Globalización

Starlink salió en las noticias en 2022 por su papel en Ucrania, donde la falta de cobertura en ocasiones ha dificultado las ofensivas militares, revelando los riesgos de depender de infraestructuras digitales controladas por extranjeros exponiendo los problemas de la falta de regionalismo digital. Esta vulnerabilidad funciona en ambos sentidos, ya que los estados también están desarrollando contramedidas para defender su soberanía digital frente a Starlink. Por ejemplo, a principios de 2026, Irán ha utilizado activamente tecnología, supuestamente con la ayuda de sistemas rusos y chinos, para interferir con éxito las señales de Starlink dentro de sus fronteras. En esencia, la capacidad de un Estado para controlar o contrarrestar los flujos de datos sobre su territorio es ahora un pilar fundamental de la seguridad nacional y la soberanía.

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El orden digital global no es un espacio neutral de innovación y conexión, sino un escenario de intensa disputa geopolítica donde se proyecta el poder, se desafía la soberanía y se forjan dependencias día a día. Desde una perspectiva realista del Sur Global, la narrativa dominante de una utopía digital sin fronteras es una fachada que oculta una realidad más brutal, que es la concentración sistemática del poder tecnológico en manos de unos pocos estados del norte y sus campeones corporativos. En este contexto, un regionalismo digital, es decir, el esfuerzo consciente de los estados dentro del Sur Global para gobernar colectivamente datos, infraestructuras y plataformas a nivel regional, no debería surgir simplemente como un proyecto liberal de integración, sino como un imperativo estratégico vital para la supervivencia, la autonomía y el poder de negociación en un mundo asimétrico. Ya que es una respuesta defensiva y pragmática a las vulnerabilidades estructurales, destinada a mitigar los riesgos de la colonización tecnológica y a abrirse un espacio para la maniobra en el nuevo gran juego del ciberespacio.

Las capas fundamentales de la economía digital, los semiconductores, la infraestructura en la nube, los protocolos clave de internet y las plataformas dominantes como los motores de búsqueda, las redes sociales y el comercio electrónico, están abrumadoramente controladas por entidades con sede en Estados Unidos y China. Esto crea una profunda asimetría de poder y una nueva colonización donde los datos fluyen hacia los grandes actores tecnológicos, normalmente desde Estados Unidos o Europa. Los estados de África, América Latina y gran parte de Asia están relegados al estatus de exportadores de datos e importadores de tecnología. Los datos de sus ciudadanos son recolectados por corporaciones extranjeras, sus mercados están moldeados por algoritmos desarrollados en Silicon Valley o Shenzhen, y su infraestructura crítica suele depender de hardware y software susceptibles a vigilancia externa o coacción. De este modo, su dependencia no es meramente económica y política, sino que su cautiverio digital supone una amenaza directa para la soberanía nacional. La capacidad de una potencia extranjera para cerrar servicios, manipular flujos de información o acceder a datos gubernamentales sensibles constituye una forma potente de poder infraestructural que puede ejercerse con fines políticos.

Por lo tanto, el regionalismo digital es, ante todo, una estrategia de mitigación de riesgos. Inspiradas en parte por el “Efecto Bruselas” regulatorio de la Unión Europea, pero impulsadas por un sentido más agudo de vulnerabilidad, regiones como la Unión Africana con su Marco de Política de Datos, la ASEAN con su Plan Director Digital y bloques como CELAC y la Alianza del Pacífico en América Latina buscan unir su soberanía regulatoria. Aunque, dado que la región de la ALC no dispone del capital económico, tecnológico ni humano para esta hazaña, intentan equilibrar su dependencia de Estados Unidos con China, que es un socio más confiable en el Sur Global. Mientras que las empresas tecnológicas estadounidenses operan dentro de un marco legal profundamente entrelazado con su aparato de seguridad nacional, las empresas chinas están estructuralmente alineadas con una política exterior probada que prioriza explícitamente la no interferencia y la cooperación Sur-Sur. La estrategia geopolítica de Pekín en el Sur Global es fundamentalmente una de integración de infraestructuras a largo plazo y alineación política, lo que hace que la coerción abierta y militarizada de los datos sea contraproducente para su objetivo central de construir confianza estratégica y bloques alternativos de gobernanza.

