Globalización

Lamentablemente, por ahora no será posible conocer en qué infracción andaba Mike Pompeo. Si le pidió a su socio y jefe, Donald Trump, que impidiera una investigación en su contra, por algo bueno no será. Partiendo de algunas denuncias sobre irregularidades, estaba en marcha una pesquisa interrumpida por el mandatario al destituir a Steve Linick, inspector general del Departamento de Estado, a cargo de la indagación sobre Pompeo.

Un despacho de la AP aporta algunos elementos a tener en cuenta: “El presidente Donald Trump está abocado a una campaña de destituciones de funcionarios supervisores de la gestión pública que, según críticos, parece inusitadamente agria y vengativa”. Es entonces cuando ponen de ejemplo el caso de Steve Linick,  cuyo trabajo fue paralizado por Trump.

Valga aclarar: bajo el término de Inspector General trabaja un cuerpo de funcionarios públicos comisionados para supervisar a departamentos y altas figuras, con el objetivo de evitar transgresiones como el fraude, los abusos, la malversación de fondos u otros recursos, y mala gestión de cualquier tipo. Usan mecanismos diversos para encarar esa responsabilidad y se supone sean una contraparte que vigila el buen funcionamiento del estado, aun cuando no siempre se tengan en cuenta sus consideraciones, o, como parece ser ahora en lo referido al secretario de estado, el inspector  puede ser despedido, sin demasiadas explicaciones evitándole un procesamiento.

La nota citada recuerda a Michael Bromwich, quien ocupara el máximo cargo de este tipo en el Departamento de Justicia y evidenció  dejó lo reprensible de la actitud del magnate-presidente:

“Hay una tensión entre el instinto de Trump de no tolerar crítica alguna y el rol del inspector general, que por ley debe llevar a cabo auditorías e investigaciones independientes”.

Entre varias destituciones y actos punitivos directos contra estos operadores públicos, se cita también a Glenn Fine, inspector general interino del Pentágono durante Más de 4 años. Un veterano que durante 11 años, tuvo semejante categoría fiscalizadora en el Departamento de Justicia.

Cuando el congreso aprueba un paquete de estímulo para enfrentar la Covid-19, a Fine se le asigna la tarea de liderar el panel independiente a cargo de garantizar el uso adecuado del dinero dispuesto para hacer frente la pandemia.

 “A veces la corrupción es difícil de detectar. A veces lo hacen obvio. Después de que un panel de Inspectores Generales nombrara a Glenn Fine, para dirigir el grupo que supervisa $ 2 billones en fondos de alivio del coronavirus; el presidente Trump lo retiró de la presidencia del comité de Responsabilidad de respuesta ante pandemias. Esta es una continuación del ataque total de Trump hacia aquellos con el poder de responsabilizar a su administración”.

Ese criterio pertenece a Los Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington, desde donde señalan, además,  que el presidente estaba debilitando la democracia con “la remoción del Inspector General, Glen Fine”.

Otras fuentes consideraron la medida presidencial como una nueva muestra de cuan poco le agrada a Trump la supervisión independiente de cualquier tema, incluyendo el paquete económico de marras que maneja como si fuera de su bolsillo. Otra cesantía sonada fue la de Michael Atkinson, Inspector General de la Comunidad de Inteligencia, quien tuvo el arrojo de informar al Congreso sobre a las presiones del presidente a su homólogo ucraniano, buscando favores y usando chantaje sobre los fondos asignados por EE.UU. a la ex república soviética.

Trump despidió igualmente al inspector general del Departamento de Justicia, Michael Horowitz,  quien había emprendido indagaciones sobre el hipotético  complot entre Trump y Rusia, entre las supuestas irregularidades cometidas por el entonces candidato a la presidencia y algunos de sus colaboradores, a mediados del 2016. Horowitz también había informado al Congreso sobre la denuncia anónima con respecto al también  llamado Ucraniagate.

Los “intentos continuos por politizar a las agencias de inteligencia de la nación”, fueron denunciados por Mark Warner, principal demócrata en el Panel de Inteligencia del Senado, al criticar el despido de Atkinson. El congresista expuso, asimismo:  “En medio de una emergencia nacional (por el coronavirus), es inconcebible que el presidente intente nuevamente socavar la integridad de la comunidad de inteligencia despidiendo a otro funcionario simplemente por hacer su trabajo”.

Para evitar otras interpretaciones Warner dijo: “El trabajo de la comunicad de inteligencia no se trata de la lealtad hacia un individuo; se trata de mantenernos a todos seguros de aquellos que quieren dañar al país”. Luego la expulsión de Glenn Fine no fue inédita y arroja incertidumbre sobre el destino de los  2 billones de dólares para amortiguar los daños de la COVID-19 en distintas esferas. A menos que el cuerpo legislativo decida pedir explicaciones, no se sabrá con certeza el destino de esa suma, sacada de las arcas estatales que se conforman con las contribuciones de los ciudadanos.

De la ciudadanía también parte el dinero para gastos provocados por el salvajismo policial y daños parecidos, pues de los presupuestos de ciudades y estados sale el pago por reparaciones. Es una contradicción no muy divulgada pero innegable.

“Las comunidades también pagan los costes de la policía adicional para las manifestaciones, la alteración del tráfico o el comercio, y cualquier destrozo a la propiedad que pueda derivar de los disturbios”, así lo plantea Eleanor Lumsden, profesora de Derecho, en torno a un  estudio titulado “¿Cuánto le cuesta la brutalidad policial a Estados Unidos?”, donde se delata el empleo de millones para más-menos reparar acciones inadmisibles y, paradójicamente, pagadas por los contribuyentes.

El tema tampoco es nuevo. Según los peritos empeñados en el examen de contingencias similares a las que hoy estremecen a Estados Unidos, los atropellos son estimulados por la inmunidad casi completa otorgada de usual a los agentes del orden cuando  cometen excesos, entre varias deformaciones inherentes a malas prácticas y, sobre todo, el crónico racismo. Todo ello se ha exacerbado durante la actual administración. Muy interesante, pese a todo, o por todo, apreciar la gran cantidad de norteamericanos blancos participando en las manifestaciones, codo a codo con los así llamados afro descendientes.

Volviendo a Pompeo, es preciso consignar su tendencia a decir enormes barbaridades con una sonrisa cínica en el rostro, como la usada cuando recién, anunció nuevas medidas contra Cuba, a la cual acusan de cualquier pecado a falta de culpas reales. El descaro de afirmar que lo hacen en bien de nuestro pueblo es pasmoso, máxime viniendo de personajes con tantas infamias a la espalda.

Trump, siempre complaciente con aquellos que no le dicen no, ni peros, parece obligado a cambiar algunas tácticas. Los problemas internos alcanzan una envergadura inesperada y no solo por las protestas generalizadas. Republicanos de talla (ex presidentes o notables como Colin Powell, altos mandos militares en retiro o activos) están desmarcándose de los dichos y medidas presidenciales con respecto al trato dado al estallido social, y, particularmente,  a las sucesivas eliminaciones del aparato gubernativo de cuantos le molestan se atreven a emprender acciones que le disgustan o amenazan. ¿Se queda solo Donald Trump? No, mantiene sus seguidores, pero cada vez está más humana y políticamente desabrigado.

Elsa Claro