Globalización

El reciente aumento sin precedentes a finales de julio de cruces migratorios hacia el enclave español de Ceuta, una pequeña ciudad autónoma situada en la costa norte de África y completamente rodeada por territorio marroquí, debe analizarse no como un incidente humanitario aislado, sino como un instrumento calculado de diplomacia dentro de una confrontación geopolítica más amplia y compleja.

La magnitud de la afluencia, que se estima que unas 60.000 personas, predominantemente marroquíes, entraron en la ciudad en un solo día, representa una cifra equivalente a casi el setenta por ciento de toda la población de Ceuta y desbordó inmediatamente todos los recursos de servicio público, refugio y seguridad disponibles sobre el terreno, así como la aparición de vídeos circulando en línea que, según se informa, muestran a las autoridades marroquíes facilitando o guiando activamente a estas masas hacia los puntos fronterizos añaden una preocupante capa de evidencia circunstancial de que lo que ocurrió no fue un aumento migratorio espontáneo, sino una operación coordinada con complicidad oficial.

La magnitud y coordinación del asalto, que vio a miles de personas cruzar la frontera nadando alrededor de la zona de Tarajal o usando sierras eléctricas para cortar la valla de seis metros de altura, sugiere un nivel de organización que trasciende las capacidades de simples redes de contrabando, apuntando en cambio a un posible cálculo estratégico que emana de Rabat, cuyas fuerzas de seguridad poseen control total sobre la tierra rutas que rodean este puesto europeo.

La crisis actual, que ya ha eclipsado el anterior gran episodio de mayo de 2021, cuando aproximadamente 10.000 migrantes entraron en Ceuta, refleja ese evento anterior en su función como forma directa de palanca. La crisis de 2021 fue desencadenada por la decisión de España de admitir a Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, para tratamiento contra la COVID-19, un acto que Marruecos interpretó como un gesto hostil y al que respondió relajando los controles fronterizos y facilitando la entrada masiva de migrantes a Ceuta. Esta táctica logró finalmente obligar al gobierno español a revertir su postura sobre la cuestión del Sahara Occidental y apoyar el plan de autonomía marroquí en marzo de 2022, demostrando así que la posición única del enclave como territorio africano bajo jurisdicción europea sirve como una válvula de presión perfecta para disputas diplomáticas, y en el mundo multipolar contemporáneo, donde la influencia de las grandes potencias tradicionales es cada vez más cuestionada, actores estatales más pequeños como Marruecos han descubierto que poseen una agencia significativa y pueden convertir eficazmente las interdependencias asimétricas que comparten con naciones más grandes, transformando la gestión fronteriza y la migración humana en potentes herramientas geopolíticas mucho más baratas y negables que la confrontación militar convencional.

El momento de esta última crisis migratoria es la variable crítica que conecta las acciones de Marruecos con los objetivos estratégicos de Estados Unidos, formando un nexo que sugiere una posible campaña de presión coordinada contra España, una campaña que se vuelve aún más efectiva porque el aislamiento físico de Ceuta respecto a la Europa continental la convierte en un cuello de botella logístico donde incluso un aumento moderado en los flujos migratorios puede desencadenar un estado inmediato y visible de colapso. y la crisis estalló casi simultáneamente con amenazas explícitas de la administración del presidente Trump, quien ha sido muy crítico al gobierno español por negarse a comprometerse con un objetivo de gasto en defensa del cinco por ciento del PIB para la OTAN, por su prohibición de usar las bases militares de Rota y Moron para posibles operaciones contra Irán y por el fortalecimiento de los lazos económicos con China, incluyendo la adjudicación de contratos al gigante tecnológico chino Huawei para infraestructuras sensibles.

Esta presión se ha amplificado por altos cargos republicanos en Washington, especialmente el representante Mario Díaz-Balart, aliado cercano del secretario de Estado Marco Rubio, quien declaró en una entrevista de abril de 2026 con El Español que “Ceuta y Melilla no están en territorio geográfico de España, están en territorio de Marruecos, y ese tipo de cosas están establecidas, negociado y discutido entre amigos y aliados.” La declaración muestra efectivamente la disposición de Washington a considerar las reclamaciones territoriales marroquíes como parte de la confrontación diplomática más amplia con Madrid. Estas bases, que albergan a miles de militares estadounidenses, representan un activo estratégico vital para Estados Unidos. La administración Trump ha debatido públicamente la posibilidad de revisar su postura militar europea y trasladar estos activos a ubicaciones alternativas, incluidas bases en Marruecos. Esto amenaza directamente la relevancia estratégica y los intereses económicos de España, al tiempo que ofrece a Rabat un incentivo lucrativo para demostrar su fiabilidad como socio.

En este contexto, el flujo migratorio hacia Ceuta surge como un instrumento de presión poderoso y de bajo coste que desestabiliza simultáneamente la situación política interna de España, tensiona sus servicios sociales y distrae a su gobierno, haciendo a Madrid más vulnerable y más maleable ante demandas externas tanto de Washington como de Rabat. Todo esto mientras los servicios de seguridad marroquíes mantienen la capacidad de activar y desactivar el flujo a voluntad desde su lado de la valla. Desde la perspectiva de un análisis geopolítico realista, Marruecos no actúa meramente como un receptor pasivo de directivas estadounidenses, sino que aprovecha una oportunidad favorable para avanzar sus propios intereses nacionales de larga data mientras alinea sus acciones con el cambio geopolítico impulsado por Washington, pues el objetivo último de Rabat sigue siendo la consolidación de su soberanía sobre el Sáhara Occidental y el reconocimiento internacional de sus reclamaciones territoriales. El marco intelectual para entender esta dinámica es el concepto de guerra híbrida, donde un Estado emplea una combinación de métodos abiertos y encubiertos, incluyendo presión económica, campañas informativas y armamento demográfico, para lograr sus objetivos sin recurrir a la fuerza militar convencional.

La respuesta del gobierno español, que ha implicado movilizar todos los recursos necesarios y desplegar fuerzas armadas para reforzar la seguridad, revela la profunda asimetría de poder que existe en esta relación, pues España no puede reforzar físicamente Ceuta sin la cooperación marroquí para sellar el perímetro terrestre que está completamente bajo la jurisdicción de Rabat. El gobierno ha evitado en gran medida acusar públicamente a Marruecos de orquestar la afluencia, un silencio que dice mucho sobre su posición restringida y su temor a una respuesta aún más severa por parte de Rabat, que teóricamente podría aumentar la presión facilitando los cruces por el puerto más grande y estratégicamente sensible de Melilla, donde también se reportaron entre 300 y 400 cruces, o incluso reabriendo las rutas marítimas a través del Estrecho de Gibraltar.

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Miguel Santos García es un escritor y analista político puertorriqueño que escribe principalmente sobre la geopolítica de los conflictos neocoloniales y las guerras híbridas en el contexto de la cuarta revolución industrial, la nueva guerra fría en curso y la transición hacia la multipolaridad. Visite su blog.

Es investigador asociado del Centro de Investigación sobre la Globalización (CRG).