Globalización

Alejandro Kouruklis, Director de Relaciones Institucionales de Panama Ports Company (PPC), una filial de CK Hutchison, ha respondido públicamente en una entrevista a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que declaró inconstitucional la ley que aprobaba el contrato de concesión de PPC con el Estado. Al expresar la intención de la empresa de cooperar con las autoridades, Kouruklis lanzó una crítica detallada, presentando la decisión como un acto sin precedentes y perjudicial por parte del Estado contra sus propias acciones previas.

Es crucial aclarar un matiz clave en este conflicto legal: la sentencia del Tribunal Supremo no declaró directamente inconstitucional el contrato comercial con Panama Ports Company. En cambio, invalidó la ley específica aprobada por la Asamblea Nacional que aprobó y dio fuerza legal a ese contrato. Sin embargo, esta importante distinción suele perderse en el discurso público, donde tanto la cobertura mediática como las comunicaciones gubernamentales suelen enmarcar el asunto de forma simplista como “el contrato” siendo anulado. El marco actual confunde la ley con el acuerdo comercial, una simplificación que amplifica el impacto percibido del lawfare y la incertidumbre legal. Este enfoque en el “contrato” en lugar de en la “ley de aprobación” corre el riesgo de oscurecer la cuestión constitucional central, el cumplimiento de la legislatura con las normas legales procesales y sustantivas, y amplifica el mensaje de riesgo para el inversor, ya que el resultado práctico para la empresa sigue siendo el mismo: se ha eliminado la base legal para su concesión.

El argumento central de Kouruklis es la inconsistencia legal y la autocontradicción del Estado. Enfatiza que el contrato original de 1997 y sus enmiendas posteriores fueron redactados, negociados y aprobados por el propio Estado, específicamente por el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, mediante un proceso de licitación pública que describe como único. “El Estado redactó ese contrato original, el Estado redactó las enmiendas, la Asamblea Legislativa las aprobó”, afirmó Kouruklis. Por lo tanto, que el Poder Judicial, otra rama del Estado, declare ahora inconstitucionales esos mismos actos representa al “Estado actuando prácticamente contra sus propios actos.” Argumenta que esto genera una profunda inseguridad legal, enviando el mensaje de que las leyes que ratifican contratos no ofrecen ninguna garantía a largo plazo a los inversores, incluso después de que hayan realizado inversiones multimillonarias basándose en esas mismas leyes.

Al abordar la auditoría específica del Contralor General que alegó que Panamá supuestamente no recibió aproximadamente 1.337 millones de dólares en ingresos portuarios durante 24 años, Kouruklis sostiene que esto es un malentendido fundamental y una tergiversación de lo que estipula el propio contrato. Aclara que el Contralor atribuyó la responsabilidad a los términos del contrato del estado, no al cumplimiento de PPC.

Según Kouruklis, PPC ha cumplido con todas sus obligaciones financieras bajo el contrato. Los llamados ingresos “faltantes”, argumenta, no son honorarios impagados, sino un cálculo hipotético de una cantidad deseada que no estaba en el contrato real; la cantidad era la que algunos querían cobrar bajo una estructura contractual diferente. Afirma que la verdadera obligación era la inversión, señalando que PPC invirtió 1.800 millones de dólares frente a un requisito de 1.000 millones de dólares por la ley — 0.800 millones más que la cantidad requerida — transformando los puertos en activos ahora que “los puertos de Balboa y Cristóbal son ahora codiciados por otras empresas precisamente por esa inversión”, señaló. La distinción cuidadosa entre los “hallazgos” de auditoría del Contralor y el cumplimiento contractual de PPC es un movimiento táctico clave para socavar la premisa fáctica de la resolución en la esfera pública.

En cuanto a la prórroga automática de 25 años de la concesión en 2021, que el Tribunal también consideró inconstitucional por poder ya que la ley era la que se trataba, Kouruklis sostiene que fue contractual y automática, sin estar sujeta a los requisitos de reaprobación establecidos para nuevas concesiones por la Ley General de Puertos de 2008. Afirma que, incluso si hubieran disputas sobre la prórroga, el contrato y la ley proporcionan mecanismos como el diálogo o el arbitraje, no la anulación constitucional, para resolverlas, ya que “esto no justifica declarar un contrato inconstitucional”, afirmó.

Kouruklis advierte de graves consecuencias comerciales y operativas, afirmando que una venta prevista de los puertos ahora está “tremendamente afectada”, y aunque PPC cooperará en una transición para garantizar la continuidad portuaria, la situación es operativamente complexa. Señala que infraestructuras críticas como grúas, vehículos y el software propietario del sistema operativo son activos privados de CK Hutchison, esenciales para la funcionalidad portuaria y las operaciones diarias, y que una transición llevaría meses. A pesar de ello, su tono hacia la administración Mulino es cautelosamente diplomático, acogiendo su compromiso con los derechos laborales y la continuidad del servicio y expresando preferencia por el diálogo frente a litigios prolongados, mientras se reserva firmemente el derecho de la empresa a seguir todas las vías legales, señalando que abogados internacionales y locales están analizando la sentencia en busca de posibles acciones.

Las declaraciones públicas de Kouruklis son una forma de señalización estratégica, tranquilizando a la comunidad marítima global sobre la postura cooperativa de la PPC, ejerciendo presión diplomática sobre el gobierno panameño invocando un caso reciente de minería, mencionando posibles riesgos reputacionales, planteando comparaciones con regímenes “dictatoriales” y estableciendo la narrativa pública de que la PPC es víctima de la caprichosidad estatal y amplifica un riesgo percibido para el capital extranjero en Panamá.

Ocultando el Lawfare Bajo la Alfombra del Protocolo

El Estado, a través del Contralor y el Tribunal Supremo, ha utilizado la revisión constitucional como herramienta para alterar unilateralmente los términos fundamentales de una relación comercial, utilizando efectivamente mecanismos legales para lograr un reequilibrio político o económico. El argumento del Estado se basa en la supremacía constitucional y el interés público, mientras que la defensa de PPC se basa en la santidad contractual, las expectativas legítimas y la estabilidad legal. La réplica de Kouruklis de que el Estado está “actuando en contra de sus propios actos” muestra la asimetría en este lawfare de la Doctrina Donroe, ya que el Estado puede repudiar sus propios actos legales previos a través de una rama separada del gobierno, dejando a la contraparte sin defensa procesal dentro del marco contractual original. El llamamiento de la administración Mulino al diálogo intenta desescalar la situación de lawfare hasta convertirla en un acuerdo negociado, reconociendo que una victoria legal total en los tribunales aún podría resultar en una costosa derrota en el arbitraje internacional.

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Miguel Santos García es un escritor y analista político puertorriqueño que escribe principalmente sobre la geopolítica de los conflictos neocoloniales y las guerras híbridas en el contexto de la cuarta revolución industrial, la nueva guerra fría en curso y la transición hacia la multipolaridad. Visite su blog aquí.

Es investigador asociado del Centro de Investigación sobre la Globalización (CRG).