El Grupo de Lima profundiza la división latinoamericana

El Grupo de Lima, creado en 2017 por 14 países de América para encontrar una solución pacífica a la situación en Venezuela, está teniendo una actividad frenética. En menos de dos años ha convocado ya once encuentros de sus ministros de Relaciones Exteriores.

Ese es un rasgo positivo, pues subraya la extrema relevancia que tiene para todos sus integrantes la resolución de la crisis venezolana. Pero el Grupo, conscientemente o no, está profundizando la división de Latinoamérica, y agrietando las diferencias entre naciones hermanas, al seguir un guion impuesto que no ha sido escrito por ellos mismos sino por Estados Unidos, un país que no forma parte del colectivo.

La última reunión del Grupo de Lima, celebrada en Bogotá, la capital de Colombia, parió un comunicado de 18 puntos muy contundente. Aunque descarta expresamente el “uso de la violencia”, el escrito aumenta de forma notoria la presión política, económica y diplomática sobre las autoridades de Caracas. Por ejemplo, abre la vía para denunciar a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. El punto número 5 del documento solicita a ese organismo judicial con sede en La Haya que “tome en consideración la violencia criminal del régimen de Nicolás Maduro en contra de la población civil, y la denegación del acceso a la asistencia internacional, que constituyen un crimen de lesa humanidad”.

El apartado undécimo del comunicado del Grupo recoge un llamamiento expreso a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana —el Ejército de Venezuela— para que reconozca al autoproclamado presidente Juan Guaidó como su comandante en jefe y, en consecuencia, retire su apoyo a Nicolás Maduro. Aquí se encuentra el meollo de la cuestión, pues la oposición, a pesar de todas sus manifestaciones ciudadanas, no ha conseguido todavía que los militares den la espalda al actual inquilino del Palacio de Miraflores.

​El párrafo número 13 lanza un requerimiento a aquellas naciones que todavía mantienen “vínculos de cooperación” con el chavismo. Es un mensaje, sin nombres concretos, dirigido especialmente a México y Uruguay, dos Estados latinoamericanos que mantienen una posición de neutralidad en este conflicto larvado y que han sido vituperados por eso mismo desde distintas instancias. El Grupo de Lima les solicita que apoyen “el proceso de transición democrática”, es decir, que desautoricen a Maduro, de quien exigen “la salida inmediata” del poder como paso previo a la celebración de los comicios presidenciales.

El vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourao, presente en la reunión ministerial, hizo unas declaraciones muy interesantes, que seguramente levantarán polvareda. En primer lugar, el representante de Jair Bolsonaro recordó que el Grupo de Lima tiene como principio básico que la solución sea pacífica y por medios diplomáticos. También puntualizó que Estados Unidos no forma parte del Grupo de Lima.

El número dos del Estado brasileño comparó la situación con la caída del Muro de Berlín en 1989 y se metió en un jardín muy delicado cuando habló por boca de China y Rusia, dos potencias que apoyan a Maduro. Mourao declaró que el gigante asiático “está buscando recibir lo que Venezuela le debe, independiente de su Gobierno”. “China —indicó el político brasileño—  tiene una concepción muy clara de que Maduro no va a pagar. Quien va a pagar será Guaidó y su grupo cuando lleguen” al poder. De Rusia dijo que no tienen la forma de “proyectar poder” en América Latina.

Esas declaraciones de Mourao no han debido sentar muy bien en los centros de poder de Pekín y Moscú, sobre todo teniendo en cuenta quién era el emisor, uno de los cinco países integrantes del BRICS, esa asociación económica pancontinental de naciones emergentes. ¿Tendrán consecuencias esas palabras en la próxima cumbre del BRICS que debe celebrarse este año precisamente en Brasil y más concretamente en Curitiba, la capital de Paraná? Todavía es pronto para pronunciarse.

Pese a que formalmente Washington no está incluido en el Grupo de Lima, a Bogotá acudió nada menos que el vicepresidente norteamericano, Mike Pence, para adelantar el siguiente capítulo del guion. El emisario y amigo de Donald Trump no se anduvo por las ramas y abogó a favor de que los países latinoamericanos congelen los activos que PDVSA —la empresa estatal petrolera venezolana— posee en sus respectivos territorios. Es decir, propuso otra vuelta de tuerca. También les invitó a que transfieran los activos venezolanos de las manos de los representantes de Maduro a los de Guaidó. O a que apliquen restricciones a los visadosa funcionarios fieles al chavismo. Todavía hay espacio para más sanciones económicas.

Pence pidió expresamente a “México, Uruguay y las naciones del este del Caribe” que se unan a las tesis de Guaidó y vertió un claro reproche a su vecino del sur cuando enfatizó que en la crisis de Venezuela “no puede haber espectadores”. Es evidente que Washington está comprometiendo la independencia, en materia de política exterior, del Gobierno mexicano presidido por Antonio Manuel López Obrador.

La Casa Blanca ha trazado una estrategia de control e intenta imponer su ritmo, insistiendo en que “todas las opciones están sobre la mesa”, a pesar del manifiesto rechazo del Grupo de Lima al uso de la violencia, es decir, a una invasión militar extranjera.

Las palabras de Pence son el fruto de esa manía recurrente de Washington de dar órdenes a otros Estados para salvaguardar sus propios intereses, incluso a costa de promover acciones que, sin duda, desatarían un incendio incontrolado en toda la región latinoamericana.

El Brasil de Bolsonaro —recordemos, un militar de carrera— está en las antípodas, ideológicamente hablando, de la Venezuela de Maduro y aun así el primero comprende a la perfección que una intervención exterior a lo Panamá o Granada provocaría una respuesta armada de las fuerzas chavistas que no sólo se enfrentarían a los marines estadounidenses sino también a los grupos opositores, desatando una indeseable guerra civil. La confrontación se extendería a otros países limítrofes, especialmente a Colombia. Promover esa opción es una locura, un acto irresponsable y criminal.

Francisco Herranz

Francisco Herranz: Ha desarrollado su carrera profesional en el diario El Mundo, donde ha sido corresponsal en Moscú (1991-1996), redactor jefe de Internacional y de Edición y editorialista, especialista en Europa del Este y colaborador en varias publicaciones especializadas, desde 2010 es profesor en el Máster en Periodismo-El Mundo de la Universidad San Pablo-CEU.

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