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Dos años después de que se autoproclamara presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó ha perdido su imaginario sillón presidencial el pasado 5 de enero. Ese día, se instalaron los nuevos miembros de dicha Asamblea, elegidos el 6 de diciembre pasado, en elecciones que fueron rechazadas y calificadas como fraudulentas por la OEA, el Grupo de Lima, la Unión Europea y, por supuesto, por Donald Trump, varios meses antes, e inmediatamente después, de que estas tuvieran lugar.

El Grupo de Lima, en un pronunciamiento que Argentina y México se abstuvieron de firmar, no reconoció la legitimidad de la Asamblea Nacional instalada el 5 de enero de 2021 por ser producto de las elecciones fraudulentas del 6 de diciembre de 2020, organizadas por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro. Asimismo, hicieron un llamado a la comunidad internacional para que se una al rechazo a esa Asamblea Nacional ilegítima y apoye los esfuerzos para la recuperación de la democracia, el respeto a los derechos humanos y el Estado de derecho en Venezuela. En términos similares se manifestaron la Unión Europea y la OEA. A diferencia de la primera, que rechazó de forma unánime la elección, el pronunciamiento de la OEA fue aprobado por su Consejo Permanente con 21 votos a favor, dos en contra (Bolivia y México), cinco abstenciones y seis países ausentes.

La elección de la Asamblea Legislativa convocada por el gobierno, contó con una reducida participación ciudadana (31%). De los 5.4 millones de votos emitidos, 67% correspondieron al Gran Polo Patriótico (GPP) de Maduro y el resto a los pocos partidos de oposición que optaron por participar. La baja votación se explica porque la elección se realizó en medio de una pandemia, por el hecho que el voto no es obligatorio en Venezuela, por la decisión de la mayoría de los partidos de oposición de no participar en ellas, y por el descrédito de la ciudadanía en los partidos políticos.

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En un intento por encontrar algún resquicio de legitimidad para mantenerse en su cargo de presidente interino, y continuar siendo reconocido por poco más de medio centenar de países, Guaidó apostó a realizar una consulta popular que resultó un fiasco. En la votación, que careció de supervisión alguna, se podía votar por aplicativos de internet por espacio de seis días. La presencial, por el contrario, tuvo lugar un solo día, sin que hubiera un control para impedir que una misma persona pudiera votar en varios locales. La consulta finalizó el 12 de diciembre con la participación de 6.4 millones de personas, de las cuales 3.2 millones lo hicieron presencialmente en Venezuela, 845.000 en el exterior y 2.4 millones en aplicativos de internet.

Ante este fracaso, el 26 de diciembre, la Asamblea Legislativa prorrogó su vigencia por un año y nombró a Guaidó como su presidente, acción que fue desestimada por el Tribunal Supremo de Justicia de ese país. El 6 de enero, la Unión Europea dejó de reconocer a Juan Guaidó como presidente interino. A pesar de que Guaidó ya no tiene ninguna representación institucional, la OEA y el Grupo de Lima no se han pronunciado. Desconocerlo como presidente implica desarmar el andamiaje de las representaciones diplomáticas paralelas que se crearon hace dos años en los países que lo reconocieron, así como en el BID y en la OEA. Su principal impulsor, Donald Trump, tampoco se ha pronunciado todavía pues ha estado abocado a mostrarle al mundo, la forma cómo él ejerce el respeto a la institucionalidad y a la democracia en su país.

Guaidó y Mauricio Claver-Carone en acción

¿Cómo y por qué Guaidó se autoproclama presidente de Venezuela el 23 de enero de 2019? La razón esgrimida por la oposición fue que el segundo mandato de Maduro, por seis años, —que asumió trece días antes de la autoproclamación de Guaidó— era ilegítimo al haberlo ganado, a su juicio —y al de Estados Unidos, la OEA y el Grupo de Lima—en unos comicios que tachaba como fraudulentos e ilegítimos pues la oposición no se presentó.

La presidencia de Guaidó formaba parte de la estrategia diseñado por Mauricio Claver-Carone, entonces director de Asuntos para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, (actual presidente del BID) para sacar a Maduro de la presidencia. El plan incluía ingentes recursos para el nombramiento de Embajadores en los más de 50 países que lo reconocieron como presidente interino de Venezuela, expulsar a los representantes de Maduro en la OEA y en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) —y reemplazarlos por representantes de Guaidó— y promover la deserción de las Fuerzas Armadas al régimen de Maduro.

En este marco, el Grupo de Lima (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú) reunido en Ottawa el 4 de febrero, invocó en un comunicado a las Fuerzas Armadas venezolanas a reconocer a Guaidó como presidente interino, respecto al cual, Maduro declaró que “le producía risa y a la vez ganas de vomitar”.

Pocos meses antes, en septiembre de 2018, Donald Trump, en un encuentro con el presidente de Colombia Iván Duque durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, aseguraba que un golpe militar contra Maduro podría triunfar rápidamente, pues lo que sucedía en Venezuela era inaceptable, no solo para Colombia sino para otros países vecinos. El canciller Jorge Arreaza le respondió que Vietnam se quedaría corto si ocurriera algo así y que sus agresiones a Venezuela y a Cuba estaban destinadas a ganar votos en las elecciones del Congreso de noviembre y a ir trabajando su reelección.

