Globalización

Ecuador celebrará el 20 de agosto elecciones generales anticipadas luego de que el banquero-presidente Guillermo Lasso disolviera el Parlamento, al que acusó de «abuso de poder» y responsable de la actual crisis política. El miércoles último, en su informe de gestión, el aún mandatario defendió la «muerte cruzada» como decisión ante «afanes golpistas»: con esa maniobra frenó el juicio político en su contra.

Acorralado por un juicio político en la unicameral Asamblea Nacional, Lasso decidió disolverla hace una semana, al hacer uso de su facultad constitucional, que contempla comicios anticipados para completar el período de cuatro años (hasta mayo de 2025). El Consejo Nacional Electoral aprobó que la elección de presidente y su vicepresidente, así como de los 137 diputados y, de ser necesario, el ballottage será el 15 de octubre.

Las elecciones express derivadas de la muerte cruzada se constituyen en el evento más singular y excepcional de la historia reciente. En pocos días, los partidos y movimientos políticos deberán cumplir un cronograma electoral estrechísimo que apenas prevé una semana de campaña. Y así será difícil que los electores conozcan los programas de gobierno o a los candidatos de las diferentes tiendas políticas, además de la dispersión en la papeleta que será un dolor de cabeza al momento de decidir y votar.

Como ya ocurrió en el 2021, nuevamente serán los presidenciables quienes arrastrarán a sus asambleístas, aquellos que polaricen las elecciones tendrán los bloques parlamentarios más representativos. El escenario político se está configurando alrededor de tres tendencias que apuran alianzas, cuadros electorales y candidatos. A esta altura no existen favoritos, aunque los medios de comunicación tradicionales y virtuales traten de incidir en la intención del voto de la gente.

La disputa política activada con la “muerte cruzada”, abre un escenario de virulenta confrontación electoral en el que los sectores gubernamentales, sus aliados políticos y los grupos fácticos como la banca y las corporaciones mediáticas, podrían utilizar todos los medios, legítimos e ilegítimos, como la persecución política-judicial o la utilización de recursos públicos con fines de publicidad política para evitar la inminente victoria del sector progresista.

En el correísmo su binomio presidencial será consecuencia de quien mejor endose el capital político de su líder, asilado en Bélgica. Es sin duda la primera minoría, pero sus números pueden ser insuficientes para ganar en una sola vuelta y más difícil aún para imponerse en un balotaje.

La Revolución Ciudadana tendría una intención de voto superior al 40%, como han señalado varias encuestadoras en medio de un profundo deterioro de las condiciones de seguridad, de las instituciones y de la propia democracia, advierte el parlamentario correista Virgilio Hernández Enríquez.

La derecha presenta varios candidatos. Fernando Villavicencio, Esteban Torres, Otto Sonnenholzner y Jan Topic disputarán una franja de votos disminuida debido a la deficitaria gestión del desgobierno de Lasso y la participación de estos personajes en los negociados y la nómina estatal de los tres últimos gobiernos.

Para los sectores democráticos y de centroizquierda el escenario es prometedor. Yaku Pérez es su mejor opción para polarizar con el correísmo y ganar. Todo depende de configurar una alianza programática con Leonidas Iza que supere a la división del Pachacutik, de articular al movimiento social organizado y de proponer soluciones coherentes con las demandas populares.

En el correísmo su binomio presidencial será consecuencia de quien mejor endose el capital político del Correa, asilado en Bélgica. Si bien son la primera minoría, su votación actual es menor a la que obtuvieron con Arauz en febrero del 2021. Para los analistas, sus números son insuficientes para ganar en una sola vuelta y más difícil aún para imponerse en un balotaje.

Paso a paso

Primero Lasso quiso gobernar imitando el discurso populista ecuatoriano; y después cumpliendo los viejos apotegmas neoliberales: deuda externa en beneficio de los banqueros y amigos; leyes para las entidades financieras; recorte del presupuesto social; reformas tributarias para exprimir más a la clase media; riñas para presidir las instituciones.

