España – El futuro Gobierno y la Constitución

La vida cotidiana de las clases trabajadoras y de los pueblos constituye la esencia de las naciones. Sus banderas, que a fin de cuentas no son más que símbolos, esconden a menudo los intereses de las élites económicas, que no suelen corresponderse con los del pueblo trabajador, fuente de su riqueza.

La acción política, más o menos limitada por las leyes vigentes, se ve forzada a avanzar por el estrecho sendero que la Constitución de 1978 posibilita. Una constitución monárquica aprobada por las Cortes Generales españolas hace más de cuarenta años, producto de la reforma de una dictadura impuesta por el fallido golpe militar del 18 de julio de 1936, que derivó en la Guerra de España, preludio de la agresión nazi a los pueblos de Europa.

La destrucción de la II República española -un sistema democrático que había sido legítimamente constituido- fue consecuencia de la arrolladora ascensión de los fascismos en la Europa de los años 30, cuya influencia ideológica entre la mayoría de la oficialidad del ejército español prendió con fuerza. Hoy, generales franquistas del ejercito español, retirados o en la reserva, llaman de nuevo a la lucha ideológica.

La pretendida neutralidad política de los ejércitos es una peligrosa ficción. Desde la peculiar estructura de sus servicios secretos se acecha, con más diligencia de la imaginable, la actuación legítima de los gobernantes. Cuando un Gobierno progresista intenta llevar a cabo las reformas necesarias para atender las apremiantes necesidades que la sociedad demanda, corre el riesgo de verse limitado por la irresistible presión de las bayonetas.

Si el Gobierno acaba cediendo a las presiones militaristas, en contra de la voluntad mayoritariamente expresada por el pueblo, aquel pierde su legitimidad y el apoyo popular que lo sostiene. La Historia nos enseña que, en esas situaciones, las cúpulas militares, generalmente aliadas de las élites económicas, acaban rebelándose contra la voluntad democrática libremente expresada, liquidando las conquistas arrancadas por la clase trabajadora.

Es de suma importancia, pues, que el próximo Gobierno de España emprenda de inmediato las reformas necesarias para impedir que los sectores monárquicos, de agresiva ideología franquista, impongan abusivamente su autoridad en el seno del ejército, apoyados en una justicia militar anacrónica, que es cualquier cosa menos justicia. Esta ha de ser transferida sin paliativos a los juzgados y tribunales civiles, a fin de adecuarla a los tiempos actuales.

Los militares demócratas somos conscientes de las amenazas que se ciernen sobre el horizonte.

Las noticias retransmitidas por todas las cadenas de radio y televisión, con motivo de la exhumación del dictador Francisco Franco, así como el conflicto político entre Catalunya y el reino de España, prueban la gravedad de la situación.

Desde la Europa democrática a la que pertenecemos se está siguiendo con estupor la llegada al Parlamento español de altos mandos militares retirados, abiertamente franquistas, que enaltecen el golpe militar y su dictadura. Es necesario ilegalizar toda exaltación del franquismo y su cortejo de horrores. No hay posibilidad alguna de reconciliación entre los victimarios y sus víctimas, estos han de pagar por los graves crímenes cometidos, que no pueden ser amnistiados ni prescriben. Por lo tanto: ni olvido, ni perdón.

Por otro lado, el cumplimiento de las exigencias que la Comisión Europea impone a España, en materia de déficit, se traducen en agresiones contra las clases más desfavorecidas. Siendo inminente una recesión económica, es probable que los recortes recaigan nuevamente sobre el pueblo trabajador, en vez de recaer sobre las élites dominantes. Esto es lo que ha venido sucediendo desde el inicio de la Gran Crisis, que arrasó con derechos políticos y sociales. Por ello, los legítimos antagonismos entre trabajo y capital, por un lado, y el conflicto entre las naciones sin Estado y el reino de España, por el otro, anuncian la preocupante situación a la que nos abocamos.

La Constitución monárquica es un serio obstáculo para una salida democrática a la crisis de régimen, que se agudiza rápidamente. Su núcleo fundamental constituye una imposición brutalmente clasista, simbolizada en la persona de un rey inviolable que reina al margen de las leyes, erigiéndose en garante del dictado constitucional. En efecto, los artículos más sociales, recogidos a título de inventario en el articulado no protegido de la Constitución, entran en flagrante contradicción con los artículos que sí están protegidos, como son los que atañen a los privilegios del rey.

Por todo ello, el Colectivo Anemoi, que me honro en representar, se adhiere a las reivindicaciones del Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP), completándolas con algunas más específicas del ámbito militar, a saber:

  • Derogación de las reformas laborales y de pensiones del 2011 y 2013.
  • Derogación de la LOMCE.
  • Defensa del actual sistema público de pensiones.
  • Anulación de las leyes liberticidas, como la ley mordaza y el artículo 315.3 del Código Penal.
  • Libertad para los republicanos catalanes presos y abandono de toda persecución judicial por delito de opinión y manifestación.
  • Eliminación de la justicia militar, transfiriendo sus funciones a la justica ordinaria.
  • Paralización inmediata del despido de los militares de Tropa y Marinería, pues son también trabajadores de uniforme y han de tener los mismos derechos sociales que los demás funcionarios militares.

Los militares demócratas, de cualquier escala y cuerpo, somos conscientes de las presiones que se gestan desde los “cenáculos militares” de alto rango. La aplicación dura del artículo 155 y la frustración de las expectativas de la mayoría social progresista, abrirían sin duda una brecha por la que se colaría un franquismo rampante, que daría paso a una dictadura más o menos encubierta. De darse esa situación, el conflicto político catalán se enquistaría, derivando probablemente en un enfrentamiento civil de consecuencias imprevisibles.

La proclamación de la III República, en el marco de un estado federal o confederal, consensuado mediante un nuevo proceso constituyente, se percibe como la única alternativa viable para crear las condiciones políticas necesarias para dar satisfacción a las apremiantes necesidades sociales, resolviendo de una vez por todas el viejo conflicto existente entre Catalunya y el reino de España. Conflicto político espoleado por una ultraderecha franquista peligrosamente militarista. La amnistía de los presos políticos se plantea, pues, como una exigencia ineludible.

Instamos a nuestros socios europeos a que tomen buena nota del conflicto territorial que nos aflige. Pues, hoy como ayer, la democrácia en Europa está seriamente amenazada.

Saludamos esperanzados el acuerdo suscrito entre el PSOE y Unidas Podemos para la formación del futuro Gobierno progresista. Valentía y coraje es lo que de él esperamos. Unidad y movilización, también, de las organizaciones sociales, exigiendo sin tregua al Gobierno de España las justas reivindicaciones más arriba citadas.

Manuel Ruiz Robles

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