El otro componente de la estrategia de Claver-Carone consistió en asfixiar la economía venezolana y, paralelamente, imponer la canalización de ayuda humanitaria, como una suerte de caballo de Troya que supuestamente produciría rápidamente la caída del gobierno de Maduro. A pesar de la negativa de Maduro, por considerar que esta no respetaba los protocolos internacionales, Guaidó anunció que, a más tardar, el 23 de febrero ingresaría la ayuda para el pueblo venezolano. El tema estaba tan politizado que la Cruz Roja Internacional se negó a participar de esa entrega.

Juan Guaidó, uno de los promotores de un “cambio de régimen” en Venezuela

Eso no le importaba al estratega Claver-Carone pues consideraba que “no hay un solo escenario en el que Maduro y los que se aferran en el poder puedan gobernar en Venezuela y puedan sobrevivir a la crisis económica y social que ellos mismos crearon y que ahora se acentúa por las sanciones de Estados Unidos (…). La asistencia ingresará a Venezuela, sí o sí, y tenderemos un cerco humanitario que terminará por doblegar al gobierno. Claver-Carone insistía en que todas las opciones estaban sobre la mesa y describía aquel momento como «uno irreversible que solo concluye con la salida de Maduro del poder”. El estratega de Trump consideraba que “para poder detener dicha ayuda, Maduro necesitaría tener a su disposición mucho personal militar e incluso civil”. Grave error.

El ingreso de la ayuda humanitaria en el día previsto por Guaidó, desde Cúcuta, ciudad colombiana fronteriza con Venezuela, en medio de amenazas y especulaciones de una intervención militar que tuvo en vilo a la región los días previos a aquel 23 de febrero, fue resistido por la Guardia Nacional de Venezuela en la frontera.  Su frustrado ingreso en presencia del Secretario General de la OEA y de los presidentes de Chile, Paraguay y Colombia, y el propio Guaidó (a pesar de que el Tribunal Supremo le había prohibido la salida del país) solo debilitó su posición.

Contrariamente, las amenazas de invasión militar, y los atisbos del Comando Sur para permitir el ingreso de la ayuda humanitaria fortaleció internamente a Maduro, quien denunció en una manifestación pública el intento de Colombia —país con el que ese mismo día rompió relaciones diplomáticas— y de Donald Trump, de invadir su país.

A pesar que Maduro insistía en que la ayuda humanitaria no podía imponerse por la fuerza y que, además, esta representaba migajas en comparación al despojo y embargo de cuentas petroleras por Estados Unidos, Guaidó, con el apoyo de las autoridades presentes, decidió su ingreso. Antes de ello, había hecho un llamamiento a las Fuerzas Armadas de su país a ponerse del “lado correcto de la historia” y permitir el ingreso de los 14 camiones con 280 toneladas de ayuda humanitaria. Asimismo, les había asegurado que habría “amnistía” para todos aquellos militares que ayudaran con su ingreso y que pudieran tener problemas con el gobierno de Nicolás Maduro. Estaban seguros que el plan para derrocarlo no podía fallar.

En el cruce del puente que une los dos países, un camión fue incendiado y la autoría del incendio se atribuyó a las fuerzas de Maduro. Las imágenes de la ayuda humanitaria en llamas fueron reproducidas en el mundo tal como Guaidó las describió en su cuenta de tweeter: “la comunidad internacional ha podido ver, con sus propios ojos, cómo el régimen usurpador viola el protocolo de Ginebra, donde se dice claramente que destruir la ayuda humanitaria es un crimen de lesa humanidad”. Pero hubo un problema. Un mes después, el New York Times reconstruyó las imágenes y llegó a la conclusión que no fueron los hombres de Maduro sino miembros de la oposición quienes prendieron fuego al camión. El ataque mediático para instalar la idea de la tiranía, dictadura y autoritarismo comunista, eran parte del plan.

Se equivocó la paloma

El plan express de rescate de la democracia en Venezuela había fracasado. Claver-Carone no había considerado que la prepotencia y poco disimulada injerencia del gobierno estadounidense en Venezuela era contraproducente en la solución de la crisis de ese país, pues impulsó el nacionalismo en sectores de las fuerzas armadas que le eran leales y que estaban dispuestos a morir por defenderse. En la devastada Venezuela Maduro contaba con el apoyo de la Milicia Nacional Bolivariana y de los denominados “colectivos”, grupos civiles motorizados que actúan como fuerzas de choque en apoyo al gobierno.