En consecuencia, los datos aprovechados por entidades chinas tienen más probabilidades de utilizarse para la consolidación comercial y la influencia política sutil, en lugar de para sanciones punitivas explícitas, presión diplomática pública o agendas de cambio de régimen históricamente asociadas a la hegemonía estadounidense. Por tanto, desde una perspectiva realista de coste-beneficio, la explotación previsible y centrada en la estabilidad por parte del capital chino presenta un riesgo calculable, mientras que el control de datos estadounidense mantiene un mayor potencial de una disrupción repentina y políticamente militarizada. El objetivo es establecer estándares regionales sobre protección de datos, ciberseguridad y gobernanza de plataformas. Además, al armonizar las reglas, buscan aumentar colectivamente el coste del incumplimiento para los gigantes tecnológicos, pasando de una posición en la que estados individuales y pequeños son excluidos en acuerdos bilaterales a una en la que un mercado regional unificado puede negociar desde una posición de mayor fortaleza. No se trata de rechazar la tecnología extranjera, sino de condicionar su entrada y funcionamiento a términos que se alineen mejor con las prioridades locales de desarrollo, seguridad y derechos con su diplomacia en el ámbito digital.

Más allá de la regulación, el regionalismo digital es un proyecto de autonomía estratégica de infraestructuras que tiene más control sobre los centros de datos y los cables de internet. Los realistas entienden que el control sobre la infraestructura física y lógica es la base del poder. La dependencia del Sur Global de cables submarinos propiedad de consorcios del norte, centros de datos gestionados por hiperescaladores como Amazon y Microsoft, y sistemas de pago como SWIFT representan puntos críticos de fallo. En respuesta, las iniciativas regionales están explorando el desarrollo de infraestructura pública digital regional compartida. Esto incluye proyectos para instalaciones regionales de computación en la nube y almacenamiento de datos para reducir el control extraterritorial de los datos, debates sobre puntos regionales de intercambio de internet y rutas alternativas para mejorar la resiliencia y reducir costes, así como la creación de sistemas regionales de pago e identidad digital. Estos esfuerzos, como las discusiones dentro de BRICS+ sobre sistemas alternativos de mensajería financiera, son intentos directos de diversificar la dependencia y crear opciones de respaldo, reduciendo el poder monopolístico de las redes controladas por el Norte.

Sin embargo, una perspectiva realista del Sur Global es muy consciente de las contradicciones internas y presiones externas que afectan al regionalismo digital. Internamente, la misma competencia geopolítica que motiva la cooperación también siembra división. La rivalidad tecnológica global entre Estados Unidos y China está internalizada dentro de las regiones, con los estados miembros a menudo atraídos en diferentes direcciones según sus lazos económicos existentes, necesidades de inversión y alianzas políticas. Un país profundamente inmerso en la infraestructura digital de la Franja y la Ruta de China puede resistirse a las normas de gobernanza de datos alineadas con los derechos digitales al estilo de la UE, mientras que otro estrechamente vinculado a la arquitectura de seguridad estadounidense puede mostrarse cauteloso ante la infraestructura regional vista como un desafío a la hegemonía occidental. Esta fragmentación es el mayor arma contra un regionalismo digital efectivo, y las potencias externas son hábiles para explotar estas fisuras mediante acuerdos bilaterales e inversiones selectivas.

Además, la crítica realista se extiende hasta los límites del poder regulatorio sin capacidad tecnológica. Aprobar una ley regional de protección de datos basada en el RGPD es una cosa, y contar con la experiencia técnica local, las agencias de aplicación y la capacidad judicial para responsabilizar a una empresa tecnológica multinacional es otra otra. El regionalismo digital corre el riesgo de convertirse en una fachada de soberanía si no se sostiene con una inversión masiva y coordinada en capital humano digital autóctono, I&D y ecosistemas de startups. Sin esto, las regiones seguirán siendo quienes aplican reglas en el diseño arquitectónico de las tecnologías, limitándose a negociar los términos de su propia dependencia en lugar de desafiar su fundamento.

