Globalización

Si nos guiáramos por la forma de medir el Producto Interno Bruto (PIB) podríamos aseverar que en las naciones con mayor promedio alcanzado en un año, sus pueblos deberían gozar de mejor bienestar social para satisfacer las principales necesidades básicas como alimentación, acceso a la educación, salud y disminución de la pobreza.

El PIB es el valor total de la producción corriente de bienes y servicios finales dentro del territorio nacional durante un período de tiempo determinado, que generalmente abarca un año y se calcula según el precio de los factores o el precio de mercado.

Aunque el PIB representa la forma más importante para estimar la capacidad productiva de una economía, tiene varias deficiencias como la de ofrecer datos imprecisos sobre el nivel de bienestar y de equidad entre la población pues calcula la producción de bienes y servicio sin determinar su finalidad.

Fue en 1934 que el economista estadounidenses Simon Kuznets, creó una serie de indicadores, entre ellos el PIB, que permitían conocer cuánto producía, consumía o ganaba un país. Años más tarde también expresó preocupación al comprender que el PIB no era la mejor tabla para medir el bienestar de los ciudadanos.

Como expresan numerosos analistas, la medición de una nación por el PIB se convierte muchas veces en una cortina para ocultar la realidad que vive la mayoría de sus habitantes pues no mide la desigual distribución de las riquezas, la extracción de las ganancias por las empresas transnacionales y las políticas socio-económicas que esgrimen los diferentes Estados y gobiernos.

Un estudio del Banco Mundial indica que en el índice de los 10 países más desiguales, ocho son de América Latina y como era esperar, pese a las campañas desinformativas, Venezuela no se encuentra entre ellos. Y es que pese a la violenta guerra económica-financiera que ha padecido la República Bolivariana desde hace más de 15 años, el gobierno ha mantenido contra todos los inconvenientes, los innumerables logros sociales a la población.

No es menos cierto que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) se muestran eufóricos cuando el PIB aumenta en las naciones porque lo ven como un triunfo en la aplicación de las políticas neoliberales impulsadas por esas instituciones financieras controladas por Estados Unidos y otros países desarrollados.

Analicemos otros casos. Perú ha crecido un 4 % como promedio su Producto Interno Bruto de 2012 a 2017, cifra halagüeñas para cualquier país sobre todo los clasificados como subdesarrollados.

Los datos sociales echan por tierra esos números: el 10 % de la población adinerada es 50 veces más rica que el 20 % de los más necesitados; cerca del 60 % de sus habitantes están catalogados como pobres; uno de cada tres niños sufre desnutrición lo que aumenta a uno de cada dos en las zonas más menesterosas del país como Huancavelica; el 40 % de la población carece de acceso al agua potable y el 70 % a los servicios sanitarios.

En Argentina, que había logrado una estabilidad económica durante los años de gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, la situación se ha revertido debido a las políticas neoliberales impuestas por Mauricio Macri.

Un documento del Observatorio de la Deuda Social que elabora la Universidad Católica Argentina (UCA) afirma que el 48,1 % de los menores del país sudamericano son pobres, mientras que los niveles de indigencia y de hambruna alcanzan al 10,2 %. En los tres últimos años el PIB aumentó alrededor del 2 % y a la par la pobreza ya alcanzó al 19 % de los habitantes; el 22,6 % no pudo recibir atención médica de ningún tipo y el 56 % no visitó un odontólogo.

Paraguay ha crecido a un promedio del 3,5 % en el último lustro, pero el 71,3 % de sus terrenos están controlados por el 1 % de los terratenientes. Su modelo de desarrollo excluyente, concentra las riquezas en pocas personas, que además de los dividendos obtenidos, poseen gran influencia en la política.

La Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC), señaló que la pobreza total durante el gobierno de Horacio Cartes se incrementó en relación con 2016, de 26,58 % a 28,86 %. Esto significa que al menos 1 950 000 paraguayos son pobres.

Qué decir de Brasil cuando durante los gobiernos de Luiz Inacio Lula y de Dilma Roussef el PIB creció a la par de los beneficios sociales. En esos años (2003-2016) se crearon 5,5 millones de puestos de trabajo; se construyeron más de un millón de viviendas; la tasa de pobreza bajó del 26 % en 2002 al 8,9 % en 2015; en ese año se dedicó el 15,57 % del presupuesto nacional a la educación; la cobertura de los servicios médicos gratuitos benefició al 65 % de los sectores más desfavorecidos. Tras el golpe de Estado encabezado por Michel Temer la situación se ha revertido totalmente.

El PIB de México se eleva anualmente aunque datos de organismos sociales indican que es uno de los países más desiguales del mundo ya que el 1 % más privilegiado recibe el 21 % de los ingresos de la nación y el 10 % más rico posee dos terceras partes de toda la riqueza del país. La mayoría del capital obtenido sale del país por medio de las compañías transnacionales, principalmente de Estados Unidos.

Si 16 multimillonarios mexicanos viven en la mayor opulencia, 55 millones de personas sobreviven bajo la línea de pobreza y 23 millones ni siquiera alcanzan a adquirir la canasta básica alimentaria.

Todas esas realidades llevan a comprender que sin la aplicación de políticas sociales por parte de los gobiernos, el PIB sirve mayormente para medir transacciones y evaluación del comercio de una nación sin beneficiar a sus habitantes.

Hedelberto López Blanch