El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que reconsideraría la idea de imponer aranceles a las importaciones estadounidenses de acero (25 por ciento) y aluminio (10 por ciento) a condición de que se firme un nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que sea justo, lo que significaría, según él, un acuerdo trilateral orientado a reducir los déficit comerciales que la superpotencia tiene con Canadá y con México; además, el magnate republicano desearía un convenio que devuelva a su país a las empresas que se han establecido en territorio de sus socios comerciales del norte y del sur; que Canadá trate mejor a los agricultores estadounidenses y México haga mucho más para impedir que las drogas inunden Estados Unidos, asunto que, por cierto, no tiene nada que hacer en las cláusulas de un acuerdo de libre comercio.

Otra incongruencia en lo declarado por el mandatario es que apenas un día antes su secretario de Comercio, Wilbur Ross, dijo que en las medidas proteccionistas en el ramo del acero y el aluminio no habría excepciones para ningún país, por lo que resultaría absurdo condicionar la condonación de los aranceles correspondientes a los dos países vecinos a que éstos acepten la imposición de los términos en los que la Casa Blanca quiere remodelar el TLCAN.

La guerra comercial anunciada la semana pasada por Trump ha generado reacciones generalizadas de rechazo en Europa, Asia y la propia América del Norte; ha recibido críticas en las filas del Partido Republicano e incluso del Departamento de Defensa de Washington, el cual señaló que esa determinación indiscriminada pondría en peligro a las empresas estadounidenses que trabajan en sectores de seguridad nacional. Y pese a los intentos de los representantes en la actual ronda de la renegociación del TLCAN –que se realiza en esta capital– de mantener distancia de esa decisión, el mismo Trump se encargó ayer de establecer entre ambos asuntos una relación vinculante.

Respecto del gobierno mexicano, que es la parte más débil en las conversaciones, no parece disponer de recursos para resistirse a la imposición de ese TLCAN justo que quiere el presidente del país vecino, salvo el de confiar en que Canadá adopte una postura firme frente a ese cambio, en los términos de la discusión operado por Washington, al que se refirió el ministro canadiense de Finanzas, Bill Morneau. De cualquier forma, ni siquiera la oposición de Ottawa podría impedir que Trump, en uno de sus arrebatos característicos, y si no logra todas sus exigencias, opte por dar un manotazo al tablero de las negociaciones y ponga fin al acuerdo trilateral.

En suma, para nuestro país son muchos y muy serios los riesgos de mantenerse en la mesa de negociaciones en las actuales circunstancias, con un Ejecutivo federal mermado por su baja popularidad y por sus errores de origen en el manejo de la relación con el actual presidente estadounidense, así como por el proceso de sucesión presidencial en curso. Sería preferible asumir de una vez por todas que se carece de condiciones para alcanzar un acuerdo en el que los intereses nacionales no se vean gravemente comprometidos por los términos que pide Washington y esperar un momento más propicio, tanto en lo internacional como en lo interno, para impulsar un nuevo instrumento comercial.

La Jornada

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