidad, gas y otros combustibles escaló 156% desde que asumió Massa hasta junio de este año mientras que la inflación general en el mismo período fue de 89% en la región del Gran Buenos Aires. Lo mismo sucede en el resto de las regiones del país durante ese plazo (región Pampeana Electricidad, gas y otros combustibles 113%, inflación nivel general 87%; región Noroeste 110%, 87%; y Noreste 131%, 86%; Cuyo 103%, 84%; y Patagonia 111%, 84%).

-Reducción Potenciar Trabajo: el Gobierno anunció este año la baja de miles de beneficiarios de este programa. El informe de la cuarta revisión del acuerdo el Fondo destacó el recorte de beneficiarios y sostuvo «deben continuar los esfuerzos para fortalecer la focalización del programa emblemático de empleo social Potenciar Trabajo». Massa también recortó lo destinado a este programa: en los primeros seis meses del año se redujo un 3% en términos reales.

-Suba de tasas de interés: el FMI quiere “tasas de interés reales positivas”, es decir que evolucionen por encima de la inflación. Desde que Massa ocupó el cargo de ministro de Economía hasta la actualidad la tasa política monetaria escaló de 60% a 97%, según datos del Banco Central. Esta medida beneficia a los bancos porque la autoridad monetaria les paga intereses por las Letras de Liquidez (Leliq). El aumento de tasas impulsa tendencias recesivas porque vuelve más costoso el crédito productivo y para el consumo, encarece las deudas porque impactan en las tasas de interés que cobran las tarjetas de crédito. Por el deterioro del poder de compra los trabajadores y los sectores populares están cada vez más endeudados.

El Gobierno recortó $ 245.939 millones a jubilados y los gastó en intereses de deuda

En los primeros seis meses del año, el ministro de Economía, Sergio Massa, ajustó los fondos destinados a Jubilaciones y Pensiones en $ 245.000 millones, al mismo tiempo que aumentó el pago de intereses de deuda en $ 207.000 millones (actualizando los valores según la inflación).

Las estimaciones surgen del último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, en donde se compara la ejecución del presupuesto de los primeros seis meses del año con el mismo período de 2022 en términos reales (descontando inflación).

Allí también se remarca que los gastos primarios cayeron en los últimos doce meses consecutivos en términos reales. Entre enero a junio de 2023 los gastos primarios de la Administración Nacional (sin contar pagos en intereses de deuda) bajaron 9,8 % en términos reales en relación al mismo período de 2022. La poda afectó jubilaciones y pensiones (-4,6%), asignaciones familiares (-28,2%), subsidios energéticos (-27,3%), las transferencias a provincias (-25,3%), entre otros. Una verdadera entrega para cumplir con las exigencias del FMI y el capital financiero.

Una jubilación mínima en julio con el bono de $ 17.000 incluido fue de $ 87.938, cuando la canasta básica de los adultos mayores realizado por la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires en abril fue de $ 202.064. Es decir, el haber mínimo cubre menos de la mitad de lo que necesita un jubilado para llegar a fin de mes.

Mediante los bonos al haber mínimo el Gobierno busca ocultar la enorme pérdida de los haberes frente a la inflación, que se profundizó con el cambio en la fórmula de movilidad que impulsó el mismo Ejecutivo en 2021, con Cristina Fernández presidiendo la Cámara de Senadores.

De esta forma, el ajuste frente a la inflación recae principalmente sobre jubilados que perciben $ 86.000 para arriba, muy lejos de llegar a fin de mes.

En tanto, los que cobran más de dos haberes mínimos, ($ 141.874) no reciben ningún refuerzo, absorbiendo toda la pérdida frente a la inflación que llega a superar el 30 % en este caso (sin bono) respecto a diciembre de 2019.

Las estadísticas oficiales indican que el 47 % de los beneficiarios titulares recibe ingresos totales (por jubilación y pensión) en el haber mínimo o menos.

