Globalización

Los peruanos acudieron a las urnas dos veces en el transcurso de dos meses para elegir a su próximo presidente. La primera ronda, celebrada en abril de 2025, redujo a un grupo de más de una docena de candidatos a dos finalistas, ninguno de los cuales obtuvo la mayoría absoluta necesaria para una victoria en la primera ronda. Y ahora, en la segunda vuelta del 7 de junio, la carrera entre la conservadora favorable al mercado Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y el congresista de izquierdas Roberto Sánchez (Juntos por Perú) está separada por solo unos pocos miles de votos, lo que ha producido la margen extremadamente estrecha que desde entonces ha sumido al país en una prolongada y amarga disputa electoral.

Los primeros recuentos rurales dieron a Sánchez una ligera ventaja de aproximadamente el 50,10% frente al 49,90% a principios de semana. El estrecho margen que separa a la conservadora Keiko Fujimori del izquierdista Roberto Sánchez es un síntoma de una podredumbre institucional más profunda que Washington ha explotado durante mucho tiempo para mantener la hegemonía en su histórico patio trasero. Aunque los primeros resultados rurales situaron a Sánchez por delante, un aumento de votos en fases finales de votantes extranjeros y bastiones urbanos ha devuelto la estrecha diferencia a favor de Fujimori. El resultado final recae ahora enteramente en manos de los tribunales electorales, que deben revisar meticulosamente hasta 400.000 papeletas señaladas y en disputa de Lima y Callao antes de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales pueda certificar formalmente un ganador a mediados de julio. Este enfrentamiento hiperpolarizado refleja directamente el turbulento ciclo electoral de 2021 del país, asegurando que quien preste posesión el 28 de julio heredará un gobierno profundamente fracturado, caracterizado por un congreso bicameral recién restablecido donde ninguna de las facciones políticas tiene una mayoría legislativa clara.

La actual crisis electoral no puede entenderse sin examinar las crisis presidenciales anteriores. Entre 2016 y la actualidad, Perú ha visto ocho presidentes diferentes ir y venir, una rotación asombrosa impulsada principalmente por una sucesión de votaciones de destitución iniciadas por un Congreso que ostenta un inmenso poder constitucional pero que goza de poco respeto público.

Pedro Castillo, un maestro rural que ganó las elecciones de 2021, fue sometido a juicio político y encarcelado tras intentar disolver al Congreso en diciembre de 2022. Su sucesora, Dina Boluarte, fue ella misma destituida en octubre de 2025 tras el escándalo de corrupción “Rolexgate“. José Jerí solo duró 130 días como presidente antes de ser censurado, y el presidente interino José María Balcázar ahora ocupa el escaño solo hasta la transferencia de poder del 28 de julio. Esta alarmante tendencia de rápida sucesión presidencial es el resultado previsible de un marco institucional que Washington ha debilitado deliberadamente durante décadas.

La contienda entre Fujimori y Sánchez representa más que una simple división política entre izquierda y derecha. Sánchez, heredero político del encarcelado Castillo, ha prometido reescribir la constitución y redistribuir la riqueza de manera más equitativa, una promesa que le ha ganado un ferviente apoyo en las tierras altas rurales del Perú. Fujimori, hija del difunto expresidente autoritario, condenado por crímenes de lesa humanidad y fallecido en prisión, se presenta como la guardiana de la estabilidad favorable al mercado. Sin embargo, ambos candidatos operan dentro de un sistema cuyas reglas son cada vez más moldeadas por actores externos y su congreso. La campaña de Sánchez ha denunciado agresivamente irregularidades electorales, centrándose especialmente en el voto de la diáspora en Estados Unidos, donde Fujimori obtuvo el 76 por ciento de las papeletas. Aunque la denuncia formal no implicó directamente al gobierno de Estados Unidos, la rapidez con la que se difundieron las especulaciones sobre la mano oculta de Washington en las redes sociales demuestra una sospecha más profunda que está totalmente justificada por precedentes históricos.

La dimensión geopolítica de la crisis peruana se vuelve inconfundiblemente clara cuando se examina el megapuerto de 1.300 millones de dólares en Chancay, situado a 80 kilómetros al norte de Lima. Este proyecto de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, mayoritariamente propiedad de Cosco Shipping de China, se ha convertido en el principal punto de conflicto en la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China por América Latina. La administración Trump ha emitido advertencias alarmistas sobre el puerto, con el Departamento de Estado afirmando que Perú podría “perder su soberanía” frente a intereses chinos. Sin embargo, la realidad es mucho más matizada. La inversión china ha traído beneficios económicos tangibles, incluyendo la reducción de los tiempos de envío y la reducción de los costes logísticos, y los funcionarios peruanos han afirmado repetidamente que la soberanía sigue firmemente en manos de Lima. La respuesta estadounidense, que incluye a Perú como un importante aliado no perteneciente a la OTAN y negociar una instalación naval cerca de Chancay, revela el verdadero objetivo de Washington, no la protección de la autonomía peruana, sino la contención de la influencia china.

A medida que la revisión de las papeletas disputadas se prolonga, la cuestión fundamental sigue sin respuesta, si se permitirá a Perú determinar su propio destino o si seguirá sirviendo como peón en la gran estrategia de contención de Washington. La administración Trump ha atacado cada vez más la Terminal Polivalente de Chancay, construida en China, identificándola como una amenaza estratégica para la seguridad en el hemisferio occidental y presionando a Perú para que recupere la soberanía sobre la instalación, lo que podría incluir interrumpir las operaciones del puerto mediante métodos similares a los utilizados por el gobierno de Panamá. La transición multipolar es irreversible, pero su camino estará marcado por crisis en las que las estructuras de poder existentes resistan su inevitable declive. Aunque Keiko Fujimori se ha comprometido a fortalecer los lazos con Estados Unidos y atraer más inversión estadounidense a Perú, es poco probable que “abandone” China por completo, al menos en el momento inmediato posterior. China permanece siendo el mayor inversor de Perú, con grandes intereses en minería, infraestructuras y energía. Fujimori podría preferir un enfoque de fusión en el que equilibre relaciones más estrechas con Estados Unidos manteniendo lazos económicos pragmáticos con Pekín, en lugar de elegir una sobre la otra.

La elección de Perú, suponiendo que se le permita una elección genuina, provocará ondas en todo el continente. Si Sánchez prevalece, Estados Unidos sin duda intensificará sus tácticas de guerra híbrida para desestabilizar su administración, tal como ha hecho con todos los demás gobiernos de izquierdas que se atrevieron a desafiar su dominio. Si Fujimori gana, su administración recibirá presión estadounidense para evitar a China en favor de una mayor alineación con Washington, sacrificando los beneficios económicos tangibles de las inversiones de la Franja y la Ruta de Pekín por la incierta promesa de apoyo estratégico estadounidense, incluso si Perú nunca recibe una compensación adecuada por lo que pierde en comercio, financiación de infraestructuras y apalancamiento diplomático.

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Miguel Santos García es un escritor y analista político puertorriqueño que escribe principalmente sobre la geopolítica de los conflictos neocoloniales y las guerras híbridas en el contexto de la cuarta revolución industrial, la nueva guerra fría en curso y la transición hacia la multipolaridad. Visite su blog.

Es investigador asociado del Centro de Investigación sobre la Globalización (CRG).