Globalización

IMAGEN: Nayib Bukele, presidente de El Salvador.

Crisis política en El Salvador. Asomó la tëte autoritaria del presidente Nayib Bukele, al introducir policías y militares a la sede de la Asamblea Legislativa el pasado domingo 9 de febrero. La reacción de las dos fuerzas opositoras no se hizo esperar: del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (Arena) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

No faltaron los calificativos a la acción, tanto internos como externos, de autogolpe o golpismo al poder Legislativo alentado desde la instancia presidencial, por tratarse de dos poderes.

¿Bajo qué argumento?, de no aprobar en calidad de urgente la petición presupuestal de más de 100 millones de dólares para el Plan de Control Territorial para combatir de la Mara Salvatrucha.

Y Bukele se rebeló en el nombre de Dios, desde la sede del legislador, tomada como púlpito. Curioso, el pretexto religioso o Biblia en mano —actos chocarreros para ganar apoyos populares; nada qué ver el nexo religión/política—, como lo hizo en su momento la autoproclamada presidenta Janine Añez en Bolivia.

El golpismo en América Latina no ha quedado atrás pese al siglo XXI. Todo lo contrario, desde que Estados Unidos de América (EUA) mete las narices acá, y sigue tratando a Latinoamérica como “patio trasero”, Doctrina Monroe decimonónica rediviva en la era Trump.

Sí. Washington está, siempre, atrás de cualquier acción golpista en la región, en todo aquel país que intenta una ruta propia —nacionalista, independiente o alejada del injerencismo de la Casa Blanca—; y basta con que los gobiernos rompan los hilos de control y acceso a las empresas gringas a los recursos naturales locales, para prorrumpirlo. Más que pretexto.

La derecha, característica aparte de los gobiernos de ese matiz ideológico-político, para acabarla, está siempre dispuesta a vender la patria a intereses externos, principalmente norteamericanos, con tal de obtener migajas. Y Bukele se está comportando como tal.

Molesto porque la Asamblea Nacional no le avaló en febrero —declarado improcedente— el préstamo del Banco Centroamericano de Inversión Económica (BCIE) por 109 mdd, el presidente asomó la irrupción constitucional.

Con dos artículos en la mano: el 167 de su Carta Magna para convocar a sesión extraordinaria del Parlamento, y/o el 87 para azuzar la insurrección popular con fines del “restablecimiento del orden constitucional”, Bukele arremetió usando a la Fuerza Armada y a la Policía, un evento inédito en El Salvador.

¿Es sólo porque policía y fuerzas armadas se beneficiarían del préstamo solicitado para el plan de seguridad (el equipamiento en esta la tercera fase del plan) por Bukele que lo apoyaron el domingo? O porque el presidente es el comandante general de las fuerzas armadas. La confrontación entre ambos poderes tiene otras aristas, en varios temas.

No obstante, la Corte Suprema de Justicia de ese país Centroamericano prohíbe al presidente a convocar al Parlamento para la aprobación de dicho préstamo. Aparte, es claro que los sectores salvadoreña están en desacuerdo con el procedimiento.

Y de que el Plan de Control carece de objetivos y metas claras, a juicio de algunos legisladores, aparte torceduras como la designación a la empresa encargada de las 4 mil cámaras de videovigilancia y “desvíos” para fines ajenos a la seguridad.

El tema de la oposición legislativa y que Bukele no está atendiendo, pasa por la fundamentación adecuada, justificada, del plan de seguridad que requieren los legisladores; mientras tanto, izquierda y derecha están unidos bajo la misma presión: en contra de Bukele.

Lo principal es que nadie, ni adentro ni afuera de El Salvador, quiere golpe de Estado. La memoria del pasado, de militarismo y guerra civil pesa y duele. Bukele unió a los dos partidos contrarios en su contra, que se junten para dialogar, como principio democrático básico para cualquier país (12 de febrero de 2020).

Salvador González Briceño

Salvador González Briceño: Director de geopolítica,com, @sal_briceo.