En la actualidad, 9 de cada 10 jubilados y pensionados cobran haberes por debajo de la Canasta del Jubilado. El Frente de Todos había prometido en campaña elegir a los jubilados sobre los bancos y recuperar los 20 puntos perdidos con el macrismo, pero profundizó el ajuste sobre las jubiladas y jubilados a la medida de las exigencias del FMI.

En un año se duplicó el pago de intereses

La tasa de interés y sobrecargos que la Argentina debe pagarle al FMI por la deuda extraordinaria que tiene con el organismo financiero internacional alcanzó en la última semana de julio el récord del 8,07%. Cuando el ex ministro de Economía, Martín Guzmán, renovó el acuerdo con el FMI, en marzo 2022, la tasa era del 0,25% más 4 puntos de sobrecargos: en total 4,25%.

Esa tasa el FMI la fija semanalmente. Para la semana del 24 al 30 de julio fue de 4,07% más 4 puntos de sobrecargos.

Esta casi duplicación de la tasa de intereses (del 4,25% al 8,07%) se explica porque la Reserva Federal fue subiendo las tasas de interés que incidieron en las que cobra el FMI y que se aplica según la participación que tienen las monedas de los principales socios del organismo en la cotización del DEG (Derechos Especiales de Giro), la moneda en la que el FMI realiza sus transacciones.

Ante una mayor inflación como consecuencia de la pandemia y de la invasión rusa a Ucrania, la FED comenzó en marzo de 2022 a subir las tasas. Lo hizo en 25 puntos básicos y otros 50 en mayo. Luego siguió con más subas. Actualmente las tasas están en un rango de entre 5,25% y 5,5%, el máximo nivel desde 2001. Por esta razón, los pagos de intereses al FMI vienen siendo crecientes. Por ejemplo, fueron de U$S 367 millones en febrero de 2022 y una cifra similar en mayo. Subieron a U$S 425 millones en agosto y U$S 563 millones en noviembre del año pasado. En febrero de 2023 sumaron U$S 701 millones, en mayo U$S 742 millones y el 1° de agosto subió a U$S 830 millones.

Por la postergación de los pagos a fines de julio y el nuevo desembolso de U$S 7.500 millones, el 1° de noviembre la Argentina deberá pagar unos U$S 85 millones adicionales de intereses.

Según los números del organismo, a fines de julio el vencimiento del último trimestre del año en intereses sumaba 564 millones de DEG. Ahora figuran 630 millones. La diferencia son 64 millones que a la cotización actual equivalen a unos 85 millones dóalres.

Hasta ahora el gobierno lleva pagados U$S 8.139 millones en intereses al FMI. De ese total, U$S 1.480 millones fueron durante el Gobierno de Mauricio Macri y U$S 6.659 millones por el de Alberto Fernández.

Este año restan pagar tres vencimientos de capital que hay en octubre por 1.975 millones de DEG y otro por 687, 5 millones de DEG el 21 de diciembre. En total serían unos 2.600 millones.

La ministra de Trabajo reconoció que el FMI está dirigiendo el país

La ministra de Trabajo, Raquel ’Kelly’ Olmos, dio detalles esta mañana sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para “mitigar” los efectos de la devaluación que el propio Gobierno tomó. Entre ellas la suma fija, los bonos y otros “refuerzos”. Se trata de medidas insuficientes y que dejan a millones de personas afuera en medio de una fuerte crisis.

Pero una de las cosas que llamó la atención, por la sinceridad, es que la ministra reconoció el fuerte poder que ejerce el directorio del FMI sobre el rumbo de las políticas oficiales. Las medidas se adoptaron “en virtud de la propia capacidad de decisión” del Gobierno nacional, dijo Olmos.

“El FMI actúa como el usurero del barrio, que ahora preocupado por todo lo que le dio a Macri, pretende condicionar más la capacidad de decisión de nuestro gobierno. Nosotros estamos cumpliendo con los pagos al FMI, pero intentamos mantener el mayor nivel de autonomía y soberanía en las decisiones que nos es posible “, dijo la ministra. Así reconoció un cogobierno del Fondo.

Mario Hernández

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