Globalización

El 13 de abril, 1,5 millones de personas se reunieron en manifestaciones (380.000 según la policía), aproximadamente un tercio menos que el 6 de abril, continuando así la pendiente descendente de la movilización, pero manteniéndose en una cifra muy elevada, equivalente a muchas de las mayores jornadas de huelga de los últimos años. Su descenso se debe fundamentalmente al fin de las huelgas reconductibles que eran potentes motores de movilización (aunque el 13 de abril, convocada por la CGT, el sector de la recogida de basuras volvió a la huelga reconductible), a las vacaciones de Semana Santa en un tercio de los departamentos y sobre todo, evidentemente, a una situación de espera. Como la relación de fuerzas no obligaba a Macron a dar marcha atrás, las miradas, incluso las de la intersindical, se fijaron en la fecha del 14 de abril en la que el Consejo Constitucional tenía que emitir su veredicto.

El 13 se abril, en los cientos de iniciativas locales, bloqueos, cortes de carreteras, ocupaciones de rotondas, la norma fue la represión policial, seguida de detenciones al final. Así pues, el aislamiento político de Macron va acompañado de un incremento de la represión y de la violencia policial.  Claire Hédon, la defensora de los derechos (autoridad administrativa independiente a la que se puede recurrir directamente para defender los derechos y las libertades, en particular en relación a las administraciones del Estado), ha cifrado más de 120 casos de violencia policial remitidos a sus servicios desde enero de 2023, la gran mayoría desde mediados de marzo, fecha de la aplicación del artículo 49.3 para aprobar la reforma: incremento de los atropellos, de las intervenciones policiales, las trampas en las manifestaciones, de los apaleamientos en el suelo y de las detenciones policiales arbitrarias.

Al día siguiente, el Consejo Constitucional emitió dos dictámenes: uno sobre la constitucionalidad de la ley sobre las pensiones y el procedimiento seguido, y otro sobre la petición de la NUPES de organizar un «referéndum de iniciativa compartida» (RIP) sobre una ley que dice que «la edad legal de jubilación no puede fijarse más allá de los 62 años». Mucha gente esperaba que lo que no se pudo conseguir con la moción de censura, las huelgas y las manifestaciones, se pudiera conseguir con una decisión del Consejo que dictaminando que la [aprobación de la reforma con el 49.3] no era conforme a la ley y que el gobierno tendría que volver al parlamento. Y también esperaba que, como mínimo, diera el visto bueno a la solicitud de iniciar el proceso para impulsar el referéndum de iniciativa popular (RIP) sobre la misma, lo que conllevaría una campaña de recogida de firmas (unos 4,8 millones en 9 meses, el 10% de las personas votantes registradas) para ponerla en marcha. El 13 de abril, en una escena digna de una dictadura, el edificio del Consejo, en pleno centro de París, fue rodeado por más de un centenar de CRS y gendarmes móviles para impedir cualquier manifestación.

Aunque hubiera motivos jurídicos muy sólidos para no dar por válida ley aprobada con el 49.3, hacerlo habría constituido toda una paradoja política, viniendo de un órgano compuesto por nueve notables vinculados, de cerca o de lejos, a Macron y a sus políticas. Por ello, estaba fuera de lugar que este Consejo ampliara aún más la crisis política. Del mismo modo, la opción de rechazar el RIP tenía un carácter muy político, porque podría haberse convertido en una piedra en el zapato de Macron, que afectaría a él y a su gobierno durante al menos los nueve próximos meses.

La noche del 14 de abril, las calles de París y de decenas de ciudades resonaron con la cólera de miles de personas, que manifestaron una vez más su rechazo a la reforma. En cuanto se anunció la validación de la ley, los sindicatos pidieron a Macron que aplazara la promulgación de la ley y les recibiera. Pero Macron, aunque disponía de quince días para hacerlo, se apresuró a promulgar la ley pocas horas después del anuncio de la validación. Así pues, el dictamen del Consejo, última esperanza de bloquear jurídicamente la ley y su promulgación exprés, se vivieron como un nuevo diktat destinado a acallar la cólera popular.

El lunes siguiente, Macron intentó una primera salida de la crisis televisada con una comparecencia televisada a las 20:00 horas. Concediendo lo obvio («¿La gente acepta esta reforma? Evidentemente no», dijo), esto no le impidió repetir sus argumentos para justificarla. Macron recordaba furiosamente al director general de una gran empresa, justificando los despidos ante el comité de empresa ante la huelga de la plantilla. Al igual que el director general no tiene ninguna obligación de escuchar a los sindicatos y a la plantilla, el antiguo banquero de inversiones [Macron] considera que su única obligación es cumplir los objetivos financieros del capitalismo liberal y los imperativos de la UE. Para él, mientras sus mandantes sigan confiando en él, las instituciones políticas son sólo un accesorio engorroso y  la voz popular y mayoritaria de las huelgas y de la calle, un revés embarazoso, pero sin consecuencias. Así que lo único que quería demostrar en su alocución era que seguía al timón. Es consciente que su poder real y cotidiano procede de los grandes inversores, de las empresas e instituciones [neoliberales].

