Globalización

Pese a su disimulada intención de lavar la cara a la Troika, el informe preliminar del Parlamento Europeo no puede evitar señalar sus múltiples irregularidades. Esta fiscalización incluye cuestionarios enviados a los principales responsables, que éstos impunemente no responden o lo hacen a medias.

Dependiente del Comité de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, el proyecto de informe, firmado por Othmar Karas y Liem Hoang Ngoc, curiosa e inexplicablemente, se olvida del rescate de hasta 100.000 millones de euros (de los que se dice que se han usado 41.300 millones) a la banca española en junio de 2012.

Pese a que el informe preliminar, que se espera sea definitivo para abril, poco antes de las elecciones europeas, señala grandes irregularidades de la Troika, justifica en muchos de sus puntos su acción. Por ejemplo, al hablar del “inmenso reto de la Troika”, defiende que “el tiempo se agotaba, los obstáculos legales tuvieron que ser despejados, el miedo a una fusión del núcleo de la Eurozona era palpable, hubo que adoptar acuerdos políticos…”. En otro momento, rechaza que hubiera sido posible plantear alternativas al sostener que “la asistencia financiera en el corto plazo evitó un impago desordenado de la deuda soberana que habría tenido consecuencias económicas y sociales extremadamente graves, así como efectos indirectos en otros países de una magnitud incalculable (…)”.

El documento señala que, “debido a su naturaleza ad hoc, no había base jurídica adecuada para la creación de la Troika sobre la base del Derecho primario de la Unión”. Esto ha sido confirmado indirectamente por la Comisión cuando escribe que “el modelo de la Troika ha sido respaldado por el legislador de la UE (ver artículo 7 de la Regulación de la UE Nº 472/2013)”, lo cual implica que antes de 2013 no hubo tal respaldo, cuando es sabido que todos los programas de la Troika salvo el de Chipre han arrancado antes de esa fecha.

Asimismo, subraya la doble función de la CE –como agente de los estados y como institución de la UE– y del BCE –como asesor técnico y acreedor– en la Troika y sus evidentes conflictos de interés, al ser juez y parte. Según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el mandato del BCE está limitado a la política monetaria, por lo que “la participación del BCE en cualquier asunto relacionado con las políticas presupuestarias, fiscales y estructurales se encuentra en un terreno legal incierto”. Además, incide en “la débil responsabilidad democrática de la Troika” en los países sometidos al “programa”.

El informe advierte que “el mandato de la Troika ha sido percibido como opaco y no transparente” y se muestra especialmente crítico con los Memorandum de Entendimiento (MoU), de los que lamenta su falta de transparencia en las negociaciones.

La Troika elude las preguntas y apunta a los estados como responsables.

Al extenso cuestionario enviado a los presuntos responsables de los rescates: CE, BCE, FMI, Eurogrupo y Consejo Europeo responden, si lo hacen, de manera escasa e insatisfactoria. Todos coinciden en exculparse trasladando las responsabilidades a otros.

Por ejemplo, el FMI se ha negado a contestar argumentando que no tiene que rendir cuentas a los Parlamentos, lo cual es sorprendente, dado que él mismo impone sus políticas a los parlamentos. Herman Van Rompuy ha contestado que “no está involucrado”, cuando como presidente del Consejo Europeo representa a los estados miembros de la UE. Por su parte, el presidente del Eurogrupo ha eludido la pregunta diciendo que las instituciones de la Troika son las más indicadas para contestar, mientras el BCE devuelve la pelota al Eurogrupo: “Sobre medidas concretas para países concretos, sería más apropiado que respondiera el Eurogrupo”.
Todos estos responsables llevan años implicados en las políticas de austeridad llevadas a cabo por los gobiernos bajo el mandato opaco de la Troika, apoyándolas y presionando a los estados para que las apliquen. Ahora bien, a la hora de contestar a un cuestionario del Parlamento Europeo, eluden sus responsabilidades y echan la culpa a los estados a los que robaron su soberanía. Tanto la CE como el BCE lo dicen claro: “la autoría del diseño del programa pertenece a las autoridades del estado miembro afectado”. Ya sabíamos que los altos funcionarios de estas instituciones gozan de total impunidad ante la justicia, ahora sabemos que rechazan incluso contestar a preguntas sobre sus implicaciones. ¿Será que huyen de sus responsabilidades frente a una opinión popular cada día más enfadada con las consecuencias humanitarias de dichas políticas?

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