IMAGEN: El fiscal de la operación Lava Jato, Deltan Dallagnol.
El fiscal Deltan Dallagnol, coordinador de la operación anticorrupción Lava Jato, que llevó a la cárcel al ex presidente Lula da Silva para impedir que participara en las elecciones presidenciales, renunció a su cargo, luego que el Fiscal General Augusto Aras criticara la poca transparencia en sus investigaciones.
Paralelamente, la Justicia brasileña anuló el martes por unanimidad una denuncia contra Lula, a quien se le acusaba de haber beneficiado a la constructora Odebrecht en una obras en Angola. Con esta decisión, Lula queda libre de los delitos que se le acusaba, como tráfico de influencias, corrupción pasiva, y organización criminal.
Se trata de la quinta denuncia interpuesta contra el ex presidente y que es rechazada por los tribunales ante la falta de pruebas. La Fiscalía afirmaba que el ex presidente actuó en el Banco Nacional del Desarrollo Económico y Social (BNDES) para favorecer a Odebrecht en una serie de obras en Angola, a cambio de unos pagos de los que Lula habría salido beneficiado.
Dallagnol es objeto de una serie de investigaciones internas que ya amenazaban con apartarlo del cargo, algunas de ellas relacionadas con su falta de imparcialidad en las investigaciones de la Lava Jato, que a lo largo de los últimos seis años llevó a la cárcel a decenas de empresarios y políticos, entre ellos a Lula, quien ahora responde en libertad luego de pasar 19 meses preso.
«Sí, es verdad que estoy de salida de la coordinación de Lava Jato. Es una decisión difícil, pero lo correcto es obrar por mi familia», tuiteó el fiscal de 40 años, que llevaba seis al frente de la operación.
Considerados héroes por la derecha y los medios hegemónicos, Deltan Dallagnol y el ex juez Sergio Moro, quien luego fue premiado por el presidente Jair Bolsonaro para asumir el ministerio de Justicia, son fuertemente cuestionados por su labor, que debilitó la garantía de presunción de inocencia y destruyó el sistema político, favoreciendo la elección de Bolsonaro en 2018.
La partida de Deltan Dallagnol llega en un momento en que el grupo investigador, que comenzó en 2014, se ha visto sometido a una creciente presión para que se disuelva. El fiscal general del país debe tomar una decisión antes del 10 de septiembre.
Los cuestionamientos contra los fiscales se acrecentaron cuando el portal The Intercept publicó en junio de 2019 un intercambio de mensajes que levantaron la sospecha de que la Fuerza de Tarea de Curitiba y Moro obraron coordinadamente para llevar a Lula a la cárcel. Dallagnol tiene pendientes dos procesos en su contra en el Consejo Nacional del Ministerio Público.
El fiscal general Augusto Aras denunció que los fiscales y Moro espiaron ilegalmente a 30 mil ciudadanos y entregaron documentación secreta de forma ilegal al FBI y al Departamento de Justicia de Estados Unidos.
«No se puede imaginar que una unidad institucional tenga una caja de secretos, una institución de la república no se puede servir de la extorsión, de espiar, no puede valerse de ningún propósito no republicano», dijo el fiscal en una videoconferencia con abogados del sitio web Prerrogativas a fines de julio.
La brutal recesión
La economía de Brasil registró una contracción récord de 9,7% en el segundo trimestre respecto al primero, cuando ya había caído 2,5% debido al coronavirus, con lo cual entró formalmente en recesión, mientras el presidente Jair Bolsonaro anunció una extensión de la ayuda estatal por la pandemia, aunque un 50% inferior de lo que se pagaba hasta ahora.
El gobierno del ultraderechista Bolsonaro había otorgado un subsidio de unos 110 dólares, que llegó a 220 en los casos en que una mujer fuera jefa de familia, distribuido mensualmente desde abril a 66,4 millones de brasileños, casi un tercio de la población para paliar la destrucción de más de nueve millones de empleos. Pero ahora el subsidio fue reducido por el gobierno a 55 dólares hasta diciembre, junto una reforma administrativa que prevé recortar derechos en la contratación de empleados públicos.
Según las encuestas, este auxilio elevó siete puntos la popularidad de Bolsonaro pese a que la pandemia ya dejó más de 121.000 muertos en Brasil y que el mandatario ultraconservador lideró una fuerte campaña contra las medidas de prevención. El gobierno quiere convertir la ayuda en el plan Renta Brasil, sustituyendo el Bolsa Familia, que había sido creado por el ex presidente Lula da Silva.
El desplome es sideral, pero en el mundo actual, parece muy razonable, dijo Margarida Gutierrez, profesora de la Universidad Federal de Río de Janeiro . El desmoronamiento es muy inferior al de otros países de la región como México (17,1% en el segundo trimestre) y Chile (13,4%), o al de economías desarrolladas como Reino Unido (20,4%), España (18,5%) y Francia (13,8%)
Brasil es el segundo país más afectado en el mundo en términos absolutos por el coronavirus, detrás de Estados Unidos, con más de 121.000 muertos y cuatro millones de contagios. Los sectores económicos que sufrieron mayor impacto por la contracción fueron la industria (-12,3%) y los servicios (-9,7%), que en conjunto representan el 95% del PBI de Brasil. El agropecuario creció 0,4%, impulsado principalmente por la producción de soja y café.
La caída es inferior al 11,1 por ciento que se preveía en mayo, gracias a los auxilios de emergencia distribuidos por el gobierno de Bolsonaro, los cuales fueron extendidos este martes pese a las críticas de sectores liberales por el efecto en el gasto público.
En un mensaje al mercado financiero y presionado por el ministro de Economía, Paulo Guedes, Bolsonaro enviará al Congreso el proyecto de reforma administrativa, que va a modificar la estabilidad laboral de los funcionarios públicos que ingresen por concurso. El ministro Guedes citó a la “meritocracia” como un valor de esta reforma.
Juraima Almeida
Juraima Almeida: Investigadora brasileña y analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
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