Globalización

La aparición del cuerpo de Santiago Maldonado en el Río Chubut agregó incertidumbre al análisis político electoral y general. Fueron meses de conmoción social por la desaparición, lo que profundizó las diferentes lecturas sobre la realidad, con variadas sospechas sobre las responsabilidades y alcances del acontecimiento, centradas en la responsabilidad del Estado y el accionar de la represión.

Sea cual sea el resultado en la elección del 22/10/17 y con el informe de la autopsia se abrirá un debate sobre las responsabilidades en la muerte de Santiago Maldonado.

El resultado electoral desafía a los principales proyectos que disputan institucionalmente la política, sea el macrismo, como coalición o pretendida nueva representación política, como al peronismo, o si se quiere, al kirchnerismo como parte que lo trasciende; pero también a quienes desde otras expresiones por izquierda o derecha disputan representación política.

La realidad es más compleja que el ámbito institucional y afirmamos que el conflicto social ocupa un lugar central. El tema de fondo es la defensa de los derechos en sentido integral, como derechos humanos, económicos, sociales o culturales, algo que trasciende a los poderes constitucionalmente definidos.

Responsabilidad del Estado

Variadas fueron las explicaciones que se difundieron en los 80 días de la desaparición de Santiago Maldonado, lo que generó una demanda social extendida por la verdad y el esclarecimiento.

Algo que debiera consolidar una posición masivamente sustentada en el esclarecimiento de todos los casos de desapariciones en tiempo constitucional y obvio, de la irresuelta situación de los desaparecidos en tiempos de la dictadura genocida y el previo periodo constitucional signado por la presencia de grupos parapoliciales y paramilitares.

La responsabilidad es del Estado, que se dice de Derecho, mucho más en el caso Maldonado, con participación de fuerzas de seguridad dirigidas por el poder judicial y el ejecutivo en el desalojo de la ruta el 1/8, seguido de persecución a los manifestantes.

Bajo la defensa de los derechos humanos se constituyó un nuevo sujeto socio político en tiempos de dictadura, ampliado en los turnos constitucionales desde 1983, habilitando con acuerdo de gobiernos de turno los juicios, a las juntas y a responsables directos de la represión, sin agotar a todos los involucrados, algo que se mantiene vigente gracias a la anulación de las leyes de la impunidad.

Vale resaltar el tema porque no alcanza con el accionar de las instituciones y sus leyes, los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales. El poder popular es lo que constituye ese accionar y legitima o deslegitima las disposiciones del poder relativo de las instituciones.

La dictadura ejerció el poder indiscriminado y combatió derechos, especialmente a la vida. El límite provino de la lucha social y en forma destacada por el movimiento sindical y el de los derechos humanos. La razón se explica en la agresión a los derechos de las trabajadoras y trabajadores, a quienes se pretendió disciplinar con prohibiciones y restricciones a sus derechos esenciales.

Así, la lucha por los derechos humanos, sociales, económicos y sindicales apareció en la constitución de un contrapoder que habilitó las bases para un nueve tiempo desde fines del 83.

El Estado es un ámbito de relaciones sociales sujeto a la disputa, sobre el que actúa el poder con todas sus formas, incluida el poder de la violencia y la represión, en tiempos de dictadura o de vigencia constitucional; pero es también espacio de disputa para la satisfacción de la demanda social extendida y organizada.

No decimos nada nuevo y así como hace 100 años la lucha universitaria habilitó una reforma progresista de la Universidad, las luchas en torno al 2001 gestaron una legislación favorable a las empresas recuperadas y especialmente la inimaginable nulidad de las leyes de la impunidad.

Hegemonía en el Estado y disputa del poder

Está claro que en la coyuntura actúa más el proyecto del poder sobre el Estado y por eso crece la represión y la demanda de los sectores hegemónicos para instalar el orden necesario para la reproducción normal de la lógica del capital. Ello está presidido por las condiciones necesarias para el ingreso de capitales externos: reformas regresivas contra los derechos adquiridos.

Insistamos que la realidad no es solo la hegemonía transitoria en las instituciones, sino que la realidad se establece en disputa entre las iniciativas contradictorias en uno u otro sentido.

Por eso, desde el gobierno se intentará empujar las políticas de ajuste y reforma laboral, previsional, educativa, de salud y penal sustentadas en un resultado electoral que imaginan favorable.

La discusión se instala en el ámbito del conflicto social, por esclarecer el caso Maldonado y contra el ajuste en las condiciones de vida de la mayoría de la población.

Es una disputa por los derechos. De un lado el derecho a la explotación, la ganancia y la acumulación, propias del desarrollo capitalista. Por el otro, el derecho a sostener históricas conquistas del movimiento obrero y social y expandir la demanda social para satisfacer necesidades, incluso una perspectiva alternativa contra el modelo productivo y de desarrollo.

Resulta estratégico discutir el Estado y la disputa de la hegemonía en su interior, lo que puede permitir el debate sobre el rumbo de la política estatal, para consolidar el orden capitalista, que puede ser restringido a reformas progresistas, o para construir una sociedad en contra y más allá del régimen del capital.

Julio C. Gambina

Julio C. Gambina: Economista y profesor universitario argentino, especializado en economía política, economía mundial, integración, deuda externa y otros asuntos sociales y políticos. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP, Ciudad de Buenos Aires.