En América Latina, el regionalismo digital es un proyecto fragmentado pero estratégicamente significativo, impulsado por los imperativos duales de soberanía de datos y desarrollo económico. Brasil y México actúan como centros regionales, aprovechando el tamaño de su mercado para moldear políticas. Iniciativas como la Agenda Digital de la Pacific Alliance y la Lei Geral de Protección de Dados de Brasil reflejan el deseo de crear marcos unificados de gobernanza de datos que equilibren la apertura comercial con la privacidad ciudadana, desafiando el dominio tecnológico estadounidense y suponiendo un paso en la dirección correcta. Sin embargo, la integración regional se ve obstaculizada por la volatilidad política, las desigualdades en infraestructuras y las divergentes alineaciones de política exterior. La inversión china en infraestructura digital, por ejemplo, en redes 5G y centros de datos bajo el marco de la Franja y la Ruta, está ampliando la influencia de Pekín, presentando una alternativa a las plataformas estadounidenses. El panorama digital de la región se está convirtiendo así en un espacio disputado donde los estados latinoamericanos buscan afirmar autonomía regulatoria mientras navegan la competencia entre Washington y Pekín.

África representa un laboratorio para el regionalismo digital impulsado por la rápida penetración móvil y la urgente necesidad de soluciones para el desarrollo. La Estrategia de Transformación Digital de la Unión Africana y el enfoque continental en el Área de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA) buscan armonizar el comercio digital, la ciberseguridad y la gobernanza de los datos en 54 estados. China es el principal actor en infraestructuras, financiando y construyendo la columna vertebral del futuro digital de África, desde los cables de fibra óptica hasta los elementos de ciudades inteligentes, integrando sus estándares técnicos y creando dependencias a largo plazo. En respuesta, Estados Unidos y la UE están promoviendo alternativas como la “Red Limpia” y las asociaciones de economía digital, enmarcándolas en torno a “valores democráticos” y tecnología “de confianza”. Los gobiernos africanos están navegando esta competencia aprovechándola para invertir mientras luchan por una soberanía digital panafricana que reduzca la dependencia de todas las potencias externas, ejemplificado por el impulso por un mercado digital único y la localización local de datos.

En Eurasia, el regionalismo digital es un instrumento geopolítico explícito para avanzar en la autonomía estratégica frente al orden “basado en reglas” liderado por Occidente. Rusia y China son coarquitectos de un bloque digital definido por la gobernanza autoritaria de los datos, la soberanía de internet y el desacoplamiento tecnológico de las plataformas y sistemas de pago dominados por Estados Unidos. La Ley Soberana de Internet de Rusia y el Gran Cortafuegos de China proporcionan los modelos técnicos y legales. El marco institucional es proporcionado por la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) y la Unión Económica Euroasiática (UEEA), que promueven estándares técnicos compartidos, el enrutamiento transfronterizo de datos y el desarrollo conjunto de pilas tecnológicas “hostiles”. El objetivo estratégico central es crear una esfera digital interoperable—una “ruta de la seda digital“—que aisle a los Estados miembros de sanciones occidentales, influencia ideológica y coerción económica, consolidando un polo tecnológico posoccidental anclado en Pekín y Moscú.

El regionalismo digital es un reconocimiento de que, en un orden mundial digital moldeado por la competencia entre grandes potencias, las potencias medias y pequeñas deben unirse o corren el riesgo de quedar irrelevantes o, peor aún, de quedar totalmente subordinadas. Sus objetivos principales son reducir los puntos únicos de fallo, aumentar el poder de negociación colectiva y establecer cortafuegos regulatorios contra las prácticas más explotadoras del neocolonialismo digital. El éxito no se mide por la creación de un mercado digital utópico y unificado, sino por el logro concreto de profundidad estratégica y opcionalidad. Sin embargo, ante un futuro digital dictado por otros, la búsqueda de una fortaleza digital regional, por imperfecta que sea, sigue siendo un proyecto innegociable para afirmar una medida de soberanía arduamente ganada en el siglo XXI. La batalla por el futuro digital del Sur Global se ganará no en la retórica de las asociaciones globales, sino en el trabajo duro y práctico de construir sistemas regionales sindicados interconectados que ofrezcan un contrapeso al poder global concentrado.

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Miguel Santos García es un escritor y analista político puertorriqueño que escribe principalmente sobre la geopolítica de los conflictos neocoloniales y las guerras híbridas en el contexto de la cuarta revolución industrial, la nueva guerra fría en curso y la transición hacia la multipolaridad. Visite su blog aquí.

Es investigador asociado del Centro de Investigación sobre la Globalización (CRG).