Globalización

La Unión Europea, la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertaron sobre una inminente ruptura del orden constitucional en Guatemala debido al abuso de poder por parte de la Fiscalía para impedir la asunción del presidente electo Bernardo Arévalo, e instaron a todos los poderes públicos del país a garantizar la preservación del Estado de derecho.

El sociólogo y antropólogo Bernardo Arévalo, frente del movimiento Semilla, ganó las elecciones en agosto con el 60 por ciento de los votos y debe asumir la presidencia el próximo 14 de enero, pero el llamado Pacto de Corruptos trata de impedirlo con un golpe de Estado.

La democracia en Guatemala jamás se materializó. Cada cuatro años el pueblo se limita a elegir un presidente, casi siempre un cleptodictador que gobierna el país en coalición y alianza con una organización de exoficiales de inteligencia, que desde 1982 ejercen el control de las aduanas de puertos, aeropuertos y fronteras, la élite económica de extrema derecha, el envilecido alto mando militar y las mafias criminales, fundamentalmente los carteles del narcotráfico.

Como fuerzas de choque cuentan con el apoyo de los voraces sindicatos estatales y de las iglesias en expansión de cristianos “renacidos” o neopentecostales que han crecido bajo la sombra del narcotráfico. El Estado y sus instituciones están capturadas por élites antidemocráticas implacables y los sucesivos gobiernos demostraron beneficiar sólo a las mafias enquistadas en el poder, que hoy temen perder sus prerrogativas.

El viernes último, la Fiscalía de Guatemala afirmó que las elecciones debían anularse por supuestas irregularidades en la primera vuelta, pero casi de inmediato el Tribunal Supremo Electoral aseguró que los resultados eran oficiales e inalterables.

La jefa del TSE, Blanca Alfaro, aseguró que los resultados son “inalterables” y que Arévalo y su vice electa, Karin Herrera, “ya recibieron las correspondientes credenciales” que los acreditan como los próximos responsables del país. Con todo, Alfaro dejó abierta la chance de que la Corte de Constitucionalidad, la máxima instancia judicial el país, pueda adoptar una decisión sobre los comicios.

Arévalo sostuvo en una conferencia de prensa que la Fiscalía busca evitar que asuma el poder debido a que poderosos sectores políticos tradicionales tienen miedo de su promesa de lucha frontal contra la corrupción. «Estamos ante un golpe de Estado absurdo, ridículo, y perverso. Los golpistas están dando patadas de ahogado», afirmó.

Asimismo, la Organización de los Estados Americanos (OEA), solicitará al gobierno de Guatemala el consentimiento para realizar una visita de buenos oficios al país, esto en el marco del rechazo que ha causado para la comunidad internacional las acciones del Ministerio Público (MP) respecto al proceso y resultados electorales.

Con 29 votos a favor de los Estados miembros se aprobó la resolución en la que se solicita que el secretario general, Luis Almagro, y al presidente del Consejo Permanente, Ronald Sanders, invoquen el artículo 18 de la Carta Democrática Interamericana. El único país que votó en contra de la resolución fue Guatemala y El Salvador se abstuvo.

La CIDH considera que el objetivo de la Fiscalía es invalidar la integridad y los resultados del proceso electoral y evitar la toma de posesión de las autoridades electas conforme a la voluntad popular expresada en las elecciones generales.

«La instrumentalización del sistema de justicia y el derecho penal en Guatemala desde el inicio del proceso electoral han puesto de manifiesto el ejercicio indebido y arbitrario del poder con fines político-electorales por parte del Ministerio Público», indicó, lo que provocó «la erosión del sistema de controles y contrapesos del Estado democrático de derecho debido a la ausencia de garantías del Poder Judicial para cumplir su rol».

El organismo instó a un ejercicio independiente de los poderes públicos para garantizar la transición presidencial, a proteger la vida y la integridad de las autoridades políticas electas, entre otras personalidades, o a que los procesos de selección de operadores de justicia se realicen conforme a los estándares interamericanos, bajo criterios en base al mérito.

Para que Arévalo no pueda asumir la presidencia han intentado toda suerte de artimañas escandalosamente burdas, usando como instrumentos a los fiscales Consuelo Porras y Rafael Curruchiche, y al juez penal Fredy Orellana, sancionados por el gobierno de Estados Unidos.

Intentaron anular la personería jurídica del partido Semilla, que llevó como candidato presidencial a Arévalo; a anular los resultados electorales, mandando secuestrar urnas e intervenir al poder electoral, mientras la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia vacilan frente a estas maniobras o se prestan a ellas, una colusión de la que también es parte la cúpula del Congreso Nacional.