Su discurso sirvió para darse 100 días para conseguir el «apaciguamiento», cerrando el «episodio de las pensiones» y pasar a hablar de la sanidad, el paro, la inmigración y la seguridad, como si todas estas cuestiones pudieran permitirle pasar página y no fueran ámbitos en los que se ejerce la misma política de clase, antiigualitaria y discriminatoria. La asociación ATTAC había lanzado la idea de grandes caceroladas en el momento de su discurso. La idea fue ampliamente secundada, con miles de personas en más de 300 concentraciones.

Desde entonces, las caceroladas se renuevan día sí, día no, cada vez que Macron, Borne o sus ministros tienen que desplazarse. Tanto es así que el miércoles 19 de abril, mientras Macron visitaba una pequeña ciudad del suroeste, Ganges, el prefecto del departamento emitió la orden de «establecer un perímetro de protección», invocando las amenazas de atentados, las leyes antiterroristas que, una vez más, se utilizan de facto para prohibir la libertad de manifestación. Peor aún, las fuerzas policiales, amparándose en el decreto, confiscaron sistemáticamente las cacerolas y latas con las que se habían equipado las y los manifestantes, decididos a hacerse oír por Macron. Una vez más, la protesta social se equipara a una empresa terrorista.

Pero, más allá del episodio del Ganges, los signos de los excesos del gobierno se multiplican. A las amenazas de Darmanin contra la Liga de Derechos Humanos siguieron las de Borne. El Conseil d’orientation des retraites (COR), cuyo informe 2023 no confirmaba el cuento de Macron sobre la catástrofe anunciada, ha sido presionado desde entonces para que su informe 2024 se ajuste a la versión oficial del gobierno.

A petición de Macron, y para tranquilizar a las agencias de calificación sobre la «calidad de la gestión» del gobierno, Bruno Le Maire, ministro de Economía y Hacienda, acaba de publicar su nueva «hoja de ruta para las finanzas públicas». Mientras el BCE mantiene la subida de los tipos de interés, él quiere acelerar la aplicación de los criterios de convergencia con el objetivo de reducir el déficit presupuestario al 2,7% y la deuda al 108,3% del PIB de aquí a 2027. El año pasado, Bruno Le Maire preveía sólo un 2,9% y un 112,5%. Este año, el déficit presupuestario será en torno al 4,9%. Por ello, todos los ministerios acaban de recibir cartas en las que se prevé un ahorro del 5% para acercarse al objetivo fijado por Le Maire. Una reducción drástica del gasto público que agravará aún más la penuria de los servicios públicos.

En este contexto, la dinámica de la movilización, con la cólera social, está marcando los tiempos. Lo que está en juego es la capacidad o no de imponer a Macron un retroceso sobre los 64 años, a pesar de la promulgación de la ley. Es evidente que esto dependería aún de la capacidad de ampliar la crisis política y paralizar el gobierno. La parálisis parlamentaria se mantendrá, ya que ahora está claro que Los Republicanos no formarán una alianza parlamentaria para asegurarle la mayoría. Pero Borne y Macron esperan superar nuevas mociones de censura y seguir gobernando eludiendo y tramitando el mayor número posible de decretos que no impliquen una votación en el Parlamento. Sólo la movilización popular puede poner realmente de rodillas al gobierno.

El objetivo anunciado por la Intersindical es hacer del Primero de Mayo la próxima jornada de movilización con manifestaciones unitarias en todas las ciudades. Por supuesto, esto constituirá una primicia histórica, ya que desde 1945 el movimiento sindical en Francia nunca se ha unido en una sola manifestación el 1 de mayo. Es un signo positivo de la relación de fuerzas que se ha creado en el movimiento. Pero, ¿cuál es el objetivo? ¿Que sea el punto de partida para un segundo aliente, un nuevo impulso para enfrentarse a Macron? Evidentemente, esto sería decisivo para imponer una derrota a Macron, pero remite a los límites de la Intersindical. La unidad se mantiene sobre el rechazo de los 64 años y la negativa a dialogar con Macron si no retrocede en su reforma, y esto es un factor que dinamiza las movilizaciones que siguen siendo numerosas en todo el país. Pero, ¿cuál será el objetivo después del 1 de mayo?

Los retos de los próximos días consistirán en establecer nuevas palancas de movilización, contra los 64 años, ampliando el campo a las cuestiones sociales más urgentes, empezando por los salarios y el coste de la vida, manteniendo la dinámica unitaria, pero avanzando hacia una nueva confrontación para hacer ceder a Macron.

León Cremieux

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