Gravar las grandes fortunas en tiempos de pandemia

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Mientras América Latina continúa siendo la región con mayor número de contagios y muertes por la covid-19, así como también la de mayor caída en su economía en el mundo, en el ámbito internacional se ha instalado el debate para gravar la riqueza y contribuir a paliar la pandemia de la covid-19 y de la desigualdad.

La Cepal advierte que el 10% más rico de nuestra región posee el 71% de la riqueza y tributa solo el 5.4% de su renta, mientras que el economista Thomas Piketty afirma que el 1% más rico del mundo recibió entre 1980 y 2015 una proporción dos veces mayor del crecimiento económico que el 50% de la población con menores ingresos. La ausencia de sistemas impositivos justos, señala este último, genera problemas sustanciales para combatir la pobreza.

En este escenario, la secretaria del Tesoro norteamericano, Janet Yellen, anunció el 5 de abril que Estados Unidos apoyará la creación de un impuesto mínimo global a las grandes corporaciones para poner fin a “30 años de competencia de los países por instrumentar tasas bajas de impuestos a las empresas multinacionales para atraerlas a su territorio y frenar la carrera a la baja que está sufriendo ese tributo”.

La funcionaria norteamericana señaló que el gravamen aspira a favorecer “sistemas fiscales estables y justos”, y recibió el respaldo inmediato de los gobiernos de Alemania, Francia y España, además de la Comisión Europea. La propuesta se venía debatiendo desde 2013 en la OECD, el club de los países ricos ―además de un par con pretensión de serlo―, pero tenía la oposición de Estados Unidos.

El apoyo del gobierno norteamericano a esta medida implica un giro en el carácter neoliberal de la globalización, que suponía que los recursos del mundo debían usarse de una manera eficiente, para lo cual las fronteras nacionales no debían limitar las actividades de las corporaciones transnacionales. El traslado de empresas hacia países que ofrecieran las menores tasas impositivas y mano de obra barata, desestimó por completo la perdida de empleos en sus países de origen. En efecto, los gobiernos de Ronald Reagan y Margaret Thatcher promovieron la reducción impositiva a la que hace alude Yellen, lo cual fue parte del instrumental de la globalización neoliberal que hizo aguas con la primera gran recesión del milenio que estalló en 2008 con la quiebra de Lehman Brothers, uno de los principales bancos de inversión de Estados Unidos.

El Fondo Monetario Internacional también se mostró favorable a la propuesta y fue por más: sugirió que los países miembros apliquen por una sola vez un tributo a la riqueza y a los ingresos más altos para apoyar la reactivación económica.

Por otro lado, el 12 de abril, el secretario general de la ONU, António Guterres, recomendó a los Estados “considerar un impuesto de solidaridad o sobre la riqueza para aquellos que se han beneficiado durante la pandemia” con el objetivo de “reducir las desigualdades extremas”. Sustentó sus declaraciones en informes que indican un aumento de cinco mil millones de dólares en la riqueza de los más ricos del mundo en 2020.

Otras iniciativas proponen un impuesto al patrimonio limitado a las grandes fortunas, al menos mientras dure la crisis de la pandemia. Otros abogan por impuestos a los ingresos. Daniel Titelman, director de la División de Desarrollo Económico de la CEPAL, considera que el impuesto a la riqueza “es una alternativa válida, un instrumento muy útil”, dado que los países de América Latina necesitan aumentar la carga tributaria de una manera más progresiva.

Otros economistas consideran que sería oportuna la creación de un impuesto a las ganancias extraordinarias a aquellas empresas que aumentaron sus ganancias durante la pandemia, como las grandes farmacéuticas y las tecnológicas.

Existen, pues, diversas propuestas que buscan dotar de más recursos a los Estados en momentos en los que este debe jugar un rol clave no solo para reactivar la economía sino, sobre todo, para hacerlo con equidad. Todos los estudios y evaluaciones en el mundo constatan cómo la pandemia ha acentuado la desigualdad.

Por ejemplo, el impuesto mínimo global es un pilar del plan de gasto en infraestructura y energías verdes por tres trillones de dólares del presidente Joe Biden, quien ha planteado el incremento de la tasa impositiva de las empresas corporativas de Estados Unidos del 21% al 28%. Un impuesto mínimo global impedirá que estás salgan del país en busca de menores tasas impositivas.

El plan de incrementar los impuestos a dichas corporaciones en Estados Unidos, supone una participación activa del Estado en la canalización de los recursos que se generarán y tiene como propósito fundamental la generación de empleos, criterio que no fue tomado en cuenta durante la expansión neoliberal de estas corporaciones.

En América Latina, Argentina ha sido el primer país en aprobar, reglamentar y poner en marcha, desde fines de enero, un impuesto a la riqueza que se aplicará para paliar los gastos ocasionados por la pandemia. El denominado “Aporte Solidario y Extraordinario” afectará a un universo de 12 mil personas con un patrimonio superior a los 2.5 millones de dólares. Este se aplicará de manera progresiva y variará desde un 2 hasta un 3,5%, dependiendo del volumen de la fortuna. Así, se espera recaudar alrededor de 3.5 mil millones de dólares.

En Chile, el tercer país con más multimillonarios de Latinoamérica, el Parlamento discute actualmente un proyecto de ley para gravar con una tasa del 2,5%, por una única vez, el patrimonio a los titulares de bienes equivalentes a un valor superior a los 22 millones de dólares. El “impuesto a los super ricos” denominado también “impuesto de justicia social”, busca financiar una renta básica de emergencia y mitigar los elevados costos fiscales que deja la crisis sanitaria. Según la diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo, autora del proyecto, “no hay discurso democrático que pueda sostener este nivel de contraste e inequidad en la apropiación de riqueza, menos aún en un contexto de pandemia”.

En el Perú, país donde se realizaron elecciones presidenciales, el 11 de abril, ninguno de los dos candidatos que han pasado a la segunda vuelta se han pronunciado al respecto. Pedro Castillo, candidato del izquierdista Perú Libre, ha descartado un impuesto a la riqueza, mientras que Keiko Fujimori, del Partido Fuerza Popular no se ha pronunciado al respecto. Ninguno de los dos ha explicado cómo piensan financiar las medidas que proponen para reactivar la economía y cómo van a hacer para revertir el vertiginoso aumento de la pobreza.

Ariela Ruiz Caro

Ariela Ruiz Caro: Economista por la Universidad Humboldt de Berlín con maestría en procesos de integración económica por la Universidad de Buenos Aires, y consultora internacional en temas de comercio, integración y recursos naturales en la CEPAL, Sistema Económico Latinoamericano (SELA), Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL), entre otros. Ha sido funcionaria de la Comunidad Andina entre 1985 y 1994, asesora de la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR entre 2006 y 2008 y Agregada Económica de la Embajada de Perú en Argentina entre 2010 y 2015. Es analista del Programa de las Américas para la región andina/cono sur.

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