Globalización

José Zavaleta, comerciante y dueño de una pequeña flota de vehículos de reparto en San Salvador (capital de El Salvador), cuenta que fue detenido a finales del 2022 junto a cuatro de sus empleados sin que les indicaran el motivo ni los cargos en su contra.

Sólo les dijeron que eso era el régimen… de excepción. Ahí comenzó la peor pesadilla de su vida. Después de pasar tres días hacinado en un calabozo, fue trasladado de pie y con las manos atadas junto a otras decenas de personas en su misma situación a la cárcel de Izalco. Recuerda que durante el trayecto se orinó encima y la humillación que sintió.

Cuando llegaron a Izalco los mantuvieron arrodillados encima de grava bajo el sol durante dos horas, hasta que les sangraron las rodillas. Tras haberles desnudado y estar en cuclillas durante un largo rato, les hicieron entrar en el recinto de la celda para lo cual tenían que pasar por un pasillo formado por los guardias que les golpeaban con porras, garrotazos y patadas al paso. Él cuenta que en el trayecto perdió el equilibrio, se cayó y se ensañaron a golpes contra él. Uno de sus empleados, Marco, que iba detrás, se interpuso para aminorar los impactos pero estos se cebaron en él. Los golpearon y los golpearon. Consiguieron llegar moribundos y arrastrándose a la celda.

Fueron cuatro días en los que creyó morir, con vómitos, fiebre y escalofríos, sin comer ni apenas beber, ni ningún tipo de atención médica. José cuenta que logró recuperarse y ser trasladado a otra prisión y finalmente salir con una fianza. Pero Marco no corrió la misma suerte, nunca se recuperó. Desde el día de la paliza comenzó a sangrar por el ano y … moriría 40 días después[1].

Hay testimonios de la cárceles de mujeres donde una presa cuenta cómo vio morir a una mujer de unos 50 años porque durante el invierno dormían todas hacinadas en el suelo mojado, sin colchón, ni manta. Comenzó tosiendo, con fiebre y sin poder respirar, cuando la sacaron a la enfermería se enteraron que había muerto. O de muchachas embarazadas que sufrieron abortos al no darles asistencia sanitaria adecuada.

Decenas de denuncias como estas son recogidas en el Informe de la organización defensora de los derechos humanos en El Salvador, Cristosal[2], publicado en mayo del 2023, a un año de la implantación de régimen de “excepción” en el pequeño país centroamericano. Un país que tiene el triste record de tener la mayor tasa de personas encarceladas por habitante en el mundo (un 2% de algo más de 4 millones de personas) y cuya población encarcelada se ha cuadruplicado desde el 2000.

Según el informe, las celdas de aislamiento de las prisiones se utilizan como castigo para quienes se quejan, hablan durante las noches, desobedecen o pelean. No tienen camas, ni luz, casi no reciben agua para beber y a veces tampoco tiene una fosa donde hacer las necesidades por lo que tienen que convivir con sus excrementos. De los testimonios recogidos, las personas que son llevadas a estas celdas regresan en estado de shock, desnutrición o no salen vivas.

Un sinnúmero de personas han fallecido estando privadas de libertad por el Estado sin que ninguna de ellas hubiera sido condenada por el delito que se les atribuyó. Las investigaciones del Cristosal recogen la cifra de 153 personas. Sabiendo de la existencia de fosas comunes y sin datos oficiales, estos datos pueden ser mucho mayores. Además, una de las causas de muerte más frecuente descrita en los informes del Instituto Médico Legal y los hospitales es la asfixia mecánica. No por acaso este fue uno de los métodos de tortura más comunes practicado en El Salvador por las fuerzas de seguridad durante el conflicto armado a partir de los años 70.

Todos estos crímenes de estado están siendo ocultados y eclipsados por la intensa campaña de propaganda nacional e internacional del presidente Bukele. El gobierno hizo viral un video de la nueva macrocárcel denominada Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) donde han trasladado a cientos de “enemigos internos” en la  “guerra contra las pandillas” y donde en nombre de la seguridad todo vale. Como dice Raúl Zaffaroni[3], ningún crimen de Estado se comete sin ensayar un discurso justificador. Al tratarse de un crimen altamente organizado y jerarquizado, es importante negar a las victimas su humanidad, considerándolas vidas sin valor, frente a las que todo es posible y donde se usa la técnica de neutralización más común: la seguridad.

La política gubernamental de castigo y terror para las personas detenidas por régimen de excepción, está afectando a toda la población salvadoreña, ya que esta no solo afecta a las pandillas. La mayoría de las personas que han pasado por las cárceles afirman que en las celdas y sectores donde estaban detenidas casi no había pandilleros. Según cálculos de las organizaciones de derechos humanos, éstos no sobrepasan el 30% del total de las personas detenidas. Pero de esto no habla la propaganda gubernamental preocupada por ocultar datos, alterar las estadísticas y descalificar las voces críticas.

Un régimen de excepción, que se ha convertido en permanente –ya que dura más de un año- donde se han visto suspendidos, entre otros, los derechos a la presunción de inocencia y la inviolabilidad de la morada. Sin garantías judiciales, eliminando la independencia de la justicia, permitiendo detenciones masiva sin investigación previa -muchas por acusaciones anónimas- e ignorando que tantísimas personas detenidas no tienen nada que ver con las pandillas. Esto ha supuesto que el informe mencionado estime que un 99% de las miles de detenciones practicadas sean arbitrarias, un 26% de los allanamientos ilegales y se practiquen en abundancia los malos tratos.

Se trata de una política de seguridad basada sólo en la represión, sin prevención, reinserción, ni atención a las víctimas, que no ha logrado reducir la violencia en el país teniendo en cuenta que mucha de ella es estructural debido a los altos índices de desigualdad y empobrecimiento de la población. Por mucho que nos hagan creer lo contrario, cuando el que comete los crímenes es el Estado, quien pierde es la seguridad, se socavan los valores esenciales del estado de derecho y se destruyen las democracias.

Alicia Alonso Merino

Notas:

[1] https://acortar.link/I9vc1s

[2] https://cristosal.org/en/home-2/

[3] Raúl Zaffaroni, “El crimen de estado como objeto de la criminología”

Alicia Alonso Merino. Feminista y abogada de derechos humanos. Realiza acompañamiento socio-jurídico en cárceles de distintos países.