Aunque no se han resuelto las denuncias de corrupción en las aduanas, es palpable la mayor circulación de droga; los miles de muertos en una guerra que estalló en el gobierno de Lasso. Del caso El Gran Padrino, por Danilo Carrera, cuñado de Lasso, se comenzó una espiral interminable de turbias conexiones; a la Corte Constitucional, con tres lassistas en contra, le pareció dar paso al juicio político por la causa más pequeña: la corrupción en FLOPEC, por seis millones de dólares, que involucra, entre otros, a Hernán Luque Lecaro y Guillermo Lasso.

La Asamblea en sus dos terceras partes se decidió por destituir al presidente. Lasso entre la muerte por destitución y la muerte por su propia mano, decidió la segunda. Decretó la disolución por una «grave crisis política y conmoción interna» en medio de la moción a la que era sometido por la mayoría opositora del Legislativo, que liderada por la centroizquierda lo acusaba de peculado.

«Puse fin a una confrontación política que tenía inmerso al país en una crisis que se agudizaba con el tiempo», expresó Lasso al presentar el informe de su segundo año de gestión. Disolver la Asamblea Nacional «cerró un largo capítulo de desinstitucionalización y abuso de poder, liderado por sectores políticos que se habían trazado como meta la cooptación de todo el Estado», añadió.

La “muerte Cruzada” es un mecanismo de contención constitucional, pero requiere de causales. En caso de aplicación por parte del presidente, las causales son: arrogación de funciones constitucionales por parte de la Asamblea Nacional que no le competan, previo dictamen de la Corte Constitucional; sí de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna. Esta última ha sido la empleada por Lasso, pese a que no existía movilización ni enfrentamiento social.

La Corte Constitucional, por su parte, negó la admisión de las varias demandas que se presentaron contra el decreto 741 por parte del presidente de la Asamblea Nacional y varias fuerzas políticas opositoras. Revolución Ciudadana, que lidera el expresidente Rafael Correa, si bien reconoció la ilegalidad del decreto, ratificó que era una oportunidad para que el pueblo resuelva democráticamente la pugna política.

Lasso, un exbanquero conservador cuya credibilidad cayó a 10%, podrá postularse nuevamente para terminar el mandato que asumió en 2021 sin que se trate de una reelección, que por ley sólo se permite por una vez. Para los comicios de alcaldes y prefectos (gobernadores) provinciales de febrero pasado fueron convocados 13,4 millones de los 18,2 millones de ecuatorianos.

Ecuador enfrentó el peor período de inestabilidad democrática de su historia entre 1996 y 2007, en el que llegó a tener siete mandatarios hasta la llegada del progresista Rafael Correa (2007-2017).

El banquero-presidente sostuvo que luego de su decisión «nunca más un presidente de la República quedará a merced de una Asamblea que dedique su tiempo a conspirar e impedir que un gobierno avance en la agenda para el desarrollo del país». Previamente, designó al empresario y político César Rohon como ministro de Transporte y Obras Públicas en reemplazo de Darío Herrera, acusado con él de actos de corrupción.

El plan de Lasso es imponer en seis meses, mediante decretos-ley, la propuesta neoliberal que desde el inicio del gobierno quiso aplicar y que fue rechazada por los trabajadores, la juventud y los pueblos en las calles y plazas del país. A lo largo de los dos años de gobierno, el presidente-banquero insistió en sus discursos y propuestas de ley, para impulsar un conjunto de reformas legales y viabilizar el ajuste neoliberal.

La meta es imponer una reforma a la seguridad social para incrementar los aportes de los afiliados, subir la edad para jubilarse, disminuir las pensiones jubilares, todo esto mediante un decreto-ley, además de la privatización del sector petrolero: el ministro de Energía, Fernando Santos Alvite, abogado de las trasnacionales petroleras, ya dijo que propondrá incluir reformas legales al sector petrolero para promover la participación del sector privado en esas actividades

Tras su informe, Lasso, de 67 años, viajó nuevamente a Estados Unidos para una intervención médica. Su retorno está previsto para el próximo domingo, cuando en el país seguirá la ola de inseguridad, el crecimiento de la pobreza y extrema pobreza, el incremento del costo de la vida, seguirán faltando medicinas en los hospitales, así como los cupos para que los jóvenes ingresen a las universidades.

Eloy Osvaldo Proaño

Eloy Osvaldo Proaño: Analista e investigador ecuatoriano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la).