El régimen de excepción permitió el arresto de 74 mil 861 presuntos pandilleros y el decomiso de tres mil 559 armas, informó la Policía Nacional Civil de El Salvador. Con una población de 6,3 millones de personas, estos arrestos masivos lo convirtieron en el país con la mayor tasa de población carcelaria del mundo.
Familiares y organizaciones denuncian que muchos de los detenidos por su presunta relación con las maras (bandas criminales) son inocentes. La efectividad de la medida, impugnada por violaciones de los derechos humanos, está vigente desde el 27 de marzo de 2022.
«La suspensión permanente de garantías constitucionales bajo la figura del régimen de excepción es la única herramienta de política pública que implementa el gobierno», denunció Cristosal, organización en defensa de los derechos humanos de la sociedad civil en el país centroamericano.
Mientras organizaciones de El Salvador declararon en noviembre último en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que tienen 327 denuncias de desapariciones forzadas durante el régimen de excepción (detenidas por policías o militares sin que se informara a sus familias), el representante presidencial del país lo calificó de falso.
El régimen de excepción de Bukele es un instrumento para aplastar las disidencias. Decenas de activistas han sido detenidos y acusados de pandillerismo en El Salvador, mientras las organizaciones sociales denuncian motivos políticos y una criminalización de la protesta. Se los encierra para aleccionarlos, desmovilizarlos, aplacar sus luchas.
El escrutinio de las ONG locales y de la comunidad internacional ha permitido ver los pliegues de la cifra bruta y ha hallado miles de casos de detenciones arbitrarias, entre las que sobresale un perfil muy específico de perseguidos en el estado de excepción: los activistas, los defensores de derechos humanos: acusados de pandilleros, encasillados falsamente en las filas de la Mara Salvatrucha 13 o de Barrio 18, su detención en realidad tiene motivaciones políticas.
La BBC de Londres también denunció los duros testimonios del encarcelamiento masivo decretado por Bukele en El Salvador: «Mientras estaban hincados les ponían descargas eléctricas y a uno hasta le sacaron sangre» .
El caso es uno de tantos que recoge el informe sobre el primer año de régimen de excepción realizado por Cristosal, que ha documentado la muerte de 153 personas bajo custodia del Estado, todas detenidas durante el régimen de excepción.
De ellos, 29 fallecieron de muerte violenta y otros 46 por «probable muerte violenta» o sospecha «de criminalidad», se especifica en el informe, y se señala como «patrón común» la presencia de laceraciones, hematomas que evidencian golpes, heridas con objetos cortopunzantes o contundentes, o señales de estrangulamiento o ahorcamiento en los cadáveres.
«Yo he escuchado a la oposición decir que en las cárceles muere gente. Y que nosotros estamos de alguna manera matando a los reos o dejándolos que mueran […] Pero en las cárceles muere gente como muere afuera porque se enferman, porque envejecen; hay unos que tienen enfermedades terminales, etcétera», dijo el propio Bukele.
Durante el estado de excepción, según los registros de las organizaciones de derechos humanos, ascienden a 209 casos de desapariciones forzadas cometidas por agentes estatales (policías, militares y custodios penitenciarios) .
“El estado de excepción en El Salvador ha generado patrones de desaparición forzada que derivan de las más de cinco mil detenciones arbitrarias reportadas a organizaciones de derechos humanos, porque en muchos de estos casos las autoridades niegan información sobre donde están detenidas esas personas y cuál es su situación”, sostiene Verónica Reyna, directora del área de derechos humanos del Servicio Social Pasionista (SSPAS).
El informe oficial
Sumado a los detenidos y a las armas incautadas, las autoridades lograron ocupar a los supuestos grupos terroristas (según la ley del país) tres mil 559 armas de fuego de diferentes calibres, seis mil 889 vehículos, 18 mil 824 celulares y más de tres millones 300 mil dólares en efectivo, aseguran fuentes oficiales.
La mayoría de los detenidos están recluidos en cárceles de alta seguridad como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) y los penales de Zacatecoluca e Izalco, situados en los departamentos de La Paz y Sonsonate, respectivamente.
Las estadísticas oficiales indican que hasta la fecha fueron apresados mil 201 cabecillas de pandillas, de los cuales 922 procedían de la Mara Salvatrucha y 279 de la Barrio 18 en sus dos facciones: sureños y revolucionarios.
La mayoría de los integrantes de la jefatura de las pandillas (Ranfla Nacional) se encuentran tras las rejas luego que fuera capturado en México Carlos Antonio Pérez Nieto, alias Lola City Paraíso o Diablito, de quien se trata de la 12ª Silla de la MS, es decir, uno de los 15 principales cabecillas a escala nacional.
Gerardo Villagrán del Corral
Gerardo Villagrán del Corral: Antropólogo y economista mexicano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la).
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