La Alianza para el Progreso impulsada por el ex presidente estadounidense John F. Kennedy a principios de la década de 1960 hasta la nueva “Iniciativa América Crece” lanzada por Donald Trump en 2019 son mecanismos utilizados por Washington para dominar económica y políticamente a las naciones latinoamericanas.
Mediante la Alianza para el Progreso, Estados Unidos pretendía buscar modelos capitalistas de desarrollo en la región para neutralizar el ejemplo que significaba la naciente Revolución cubana.
De esa forma se enviaron especialistas a la América Latina para explorar las riquezas naturales y las posibles fuentes de progreso de cada país, las que en los años siguientes fueron controladas y explotadas por empresas transnacionales, en su mayoría norteamericanas.
Washington brindaba entonces la asesoría económica con empréstitos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), y enviaba grupos denominados “cuerpos de paz” que impulsaban la animadversión contra Cuba y el sistema socialista. Todo desembocó en un rotundo fracaso que llevó más hambre y miseria a los pueblos donde los políticos corruptos de turno los acogieron, a la par que ellos se enriquecían con las abundantes prebendas.
A la tristemente célebre Alianza para el Progreso le siguieron unos tras otros los ensayos estadounidenses para controlar a los países de América Latina en la que en los últimos años ha jugado un pernicioso papel la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID).
Ahora, dentro del enorme esfuerzo que hace la administración Trump para controlar Latinoamérica, a semejanza de la Doctrina Monroe que proclamaba América para los americanos, se ha lanzado la “Iniciativa América Crece” que permite a Washington evadir controles parlamentarios en los países que la acepten y va dirigida a modificar la dependencia económica, financiera, social y política de la región.
Un análisis divulgado por Rusia Today, señala que esa Iniciativa es expedita, escueta, y no requiere de negociación alguna entre instancias gubernamentales. Tampoco precisa de consultas a los Parlamentos y mucho menos involucra a segmentos de la sociedad civil, porque el formato de Memorando de Entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) así lo permite.
Mediante el MoU, los gobiernos que se acojan al mismo, sellan el compromiso de cumplir la hoja de ruta que trazarán los distintos organismos y agencias norteamericanas, lo que es igual a una nueva forma de neocolonialismo.
La ex diplomática boliviana Maria Luisa Ramos, en entrevista con la publicación panameña Bayano Digital, denunció que la fórmula avanza hacia un reformateo de la dependencia económica, financiera y política de la región, sin requerir de negociación alguna entre instancias gubernamentales, ni consultas a los Parlamentos y mucho menos incluye a segmentos de la sociedad civil.
Agregó que mediante ese procedimiento ya no se involucrarán en engorrosas negociaciones de Tratados de Libre Comercio (TLC) para mejorar su balanza comercial, para obtener jugosos contratos estatales, realizar cambios a la legislación y en general adecuar a sus intereses el diseño del esquema de inversiones de los países.
En realidad se trata de un subterfugio mediante el cual Estados Unidos y los gobiernos latinoamericanos hacen un compromiso diplomático de alto nivel para encaminar la agenda trazada por los organismos y agencias norteamericanas con homólogos empresariales de los hasta ahora firmantes en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Jamaica y Panamá.
El programa América Crece también sale de la órbita de la Organización Mundial del Comercio ya que la agenda general será delineada y encaminada por los organismos y agencias estadounidenses y sus homólogas entidades empresariales de esos países.
En el amplio panorama del MOU (que lo firma cualquier ministro y no los presidentes de las naciones como ocurre con los Tratados de Libre Comercio) aparecen los intereses del régimen norteamericano y sus compañías para realizar obras de infraestructura en aras de explotar yacimientos petrolíferos, todo tipo de minerales y recursos naturales que sean beneficiosos para sus intereses.
O sea, es un saqueo autorizado de las riquezas de los países en cuestión, que no tiene que contar con las aprobaciones de los diferentes Parlamentos.
Como “sublime artimaña” de este convenio se indica que acelerará el acceso del sector privado a los recursos financieros de Estados Unidos fundamentalmente a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La Casa Blanca bajo enormes presiones a los gobiernos latinoamericanos impuso hace unos días, al frente de esa organización bancaria al ultraderechista Mauricio Claver Carone, principal asesor de Trump para América Latina en el Consejo de Seguridad Nacional (CSN).
También en este programa están envueltos los Departamentos de Estado, Tesoro, Comercio y Energía, la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), la Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos (USTDA) y la Corporación de Inversiones Privadas en el Extranjero (OPIC).
En definitiva, América Crece es una forma más moderna de neocolonialismo que busca controlar económica, política y financieramente al continente. Esperemos que los pueblos despierten.
Hedelberto López Blanch
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