El referéndum contra el buque insignia de Lacalle Pou, la Ley de Urgente Consideración (LUC), es el termómetro que va a medir el clima político de aquí a marzo de 2022 cuando se cumplan dos años de gestión de la coalición de derechas. El Estado, recapturado por la oligarquía nacional, es el terreno donde a través de reformas pretende impulsar su proyecto de Uruguay para unos pocos.
La Corte Electoral, hasta el momento, validó 416.362 firmas contra la LUC. El porcentaje de rechazo no alcanza el 10%. La recolección de firmas arañó las 800.000 y para activar el referéndum se precisan 650.000. Entonces estamos en condiciones de afirmar que el año próximo habrá referéndum.
La cantidad de firmas recolectada, y que seguían llegando desde el exterior y distintos puntos del país posfecha final, dejaba un margen más que considerable para aventurar que el referéndum ya estaba encaminado. Pero siempre la confirmación oficial despeja cualquier duda, y la tendencia no permite otra conclusión.
Además de los números, también están los hechos. El oficialismo ya empezó a hacer campaña en defensa de la LUC. Desde el propio presidente que lo ha hecho en cuánta entrevista ha podido como en la última que le hicieran en el American Forum Business en Punta del Este. Legisladores, ministros y toda la plana dirigencial de los partidos gobernantes están en campaña.
Incluso la propia Ministra de la Corte Electoral, Ana Lía Piñeyrúa, del Partido Nacional, calificó a la campaña contra la LUC de “mentirosa”. Por su investidura está vetada por constitución de manifestarse políticamente con carácter electoral. Piñeyrúa señaló que quienes impulsan la anulación de 135 artículos de la LUC son canallas que tratan de engañar a la ciudadanía.
Los primeros en recorrer el país fueron los senadores y líderes del partido de ultraderechas Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos y Guillermo Domenech. Ni lerdos ni perezosos y con poca difusión en las redes, empezaron una recorrida por varios departamentos del interior de Uruguay. Tarea que es pro LUC pero también muy redituable en cuanto al deseo de esta fuerza política de posicionar a su líder, el general Guido Manini Ríos, como presidenciable de cara a 2024.
Los escenarios posibles son dos: que gane o que pierda el oficialismo. La diferencia de votos también será otro factor importante, como por ejemplo sucedió en el plebiscito de 1992 que perdiera el entonces mandatario, Lacalle Herrera, padre del actual presidente, por 72 a 28 por ciento.
En caso de ganar, Lacalle Pou y su gobierno obtendrán un espaldarazo importante, que más allá de las razones del voto, el oficialismo lo va a traducir como un cheque en blanco para el ajuste y el saqueo. En caso de perder, el oficialismo se topará con un dique popular que pondrá en pausa las pretensiones totales de la oligarquía nacional encarnada en el gobierno en su proyecto de transferencia de recursos de abajo hacia arriba.
La cuestión es que la derecha en todas sus expresiones nunca descansa y las fuerzas populares, en caso de vencer y en medio del festejo, deben de mirar por el rabillo del ojo cuál será la próxima medida del gobierno para revertir su imagen. Pero según el semanario Búsqueda, más allá de los frentramplistas, 20% de los votantes del Partido Colorado, 10% del Partido Nacional y 7% de Cabildo Abierto votarán contra la LUC.
Una posible victoria del campo popular no es una victoria definitiva ni significa una caída del gobierno. No será un Rubicón ni mucho menos. La correlación de fuerzas cambiará y más bien será un paliativo de un programa de ajuste casi que inexorable. El referéndum será recién a dos años de la campaña electoral de 2024 y mucha agua pasará por esos ríos hasta entonces.
Ante este panorama, el oficialismo y sobre todo desde la Torre Ejecutiva, la oficina presidencial, se nutre de apoyos de cámaras empresariales, la Federación Rural y demás poderes fácticos.
Están apostando a llevar adelante la mayor cantidad de reformas posibles antes del referéndum. Por ejemplo, una reforma de la seguridad social, donde los borradores ya adelantan aumento de los aportes, de la edad jubilatoria y de reducción de lo que percibirán jubilados y pensionistas.
Rindiendo cuentas al capital
Esta semana se está votando en el Parlamento la rendición de cuentas del gobierno. La senadora oficialista Carmen Asiaín fue la encargada de presentar el informe ante el Senado, donde resaltó el accionar durante la pandemia, las medidas tomadas y el “exitoso proceso de vacunación». Declaró que «no hubo un ajuste fiscal» sino que hubo un «afloje fiscal» y un «cumplimiento de las metas fiscales por primera vez». «Hubo eficiencia y conducta, no ahorro”, dijo.
Nicolás Centurión
Nicolás Centurión
Comentario sobre artículos de Globalización en nuestra página de Facebook
Conviértase en miembro de Globalización