El repudio a las maniobras del llamado “Pacto de Corruptos” se extiende.Estados Unidos anunció el retiro de la visa a unos 300 guatemaltecos, entre ellos un centenar de diputados, y condenó los intentos de socavar la democracia por parte de la Fiscalía General.

Asimismo, los países del Mercosur pidieron a las autoridades de Guatemala que adopten todas las medidas necesarias para asegurar la investidura del presidente electo. El bloque manifestó en una nota su preocupación por la judicialización del proceso electoral en el país e instó «a respetar la voluntad del pueblo expresada en las urnas con una mayoría contundente», en la segunda vuelta de las presidenciales.

Mientras, el Gobierno de Francia explicó que los países de la UE trabajan en la adopción de sanciones contra los responsables de interferir en la asunción de la nueva gestión en Guatemala.

El golpe

Arévalo es un académico que habla al pueblo como si se hallara en un aula de clases y no en una plaza pública, lejano a la demagogia y a los usuales actos de corrupción.

El mejor antecedente de la corrupción es el actual gobernante, Alejandro Giammattei, implicado en la conspiración para frustrar la presidencia de Arévalo, quien fue jefe del sistema penitenciario, sucesor de Jimmy Morales, un mal cómico de la televisión; para no hablar de los generales sanguinarios que, como Efraín Ríos Montt, profeta de la Iglesia Cristiana del Verbo, fueron juzgados por genocidio.

El 7 de diciembre, se realizó una marcha en la ciudad capital, convocada por autoridades y organizaciones indígenas, sociales y por el presidente electo Bernardo Arévalo, de la que participaron lídere se otros partidos políticos, donde se exigió. defender la democracia y la renuncia del grupo criminal, que está consumando un Golpe de Estado en el país.

El vocero del llamado pacto de corruptos, Rafael Corrupchucho, dijo que la comunidad internacional interfiere abusivamente en las investigaciones y, retó a Almagro y embajadores para que acudan al Ministerio Público a verificar la información que tienen sobre el supuesto “fraude” y con una actitud prepotente manifiesta que “las elecciones son nulas” y “solicita que se le retire el antejuicio al binomio electo”.

Las resoluciones de la OEA, de la CIDH, del Parlamento Europeo, los pronunciamientos de presidentes y jefes de Estado de varias partes del mundo en contra del intento golpista que ejecuta la Fiscalía, dirigida por el llamado Pacto de Corruptos, un monstruo de varias cabezas (narcotraficantes, corruptos, narcofinqueros, líderes religiosos corruptos y pedófilos, universidades de cartón, ONG de cartón, genocidas, entre otros), no son suficientes para desbaratar las intensiones desestabilizadoras de este grupo .

“Nos les importa si reciben más castigos por parte de la comunidad internacional. Ellos conociendo al pueblo, actúan abusivamente. Entonces, solo el pueblo podrá hacerlos retroceder. Un pueblo cansado de tanta maldad e inmundicia, es quien los haga retroceder. Será el pueblo organizado, tomando las calles, quien les tendrá que hacer justicia popular”, señala Kajkoj Máximo Ba Tiul, antropólogo, filósofo, teólogo, investigador maya.

El escritor y exvicepresidente nicaragüense, Sergio Ramírez, señala que si el 14 de enero el presidente electo Bernardo Arévalo logra asumir el poder que el pueblo le otorgó en las urnas, como debemos confiar en que así sea, será porque la otra Guatemala, la de los cantones indígenas, ha resistido, sin poder, pero con autoridad.

En Guatemala continua la violación constante del estado de derecho, el control espurio de las instituciones, el encarcelamiento de periodistas, como el caso de Rubén Zamora, director de El Periódico, la persecución contra jueces, fiscales y procuradores de derechos humanos decididos a cumplir su papel legal, muchos de ellos forzados al exilio.

Las posibilidades de Arévalo de prestar juramento serían nulas si no fuera por la otra Guatemala, sometida y olvidada, la de los pueblos indígenas de ascendencia maya, quichés y cachiqueles, que representan 60 por ciento de la población, víctimas por siglos de la opresión y la discriminación, y de campañas de exterminio como la del general Ríos Montt, cuando aldeas enteras fueron borradas del mapa con todos sus habitantes, enterrados en fosas comunes.

El alcalde de la comunidad Juchanep, quien representa a los 48 cantones indígenas, señaló que “nosotros estamos aquí por una obligación moral, no representamos poder, representamos autoridad… y no permitiremos que Guatemala caiga en un gobierno de facto, en una imposición”. Son los cantones indígenas los que siguen resistiendo al golpe, quizá sin poder, pero con autoridad.

Victoria Korn

Victoria Korn: Periodista venezolana, analista de temas de Centroamérica y el Caribe,  asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la).