Luego de este estruendoso fracaso, las presiones para derrocar a Maduro han continuado y se han centrado básicamente en acelerar la asfixia económica del país. Así, el Departamento del Tesoro congeló las cuentas de CITGO, empresa constituida por tres refinerías que procesan petróleo crudo de Venezuela distribuidas a más de 5 mil estaciones de gasolina en Estados Unidos, propiedad de la empresa estatal de petróleos, PDVSA; se retuvo en Londres lingotes de oro valorados en 1.300 millones de dólares de propiedad del Banco Central de Venezuela; se prohibieron las inversiones y el comercio con Venezuela, se embargaron cuentas; se afectó la empresa aérea Conviasa, entre otros. El impacto en la situación económica y social ha sido devastador, pues estas acciones se suman a la drástica caída de los precios del petróleo y al ineficiente manejo económico del gobierno. La situación ha acelerado el proceso migratorio y se estima que 5 millones de venezolanos han emigrado de su país y se han dirigido sobre todo a Colombia, Perú y Ecuador. Muchos de ellos tienen doble nacionalidad con estos países.

En el ámbito de los derechos humanos, un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, publicado en julio de 2019, denuncia graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales en el país. El informe detalla “la paulatina militarización de las instituciones del Estado durante la última década y se atribuye, tanto a fuerzas civiles como militares, la responsabilidad de detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del Gobierno y a sus familiares, violencia sexual y de género perpetrada durante los periodos de detención y las visitas, así como uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones”.

Este informe ha sido cuestionado por el gobierno pues aduce fallas metodológicas y la utilización de información sesgada que puede alimentar la campaña mediática contra Venezuela, pero también por académicos quienes consideran que no fue riguroso, que solo se entrevistó a los opositores. Estas acusaciones deben ser esclarecidas y revertidas. Pero esto no justifica el asedio casi criminal al que se ha visto sometida la población, especialmente en los dos últimos años.

Un nuevo escenario

El triunfo de Beiden abre una puerta de esperanza para entrar en una nueva etapa de negociaciones entre la oposición y el presidente Maduro. La realidad ha demostrado que una estrategia “con el pie en alto” como la diseñada por Mauricio Claver-Carone solo fracasará. Este descartaba que Maduro pudiera siquiera convocar a elecciones presidenciales, “porque no lo reconocemos como presidente y desde nuestra perspectiva no tiene la autoridad para convocar nada” señalaba. Con una descabellada prepotencia advertía: “Esa es una decisión que le corresponde solo a Guaidó, quien debe definir los términos de una elección”.

De acuerdo con Ariela Ruiz Caro, la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca abre la posibilidad de una nueva negociación entre la oposición y el gobierno del presidente Nicolás Maduro

En el nuevo escenario, el Grupo de Lima probablemente se extinguirá, pues no tendrá ninguna posibilidad de interceder para lograr una solución pacífica en ese país, dado que representa, para el régimen de Maduro, un grupo dominado por Trump.  Por la misma razón, la OEA tampoco tendría la posibilidad de hacerlo. Las cartas deberán barajarse de nuevo y conformar grupos mixtos con participación de la Unión Europea, el nuevo gobierno norteamericano y algún grupo de países latinoamericanos.

En la crisis institucional de Venezuela las fuerzas de la oposición no pueden eximirse de su responsabilidad. El gobierno venezolano invitó a la Unión Europea y a las Naciones Unidas en agosto de 2020 a participar como observadores del proceso electoral, pero se negaron a hacerlo, de la misma forma que la mayoría de los partidos de oposición se negaron a participar porque anunciaban que las elecciones serían fraudulentas. No es clara esa posición pues en las últimas elecciones habían resultado triunfadores. Esa actitud es similar a la de Donald Trump, que anunciaba en sus mítines de campaña que solo reconocería los resultados electorales si estos eran favorables a él. La OEA nunca cuestionó estas desopilantes afirmaciones.

Todo parece indicar que muchos ciudadanos disconformes con el régimen de Maduro, tampoco se sienten representados por los partidos de oposición. Parecería que numerosos representantes de estas fuerzas políticas de oposición esperan que las soluciones vengan desde afuera mientras ellos reciben cuantiosas donaciones que los desmotiva a luchar desde los espacios que se ofrecen en su propio país, como las recientes elecciones de la Asamblea Legislativa. De hecho, una investigación del Washington Post ha revelado en días recientes hechos que vinculan al círculo de Juan Guaidó con actos de corrupción en Estados Unidos, los cuales estarían ligados a un manejo irregular de activos de Venezuela en el extranjero, recuperados en alianza con la administración de Donald Trump. La reconciliación del país y su recuperación económica e institucional siguen siendo un tema pendiente, pero los caminos que se impusieron para lograrlo resultaron en un rotundo fracaso.

Ariela Ruiz Caro

Ariela Ruiz Caro: Economista por la Universidad Humboldt de Berlín con maestría en procesos de integración económica por la Universidad de Buenos Aires, y consultora internacional en temas de comercio, integración y recursos naturales en la CEPAL, Sistema Económico Latinoamericano (SELA), Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL), entre otros. Ha sido funcionaria de la Comunidad Andina entre 1985 y 1994, asesora de la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR entre 2006 y 2008 y Agregada Económica de la Embajada de Perú en Argentina entre 2010 y 2015. Es analista del Programa de las Américas para la región andina/cono sur.